Columna: Reforma universitaria

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El Ministerio de Educación ha señalado un par de líneas generales sobre la Reforma Universitaria que si no son analizadas en forma precisa, técnica, detallada y cuidadosa, pueden conducir a un desastre de la educación Universitaria chilena y sobre todo, pueden ser totalmente contrarias al espíritu y deseos del movimiento social y estudiantil expresados en sus movilizaciones, en los últimos años.

En la “Academia” aunque nos constituimos hace treinta y tantos años, como un ente privado, consideramos colectiva y oficialmente que la Educación Universitaria debe tener su columna vertebral en las instituciones estatales, condición indispensable para la construcción de una sociedad democrática en Chile. Eso no significa que no existan y se desarrollen otras instituciones universitarias que no siendo de propiedad del Estado tengan un carácter público en su quehacer y proyecto, y como la Academia, establezcan una alianza de tal suerte con el Estado, que les permita ser de carácter público, de calidad y gratuito expresando la diversidad de la Educación chilena. Lo hemos dicho y es bueno repetirlo, “nacimos privados por obligación y no por vocación”. Y recordar las historias de cada cual no es cosa menor: nosotros nacimos porque fuimos expulsados (“exonerados”) de las Universidades intervenidas militarmente y a esa violación de los derechos de numerosos académicos, se vendría a sumar una nueva injusticia si se nos trata con un criterio equivocado, dejando a nuestros estudiantes fuera de la gratuidad universitaria y poniendo en serio riesgo la continuidad de la institución.

A través de la Ley por tanto, se debería establecer con plena claridad un Sistema Nacional Universitario que defina la existencia de: a) Universidades estatales, b) Universidades privadas tradicionales, c) Universidades que habiendo sido originadas como privadas, definen su carácter público, sin fines de lucro e inclusivas, mediante contratos permanentes con el Estado, y d) Universidades privadas propiamente tales.

Por lo tanto, una vez definido lo anterior, se debiese construir una orgánica mediante una Asamblea de Rectores de las Universidades chilenas que reúna a todas las instituciones que gozan de ese nombre y que genere un Consejo de Rectores elegido y con mayoría estatal. Ese Consejo tendrá atribuciones de orientación, coordinación, control de la calidad, capacidad de dirimir conflictos, y regir el sistema universitario.

Debería legislarse de modo que exista una estrecha relación entre la Acreditación y la Licencia. Las instituciones que no se acrediten en un plazo razonable perderán su Licencia y no podrán ni existir, ni dar títulos y grados. Y algo que es de la mayor importancia para la calidad de la educación universitaria que exista un sistema de normalización de Grados y Títulos, de modo de permitir cambios de instituciones, homologación de estudios y movilidad de estudiantes.

Un asunto fundamental a legislar con claridad es el ámbito de competencia territorial de las Universidades, evitando y limitando la existencia y creación de sedes que son entidades de negocios tanto de las Universidades estatales como de las privadas. Un sistema de gratuidad sin limitar las sedes de las Universidades estatales, podría llevar a una sobre inflación de las Universidades Regionales ubicadas fuera de su Región de origen y sobre todo en Santiago. La gratuidad hará que los sectores más pobres del país se instruyan en entidades muy cuestionables y sin ninguna garantía de calidad. Estas Sedes Universitarias, corresponden al sector menos regulado de la Educación Universitaria del país. Hacer de la gratuidad una vía para que los pobres estudien en “Universidades de pobres” sería el peor escenario imaginable.

Consideramos que la prioridad deberá ser un horizonte de GRATUIDAD TOTAL de las Universidades estatales; se debiera establecer con claridad, a) políticas de personal docente, b) políticas de remuneraciones de académicos, docentes y administrativas , c) política de Infraestructura, d) políticas de participación docente, administrativa y estudiantil, etc… Sin este tipo de contratos de desempeño es muy predecible que los aumentos basales de financiamiento se deriven a actividades ajenas con la calidad educativa. Las Universidades no estatales del CRUCH, debieran establecer también un Contrato con el Estado en función de alcanzar NIVELES ALTOS Y PROGRESIVOS DE GRATUIDAD según cada una de ellas, teniendo en consideración la heterogeneidad de las instituciones y sus estudiantes. Lo mismo debería ocurrir, en las Universidades sin fines de lucro, como la nuestra, con niveles altos de estudiantes provenientes de los tres quintiles más bajos de ingresos del país, con programas especiales de inclusión, acreditadas, y con un alto nivel de participación.

Nos parece finalmente que no es posible legislar con justicia sobre la gratuidad futura sin condonar las pesadas cargas crediticias que tienen las anteriores generaciones. El Estado debiera terminar con el antiguo sistema denominado de Créditos Corfo, llegando a una condonación absoluta de las deudas usureras que cobran los Bancos y establecer una repactación adecuada e inmediata de los Créditos con aval del Estado y Fiscales.

*Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano.