Jaime Orpis A1

*

Existe una frase manoseada, de uso común cuando todo anda mal ