Inmigrantes en Chile: Hacia un país sin discriminación

Chile conoce hoy un flujo de inmigración nunca antes visto. Este nuevo fenómeno atestigua el poder de atracción del país, pero representa un desafío a la capacidad de acogida e inclusión de nuestra sociedad, ya que han sido muchos los casos de discriminación reportados por las personas migrantes.

Desde 1980 hasta el presente, el número de inmigrantes en Chile se quintuplicó, superando hoy en día la cifra de 441.000 personas en situación regular (2,7% de la población nacional). Según estimaciones del Departamento de Extranjería, son principalmente de origen latinoamericano: Perú (37,8%), Argentina (15%) Bolivia (7,7%), seguidos por Ecuador (5,2%), Colombia (5,1%), Brasil (2,7%), República Dominicana (2%) y Haití (2%). También, en menor cantidad, han llegado europeos/as destacando entre ellos/as personas provenientes de España.

Este proceso migratorio es relativamente reciente en Chile y conlleva nuevos desafíos para toda la sociedad. La inmigración que se está observando es muy diferente a la que conoció el país a mediados del siglo XIX. En esos años, Chile buscaba atraer a personas de origen europeo en un proceso de “migración selectiva”, que comenzó con la llegada de colonos alemanes en el sur de Chile. Esta forma de considerar la inmigración se arraigó en el imaginario colectivo chileno y atravesó los años hasta llegar a ser uno de los fundamentos de la vigente Ley de Extranjería de 1975.

Con el nuevo proceso migratorio, los/as chilenos/as han tenido que interactuar con nuevas realidades. El desconocimiento y los prejuicios arraigados en parte de la sociedad y sus instituciones han generado, en ciertas ocasiones, reacciones violentas. Existe una parte de la población nacional que ha tenido actitudes racistas y xenófobas, lo que derechamente constituye una discriminación hacia las personas inmigrantes.

Aunque pocas sean las encuestas que abarcan este tema, todas han revelado que la discriminación hacia los/as inmigrantes es un problema relevante en el país. Además, la discriminación de la cual son víctimas es diferenciada respecto a su origen. Así, según la encuesta Gemines-U, “un 70% de las personas chilenas mira principalmente en menos a los/as inmigrantes latinoamericanos/as”, (Gemines-U Finis Terrae, 2012). La Encuesta Nacional de Derechos Humanos de 2013 (del Instituto Nacional de Derechos Humanos) indica que el 42,5% de las personas encuestadas identificaron a los/as inmigrantes latinoamericanos/as como un grupo al cual no se le respetan sus derechos humanos, mientras que sólo el 4,2% considera que los/as inmigrantes europeos/as o norteamericanos/as son víctimas de tales violaciones.

La encuesta “Ser Migrante en el Chile de hoy” de 2012 (Fundación Superación de la Pobreza y UDP) – que contempla una población radicada en la Región Metropolitana compuesta de migrantes de origen peruano, colombiano, boliviano, ecuatoriano y haitiano – confirma esta tendencia, indicando que un 37% de los/as migrantes ha sido insultado sin motivo puntual; un 14 % porque supuestamente les quitan el trabajo a los/as nacionales; un 10% ha sido tratado como delincuente y un 9,1% ha sido discriminado por su color de piel. Estos comportamientos discriminatorios son cada vez más numerosos y han llegado a materializarse tanto en violencia psicológica como física.

El aumento de los casos de discriminación de todo tipo en el país ha vuelto urgente la necesidad de legislar para prevenir y sancionar estos delitos. Es así como la Ley n°20.609, más conocida como Ley Zamudio, fue promulgada en el año 2012. Esta ley se conoce como un instrumento de no discriminación por orientación sexual, pero resulta ser también una herramienta contra la discriminación racial. La definición que establece en su artículo 2 abarca bastantes dimensiones, entendiendo por “discriminación arbitraria” toda distinción que carezca de justificación razonable, ya sea por agentes del Estado o particulares, fundándose en motivos como la raza, la etnia, la nacionalidad, el género y la orientación sexual”.

Sin embargo la Ley Zamudio es una herramienta limitada, ya que obliga al Estado a sancionar los casos de discriminación pero no es específica en cuanto a las medidas para prevenirlos. Por lo tanto, más allá de defender los derechos de las víctimas de discriminación en situaciones puntuales, es imprescindible que el Estado chileno se haga cargo de este problema en general, y aborde la discriminación contra las personas migrantes en particular; todo esto como un problema social en términos globales. El proyecto gubernamental para crear una Nueva Ley de Migraciones, que debiese ser presentado en el Congreso Nacional durante el segundo semestre del año 2015 (según Rodrigo Sandoval, jefe nacional del DEM, en el Encuentro Consultivo Final del proceso para una Nueva Ley de Migraciones en Chile, en la CEPAL, el 9/01/2015), debe tomar en cuenta esta dimensión.

Mediante esta nueva ley se espera que el Estado chileno cumpla con sus compromisos internacionales en materia de no discriminación y que, al mismo tiempo, ratifique nuevas herramientas pertinentes, como la Convención interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia (OEA, 2013). Una política estatal global y coherente sobre la cuestión migratoria permitirá no solamente respetar todos los derechos humanos de las personas migrantes, sino también hacer que la sociedad chilena aproveche la riqueza de la multiculturalidad.

La discriminación es algo que debe ser erradicado tanto a nivel social como institucional. No olvidemos que por cada persona que ingresa a Chile, dos personas chilenas han emigrado, esperando ser recibidas, respetadas y no discriminadas. Hoy, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el 21 de marzo, nos gustaría mencionar que en la construcción de un país democrático, desarrollado e inclusivo, la erradicación de la discriminación hacia los/as migrantes nos concierne a todos y todas.