Diputados de la Democracia Cristiana ingresarán la próxima semana un proyecto que le quita los beneficios procesales en causas judiciales a autoridades eclesiásticas, que actualmente ostentan.

René Saffirio, el parlamentario autor de la iniciativa, manifestó que “determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, quedan exentas de comparecer ante el tribunal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal”, informó Cooperativa.

“En este caso se encuentran, entre otros, el presidente de la República, los Ministros de Estado y otras autoridades; pero, también, las autoridades eclesiásticas como el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos. A mayor abundamiento, también los religiosos, incluso los novicios pueden hacer uso de este derecho”, indicó.

El honorable agregó que “no nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública”.

En la misma línea, el diputado Ricardo Rincón dijo que “se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico”.

Cabe destacar que esto ocurre en medio de la demanda civil interpuesta contra el Arzobispado de Santiago por las víctimas del criminal Fernando Karadima, poderoso ex párroco de la iglesia de El Bosque, en Providencia. En esas diligencias, justamente, el cardenal Francisco Javier Errázuriz descartó concurrir al palacio de tribunales y fijó un domicilio para realizar la declaración.