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La investigación sumaria iniciada por el ministerio de Minería luego de que The Clinic Online revelara en un reportaje el supuesto trato preferente a la minera Los Pelambres del grupo Luksic pasó ahora a sumario administrativo contra todos quienes resulten responsables.

El paso implica, explicaron fuentes que conocieron el procedimiento, que existen antecedentes de anomalías respecto de cómo la repartición gubernamental entregó una carta de buena fe y se timbró un informe del laboratorio de SGS, pagado por Antofagasta Minerals, para ser presentado en un tribunal argentino, que incluía una carta que aseguraba que el análisis había sido “revisado y avalado por nuestros expertos del Sernageomin”, lo que no corresponde a la realidad. También significa, destacan estas fuentes, que el plazo de cinco días hábiles para la investigación sumaria no fueron suficientes para determinar qué faltas se cometieron.

Los documentos cuestionados fueron solicitados el 8 de abril por el abogado Andrés Jana a la ministra del ramo, Aurora Williams, y extendidos por su jefe de gabinete, Adolfo Galindo, hombre de confianza del exministro Peñailillo, en el marco de una disputa que mantiene Los Pelambres por el botadero Cerro Amarillo, ya que parte de escombros generados por la explotación del yacimiento fueron depositados en la región trasandina de San Juan, donde se desarrolla el proyecto Pachón, de propiedad de Glencore.

Hasta ahora la investigación es sustanciada por la fiscal jefa del departamento jurídico del Servicio Nacional de Geología y Minería, Doris Roa, sin embargo, en la indagatoria sobre cómo llegó el estudio de SGS a Minería, figura involucrado el director de Sernageomín, Rodrigo Álvarez y el subsecretario Ignacio Moreno en una cadena de correos electrónicos, lo que implicaría que Roa podría, apuntan desde el Ejecutivo, tener que inhabilitarse.

El sumario lo que busca es establecer la responsabilidad administrativa de él o de los funcionarios que cometieron una infracción y las de sus superiores por negligencia o falta de control. Las sanciones, en tanto, van desde una amonestación por escrito hasta una eventual destitución.

La polémica respecto de la escombrera -del tamaño de un Parque Bicentenario y medio emplazado a cuatro mil metros de altura- se origina luego de que el año 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos corrigió los hitos y se descubrió que parte del reducto minero -51 hectáreas- está en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore.

En la actualidad, en territorio trasandino, está en curso una demanda civil ante el juez federal de la Provincia de San Juan para que Los Pelambres retire sus residuos, los traslade a Chile y pague por los daños -lo que tendría un costo estimado entre $150 y 200 millones de dólares- y desde marzo de este año una querella criminal contra los ejecutivos de la compañía chilena. Frente al caso, la decisión gubernamental era circunscribir el tema a un asunto entre privados, lo que se habría roto con los documentos entregados a Los Pelambres para ser presentados en tribunales.

EL REVÉS JUDICIAL PARA LUKSIC
jean paul luksic
The Clinic Online dio a conocer la semana pasada que la Justicia Federal de Argentina rechazó la apelación que había presentado la minera Los Pelambres respecto de la medida cautelar que obligaba a la empresa del Grupo Luksic a hacerse cargo del destino de sus escombros.

La resolución judicial del juez civil Miguel Gálvez obligaba el “estricto cumplimiento” de la disposición en un plazo de 30 días hábiles. Decisión a la que Los Pelambres apeló el 11 de mayo sustentando su recurso en la carta de buena fe y el informe de SGS.

Sin embargo, una vez que este medio hizo pública la gestión de Jana ante Minería para obtener estos documentos, la suiza Glencore, dueña de Pachón, pidió por transparencia todos los antecedentes relacionados con el tema y una vez que los obtuvo los presentó ante el Tribunal, lo que perjudicó los intereses de la minera del grupo Luksic, zanjando el caso a favor de Glencore.

La primera respuesta a esta solicitud de Glencore, y a la que tuvo acceso The Clinic Online, llegó desde Subsecretaría el 17 de junio con el oficio orden 397 y fue categórica: aseguraron que 1) “no existe en este Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS”; 2) “no existe constancia de ingreso en esta subsecretaría de estado del informe señalado en su solicitud por parte de la empresa SGS Ltda”, 3) “no existe en esta secretaría de Estado documentos en que conste la información referente a que personal de Sernageomín revisó y avaló el informe señalado en su solicitud” y 4) “no existe en esta Secretaría de Estado documentos que en que conste la metodología seguida por personal de Sernageomín respecto al informe señalado en su solicitud”.

Derivada la consulta a Sernageomín, desde esta instancia el director Rodrigo Álvarez aseveró por escrito el 18 de junio en un oficio caratulado con el número 1184 que el informe por el cual se pregunta “no ha sido generado por este servicio” y añade que “la empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud”.

