El Partido Socialista presenta querella para considerar los crímenes en dictadura a 501 militantes como genocidio

El Partido Socialista (PS) presentó hoy una querella en contra de los autores materiales y los encubridores de las ejecuciones y desapariciones de 501 militantes durante la dictadura, en la que buscan, con referencia en la Convención de Ginebra, considerarlos como genocidio.

La presidenta del partido, Isabel Allende, declaró que “se busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad y que se avance en la justicia en todos los casos. El PS perdió a 501 militantes que fueron secuestrados, ejecutados, asesinados y hay muchos de esos procesos que están en curso”, aseveró la senadora en declaraciones que difunde el portal electrónico de El Mercurio.

“(Se buscan) no solo a los culpables directos, sino también a aquellos encubridores, que obstruyeron; todos aquellos que no hayan facilitado el desenvolvimiento de la justicia y a aquellos que incluso se han enriquecido con los bienes las personas que fueron secuestradas o asesinadas”, enfatizó.

Al explicar la decisión de su partido, Isabel Allende afirmó que ha llegado la hora de avanzar hacia la verdad definitiva “porque este país ya tiene la madurez y la capacidad de abordarlo esto de una manera más profunda, más amplia”.

La líder del PS sostuvo que la querella “se interpuso inicialmente para abordar el caso de las desapariciones y ejecuciones de la dirección clandestina del Partido Socialista que cayó en su totalidad, y también por la dirección regional de (la ciudad norteña) de Iquique” a raíz de nuevos antecedentes.

En tanto, el abogado Juan de Dios Parra indicó que se presentarán recursos en todas las regiones para tratar los casos locales durante el mes de enero, para confluir en una “gran querella que pretende buscar toda la justicia y toda la verdad”.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestradas, torturadas y encarceladas por causas políticas.