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Por primera en más de 200 años, 2o5 para ser precisos, el Ejército se someterá a una auditoría externa, esto tras el escandaloso robo del fondo reservado del cobre, hecho destapado y detallado en los extensos reportajes publicados por The Clinic conocidos como el “Milicogate”.

La auditora encargada de revisar el millonario desfalco acontecido en la institución castrense es Surlatina, empresa que se adjudicó el asunto tras un proceso de licitación pública.

Es un avance “inédito y concreto” en materia de probidad, dijo a El Mercurio el contralor del Ejército, general de brigada Rodrigo Carrasco.

“Este es un hito importante, fundamentalmente por las lecciones, a veces duras, que hemos tenido”, afirmó.

El uniformado explicó que se revisarán los procesos de adquisiciones, desde que se asignan los recursos hasta que se ejecutan, y que la auditora externa tendrá “acceso total” a la información. Además precisó que no se revisará qué se compra con los fondos, por el hecho de tratarse de asunto sensibles para la seguridad nacional, dijo, de acuerdo a lo que cita el mencionado medio.

Tal como reveló este medio en una publicación fechada el pasado 13 de agosto, la trama detrás de los millonarios desfalcos partió en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesó hasta marzo de 2014, al tomar el mando de su segunda admistración Michelle Bachelet.

El hecho fue reconocido por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien admitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El coronel Clovis Montero, detenido por el caso, es uno de los principales imputados.

“Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo Montero en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta que The Clinic publicara parte de esa conversación.

“¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic, reprodujo este medio dos meses atrás.

Miles de millones en el casino

Dentro de lo episodios más singulares destapados por la investigación de The Clinic aparece la cantidad de dinero que gastó uno de los involucrados en lujos y en el casino.

Es así que entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz desembolsó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, adquirió un fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. “Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año.

Según la información recogida por The Clinic Online el viernes de la semana pasada, los últimos involucrados en caer fueron los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente.

Esta última tendría una relación bastante cercana con el general Héctor Ureta, apuntado por Clovic Montero como uno de los nombres detrás del ilícito.

El uniformado contestó un cuestionario a The Clinic en donde también mencionó al cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.

En el manuscrito de 11 páginas, Montero detalló cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

“Son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.