Frente a esto, desde Los Pelambres aseguraron por escrito que tanto Moreno como Álvarez mintieron. “La información falsa entregada por ambos funcionarios públicos fue usada por Glencore en los tribunales argentinos, empresa de capitales suizos, contra una empresa chilena, acusándonos formalmente de mentirosos, de manipular la verdad y de configurar una prueba falsa”, afirmaron desde la compañía en la que no descartan posibles acciones legales.

LOS CORREOS DE LA DISCORDIA Y EL INFORME FANTASMA
Habitantes de Caimanes celebran decision judicial de demoler el tranque El Mauro
Según la información a la que ha tenido acceso The Clinic Online hay versiones contrapuestas respecto de por qué estaba en Minería el informe de SGS , pero algunos hitos claros:

Este medio vio un correo del 20 de marzo de un ejecutivo del grupo Luksic a un jefe de Servicio de Sernageomín en que le deriva el informe de SGS.

Posteriormente, el 24 de marzo, el subsecretario Moreno realizó una exposición del caso ante autoridades y representantes de Los Pelambres en la que dijo que las aguas aledañas al botadero eran aptas para riego, sustentándose en un informe de Sernageomín que no es el mismo de SGS, pero en la ocasión también hizo alusión a este último.

Cronológicamente, hay otro email enviado por Gustavo Pössel ‒quien hasta fines de agosto de 2014 ejerció la Gerencia de Medio Ambiente y que hoy es Asesor Experto en Sustentabilidad de Antofagasta Minerals- a Álvarez fechado el 15 de abril en que le envía el estudio pagado por la empresa de los Luksic con un resumen de conclusiones.

Álvarez lo había solicitado por petición de Galindo quien ha dicho que fue el subsecretario Moreno quien se lo pidió. Como sea, el director de Sernageomín le deriva este email el 28 de abril al entonces embajador, y hoy vocero de Gobierno, Marcelo Díaz quien responde que lo recibió conforme.

Pero el mismo 15, Álvarez se lo manda a Moreno, el subsecretario, quien a su vez se lo deriva a Galindo, jefe de gabinete de la Ministra Willimas, con la sigla PVI: Para Vuestra Información.

Una semana después, el 22 de abril, Galindo lo envía a Jana, el abogado de Los Pelambres, pero éste pide que sea timbrado, petición que es aceptada.

¿Por qué se envía el informe de SGS y no el que había realizado Sernageomín? Según fuentes de Los Pelambres ellos tenían en su poder ambos análisis, pero el oficial ponía en una situación de riesgo al país dado que se habían hecho traspasando sin permiso las fronteras para la toma de muestras de aguas.

Este medio revisó el estudio de Sernageomín. Se trata del ensayo 2014-268 con fecha de emisión del 31 de diciembre de 2014 y que está firmado por Juan Bustamante Espinoza como jefe del laboratorio químico del Sernageomín.

En él se consigna que el agua es apta para riego, no así para consumo humano -debería ser tratada- ni para la vida subacuática por su alcalinidad.

No explicita dónde se tomaron las muestras, pero desde Sernageomín han asegurado a este medio que se hicieron en territorio chileno.

LA HISTORIA DE LA POLÉMICA
El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, le hizo llegar dos cartas a la ministra Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda.

En una de las misivas, Jana le informa sobre la querella criminal iniciada en Argentina por Glencore contra Los Pelambres y le solicita a la autoridad que le otorgue una especie de certificado de “buena fe” a la empresa; en la otra, le pide acceso a un estudio técnico.

La primera petición, contenida en un documento al que tuvo acceso The Clinic Online tras consultar por el tema en el gabinete ministerial, Jana recalca que “nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.

El 22 de abril, con la firma de Galindo- hombre de confianza del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y miembro del grupo G90- se extendió a Jana un documento oficial, con membrete ministerial, donde se consignó precisamente lo pedido: “la buena fe” de los Pelambres en los procedimientos relacionados con el terreno en controversia.

El mismo día 8 de abril, Jana -asesor jurídico técnico de Chile en la demanda de Bolivia ante La Haya, amigo del senador Ricardo Lagos Weber y del exministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter- envió una segunda carta a Williams en que, aludiendo a la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y Transparencia, pidió “todos los análisis efectuados, los resultados obtenidos y cualquier conclusión emanada” del peritaje técnico el 30 de enero realizaron funcionarios de Chile y Argentina en las las aguas aledañas al botadero y que, por indicación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) fueron llevadas la consultora SGS.

El 22 de abril, desde el gabinete de la ministra se entregó una copia de los estudios a Jana, pero éstos no tenían timbre oficial por lo que el abogado insistió en tener acceso a documentos formales. El 28 de abril, Galindo puso su timbre al texto y 48 horas después se derivó el estudio a Jana.