Ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, es llamada a declarar por la ejecución de 19 trabajadores en dictadura

La justicia llamó hoy a declarar a la ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, por la ejecución de 19 trabajadores ocurrida en 1973, durante la dictadura militar.

Según fuentes judiciales, dicha petición, inédita en el país austral, fue solicitada por el abogado querellante e hijo de una de los trabajadores masacrados, Mauricio Araneda.

El ministro para causas de violaciones de Derechos Humanos, Carlos Aldana despachó este lunes la solicitud de declaración por oficio para la ministra (jueza especial) Rosa Egnem por el caso llamado “Masacre de Laja-San Rosendo”.

En la declaración se le solicitará a la Egnem referirse a su papel como secretaria de la magistrado Corina Mera del Juzgado de Yumbel en 1973 y del caso de los 19 trabajadores asesinados días después del golpe militar (11 de septiembre de 1973), quienes eran obreros de una papelera y de la empresa de Ferrocarriles del Estado.

Según denuncian los familiares de las víctimas la jueza habría guardado en una caja fuerte el parte de Carabineros sobre el hallazgo de los 19 cuerpos enterrados ilegalmente, incluso alterando registros judiciales.

Los querellantes de la causa aseguran que Egnem habría posteriormente borrado y alterado registros judiciales en calidad de jueza subrrogante, ya que la jueza a cargo, Corina Mera se hallaba con licencia médica.

Los familiares aseguran que este acto impidió conocer la verdad de esos crímenes, ya que evitó que se conociera la notificación realizada por la policía, por lo que se querellaron en contra de de la jueza de la Corte Suprema.

El juez de la Corte Suprema, Milton Juica, al ser consultado por esta causa agregó que “la jueza de ese tribunal (Mera) se le aplicó por estos hechos una sanción disciplinaria, y a la secretaria de esa época, que es la actual ministra (Egnem), recibió también una sanción que la máxima corte dejó sin efecto, y ella no recibió castigos de carácter disciplinario”.

El hecho, que se mantuvo en silencio por más de cuatro décadas, actualmente tiene a más de diez procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.