Columna: The Wall, SQM, SII y el Tribunal Constitucional a lo Pink Floyd

Así como en la magistral obra de Pink Floyd en la que ladrillo a ladrillo va levantándose un muro que aísla y protege a su protagonista del mundo exterior, las señales que hemos enfrentado las últimas semanas en torno al caso Soquimich (SQM), parecen configurar también el intento decidido por parte de los implicados, de levantar paulatinamente una pared que los proteja, tanto de la acción de la Fiscalía, como de la opinión pública.

Este hecho reviste especial gravedad, considerando que en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile, se sospecha que pudieran surgir nombres de personeros políticos de la Nueva Mayoría y de la Oposición, a quienes dicha empresa habría financiado sus campañas de manera irregular.

Así las cosas, en virtud del impacto político que potencialmente reviste el caso, los sucesos administrativos y judiciales de las últimas dos semanas, aparecen ante los ojos ciudadanos, como parte de la albañilería de esta especie de muro de impunidad, sobre todo considerando que en el mes de abril se podría aplicar la prescripción en él.

Porque no es fácil explicar las razones por las que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se ha mostrado particularmente dubitativo en las acciones que debe tomar para facilitar a la Fiscalía, el acceso de la información tributaria de SQM. De hecho sus decisiones y anuncios relativos al caso, que hablaban de entrega de información parcial, lamentablemente se pueden interpretar como un ladrillo más de esta pared.

Tampoco resulta fácil de entender por la opinión pública, aunque para los juristas sea del todo lógico, que el Tribunal Constitucional “haya acogido a trámite el requerimiento del ex gerente de SQM, presentado a título personal, para frenar la decisión del Ministerio Público de acceder, vía entrega voluntaria o allanamiento, a la contabilidad histórica de la empresa minera”. Y no es fácil de comprender porque tal y como se configuró hasta el año de la Reforma Constitucional del 2005, con esta medida aquel Tribunal vuelve a aparecer como un cuarto poder del Estado, con capacidad de interferencia e incluso veto, frente a las iniciativas de los otros tres. Aún más, la configuración y procedimientos de selección de sus integrantes, asociados en buena medida al cuoteo político, contribuyen también a pensar en el aporte de un nuevo ladrillo, en el sentido de la analogía manifestada.

En otras palabras, este intento de construir el mencionado muro, aparece (y no digo que lo sea) como una acción concertada por parte de un grupo transversal de tiendas partidarias en aras de dilatar la acción de la justicia, en un caso que como el de Penta, no sólo salpicaría a la empresa, sino también a la clase política de manera amplia. Pero más grave aún, para el entendimiento ciudadano, para lograr aquel objetivo, se estarían utilizando organismos, como los ya mencionados: el S.I.I. y el Tribunal Constitucional.

Sea mito o realidad. Sea cierto o producto de una febril fantasía, lo anterior es una pésima noticia para el sistema democrático chileno. Y es que todos los escándalos que han remecido al país durante el 2014 y lo que va del 2015, han caído en terreno fértil para la especulación. Porque la desafección por la política; la falta de transparencia; el nepotismo y los privilegios, son los mejores abonos para que este tipo de situaciones, insisto, sean ciertas o no, se propaguen y amplifiquen.

En el caso del S.I.I, y del Tribunal Constitucional, el hecho es especialmente grave pues viene a minar la credibilidad y la Fe pública en dos instituciones que cumplen un importante rol en el país. El recaudador y el garante del cumplimiento de los preceptos constitucionales.

¿Qué hacer entonces? ¿Caer en la anomia y el nihilismo, y en el conocido eslogan argentino “Que se Vayan todos”?
La respuesta no es fácil, pero las situaciones difíciles requieren muchas veces soluciones drásticas y audaces. Por eso recurro nuevamente a la imagen pinkfloydiana. El film aludido termina con un gran estallido del muro. Esa es la condena que a la vez constituye la salvación del protagonista. Como en aquel caso, nuestra “redención” institucional pasa por hacer volar en mil pedazos cualquier intento de protección frente a este tipo de escándalos. Que caiga quien tenga que caer y que de verdad, para que las instituciones funcionen, se las deje funcionar. Sólo así la ciudadanía podrá comenzar a volver a creer en que esa manida solidez y seriedad del “ejemplar” caso chileno, era algo más que un mero artificio de itinerante charlatán.

(*) Doctor en Gobierno y Administración Pública. Académico universitario. En Twitter: @rincondeflores.