fernández a1

“Como primera señal nosotros vemos que hay poca claridad y seriedad dada la improvisación que está llevando a cabo el Gobierno en este tema”, señaló Nicolás Fernández, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep) y vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en el marco de la propuesta respecto a la reforma educacional que realizó el Consejo de Rectores (CRUCh).

El dirigente criticó que se esté discutiendo, en algunos sectores, bajar el umbral de la gratuidad de un 60% a un 40% de estudiantes más vulnerables, con el objetivo de que las universidades privadas puedan obtener el beneficio a partir del 2016.

En esa línea, precisó que “se está dejando de lado la regulación al sistema, independiente de si reciben los planteles financiamiento o no”, según indica Emol.

Agregó que “la gratuidad es sólo la punta del iceberg, yo creo que hay que poner el acento donde tiene que ir, más allá de si se baja o no un porcentaje, aquí las universidades que sean financiadas por el Estado deben cumplir con ciertos criterios y esos criterios el Gobierno no los tiene claros. Eso quiere decir también que no tienen claro que es ser o no universidad pública”.

Por otro lado, enfatizó que las reformas impulsadas están relacionadas con los índices económicos del país: “Basta de usar la desaceleración económica como una excusa para seguir apretándole el cinturón a la reforma. Tenemos claro que con o sin desaceleración la propuesta deja sin regulación a las instituciones de educación privada”.

Recordemos que durante la jornada de este jueves, el CRUCh presentó una propuesta con siete puntos respecto a la reforma de educación superior. El encuentro fue liderado por Adriana Delpiano, ministra de Educación, y además contó con la presencia del vicepresidente de la colectividad, Aldo Valle.

De manera posterior a la instancia, Valle consignó que sería “irresponsable ampliarlo (incluir a instituciones privadas en la gratuidad a partir del 2016) si no se establecen condiciones y las instituciones al momento de recibir esos recursos no cumplen con exigencias de rendición de cuentas, transparencia, sistema de admisión público que evite la arbitrariedad y el privilegio, porque los recursos públicos nunca pueden financiar privilegios”.