TC paraliza causa por cartel del confort

Hasta el próximo martes 1 de diciembre, a lo menos, quedó suspendida la tramitación penal de la causa por el llamado caso de la colusión del confort seguida en la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego del recurso que ingresó a fines de la semana pasada ante el Tribunal Constitucional (TC) el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Este martes el TC acogió el recurso y citó a una audiencia para las 15:30 horas del próximo martes, instancia en la que se pronunciará acerca de que si es admisible o no que el TDLC entregue la información del caso a la Fiscalía Sur.

En el documento presentado ante el TC, el tribunal que resuelve sobre las interferencias en los mercados explicó que “las potestades investigativas del Ministerio Público en ningún caso pueden importar que este Tribunal contravenga las disposiciones del DL 211 relativas a protección de documentos confidenciales“.

El jefe de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Sur, Marcos Pastén, argumento por su parte que la petición  “se trata de no replicar antecedentes ni esfuerzos entre instituciones del Estado” y que la ley los ampara en este caso.

Según el requerimiento que ingresó la Fiscalía Nacional Económica ante el TDLC el pasado 28 de octubre, las papeleras del grupo Matte y SCA Chile (ex Pisa) se pusieron de acuerdo para subir los precios y repartirse las cuotas del mercado del papel tissue entre los años 2000 y 2011.

Este último domingo, El Mercurio publicó parte de la declaración de Jorge Morel Bulicic, ex gerente general de la filial tissue de CMPC, documento que arrojó luces sobre cómo funcionó el cartel. En esta, por ejemplo, Morel detalla que no sólo se coludieron para fijar los precios, sino que también acordaron en algunas ocasiones bajar la calidad del papel lo que se traducía en “bajemos la blancura, era el equivalente a subir el precio”.

Respecto de las compensaciones a los clientes, CMPC ya inició un proceso de mediación colectiva con el Sernac, mientras la Conadecus presentó una demanda colectiva en la que pide que cada chileno sea indemnizado.