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Nacional

16 de Diciembre de 2015

Defensa: ex jefe de Comisión de Desminado pasa a retiro tras ser sancionado por no impedir corrupción en compra de equipamiento

Se trata del coronel Juan Mendoza Oyarce, quien fue castigado con una "reprensión", luego que el Estado Mayor Conjunto, realizara un sumario interno, donde se descubrió que tuvo responsabilidad de mando, "ya que por su falta de control en los procesos de adquisiciones de esa secretaría ejecutiva, no logró contener  de forma oportuna la ocurrencia de los hechos (...) que tienen como consecuencia el extravío de $286.426.688", señala el dictamen fiscal al que accedió The Clinic Online en fuentes de Defensa.

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(Imagen: Comisión Nacional de Desminado)

El coronel del Ejército Juan Orlando Mendoza Oyarce -recién pasado a retiro a petición voluntaria- y que se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado (CND), fue sancionado por su responsabilidad de mando en los hechos de corrupción relativos a la compra de equipamiento y que hoy son investigados por la Fiscalía Centro Norte, la justicia militar y que superarían los $ 300 millones.

Mendoza Oyarce, luego que se tramitara un sumario administrativo en el Estado Mayor Conjunto (EMCO) -que depende el CND- recibió una “reprensión” que le cupo como superior jerárquico, “ya que por su falta de control en los procesos de adquisiciones de esa secretaría ejecutiva, no logró contener de forma oportuna la ocurrencia de los hechos (…) que tienen como consecuencia el extravío de $286.426.688”, señala el dictamen fiscal al que accedió The Clinic Online en fuentes de Defensa.

Hay que recordar que los hechos a los que apunta la resolución adoptada por el contraalmirante Jorge Rodríguez Urria el pasado 29 de mayo, dicen relación con la compra de pertrechos para el desminado en los entremos norte y sur del país, explosivos que fueron instalados para la cuasi guerra de 1978.

En la determinación administrativa se da cuenta de cómo a través de un complejo sistema de “vales” aportados por una empresa multinacional -cuyo nombre este medio se reserva- permitió que otras firmas menores, vinculadas a militares activos, violaran las normas internas e incluso no se entregaran los productos acordados.

Al respecto, la fiscal Centro Norte Tania Sironvalle sustancia una investigación bajo el ilícito de fraude al fisco en donde están involucrados dos militares activos y una civil. Se trata de Lissette Espinoza, el capitán activo Eduardo Pulgar y el teniente Ricardo Zúñiga.

Pues bien, Espinoza es dueña de la empresa Tsuki que aparece profusamente nombrada en el dictamen fiscal como proveedora de los materiales para desminado como marcadores, ropa, entre otros. Espinoza, además, es esposa del teniente Ricardo Zúñiga, tal como reveló ayer este diario.

Insólitamente, durante la tramitación del sumario en el Estado Mayor Conjunto, señala el documento, “no fue posible requerir una declaración voluntaria de los representantes legales”, ya que no fueron “habidos” en la dirección que mantenían ante la autoridad. El hecho, solo pudo establecerse después de que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, hiciera la relación.

Volviendo a la indagatoria del Ministerio Público que se judicializó el pasado 2 de diciembre, la fiscal Sironvalle solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el listado de llamadas telefónicas de los tres imputados, Pulgar, Zúñiga y la civil Espinoza, con el fin de establecer los contactos que mantuvieron durante la ocurrencia de los hechos, que están fijados hasta ahora entre 2013 y 2014.

En esta indagatoria aún no existen formalizados, como tampoco procesados en la que sustancia la justicia militar.

Uno más

En el sumario del EMCO, también fue sancionado el mayor Christian Zincker Kramm con ocho días de arresto, lo que implica tres puntos menos en su calificación y anotación en su hoja de vida. Esto por la responsabilidad, “al demostrar falta de control y desorden administrativo en el cumplimiento de sus funciones como oficial logístico de la CND”, señala el documento.

El oficial suscribió “actas de recepción de especies que no se correspondían con lo efectivamente recibido (…) todo lo anterior derivó en irregularidades contables y graves omisiones en los procesos de adquisición de material y cuya negligencia tiene como consecuencia el extravío de $ 286.346.688, aproximadamente”.

La indagatoria del Ministerio Público aparece en el contexto de que Chile está ad portas de asumir la titularidad de la Convención de Ottawa para el desminado, instancia de carácter multinacional que busca terminar con estos explosivos de carácter antipersonal.

Actualmente, destacó el lunes el ministro de Defensa José Antonio Gómez (PRSD), falta por desminar sólo el 30% de estas extensiones. Y en esa línea existe un proyecto de ley tendiente a otorgar una pensión a las víctimas civiles que circularon por estos campos y sufrieron graves lesiones.

La Comisión Nacional de Desminado es integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- como también la Cancillería y entidades relacionadas.

Este diario requirió un pronunciamiento del Estado Mayor Conjunto, pero se indicó que no habría una versión al respecto, atendido a que están en curso las investigaciones del Ministerio Público y la Justicia Militar abiertas, toda vez que en el sumario administrativo existen recursos pendientes.

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