Romper el statu quo, aunque duela

 

Nadie puede desconocer que nos encontramos hoy sumidos en una crisis de confianza y credibilidad de proporciones hasta ahora desconocidas en nuestro país.

Pero, en este escenario, como presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, no hemos titubeado en hacer cuanto está en nuestras manos y en movilizar voluntades políticas para terminar con este estado de cosas.

Los problemas de la política se resuelven con más y mejor política. El Congreso y los parlamentarios –como también los partidos políticos y sus dirigentes–, son actores imprescindibles para la democracia. De lo que se trata sí, es que los legisladores sepamos hacer las correcciones, con medidas que rompan el statu quo y creen mejores y más estrictas condiciones para desarrollar nuestro trabajo.

En la Primera Cuenta Pública del Congreso Nacional del 21 de Julio pasado, nos comprometimos a actuar para mejorar sustancialmente nuestros estándares de Transparencia y Probidad y, en poco más de un mes y medio, el país ha sido testigo cómo hemos ido implementando las cerca de 20 medidas que anunciamos.

El jueves 3 de septiembre -tal como nos lo habíamos propuesto- se puso en marcha el trabajo del Consejo de Modernización para la Labor Legislativa.

El Congreso ha asumido el desafío de la gobernabilidad democrática y de la cohesión social y para enfrentarlo con éxito resulta indispensable fortalecer nuestra institucionalidad. Así, la creación de este Consejo es expresión de nuestro compromiso republicano y de la necesidad de escuchar el mensaje de la ciudadanía, la demanda de estar a la altura de los tiempos y el requerimiento de legitimidad del quehacer parlamentario.

Con su trabajo, haremos frente a la denominada “inflación legislativa”, a la tantas veces cuestionada calidad de la ley, a la falta de evaluación de las normas previa a su aplicación, y a la necesidad de fortalecer la transparencia en el proceso legislativo, temas que encontramos en el debate público de manera habitual.

En tres meses, doce expertos entregarán recomendaciones y propuestas para modernizar el proceso de generación de las leyes, teniendo a la vista no sólo aspectos de transparencia y calidad de las normas, sino también métodos o formas de participación ciudadana para que esas opiniones sean atendidas en la tramitación de una ley y, además, la creación de herramientas de evaluación que permitan también seguir la aplicación y funcionamiento de las normas.

Muchas veces se nos reclama que las leyes no salen bien, que los procesos legislativos son un poco lentos. Queremos que este grupo de hombres y mujeres, integrado por Francisco Fernández –quien presidirá la instancia–, Carlos Carmona; Sebastián Soto; Allan Bronfman; Francisco Zúñiga; Paulina Veloso; Miguel Ángel Fernández; Patricio Zapata; John Smok y Luis Rojas; Julio Cámara y María Soledad Aravena, más el secretario Ejecutivo, Rodrigo Obrador, todos expertos en asuntos legales y en participación ciudadana, nos evalúe con total autonomía, y nos diga qué tenemos que mejorar para sacar buenas leyes.

La labor será ardua. Tres sesiones mensuales y tres audiencias dentro del período fijado para recibir las apreciaciones de las organizaciones interesadas en los temas a tratar, porque nos interesa que este sea un proceso participativo.

El Consejo asume hoy un compromiso de suma relevancia, ya que mejorar la gestión de la función legislativa tiene efectos inmediatos en los ciudadanos, puesto que el Congreso Nacional elabora normas que repercuten directamente en su vida cotidiana.

Estamos seguros que por su calidad técnica y humana los consejeros trabajarán de manera comprometida y eficiente en el tratamiento de los temas que se han definido como determinantes a evaluar. Asimismo, tenemos certeza que los debates serán de alto nivel y que contribuirán enormemente a fortalecer el rol del Congreso en el cumplimiento de la labor que le es más propia: la labor de legislar y hacerlo de la mejor manera posible.

Queremos ser humildes, escuchar y, luego, actuar para modernizar nuestro proceso legislativo tanto en la Cámara como en el Senado. Tenemos una crisis de credibilidad profunda en Chile hacia las instituciones públicas pero estamos dispuestos a aprovecharla como una oportunidad para hacer cambios radicales en probidad, transparencia y modernización legislativa.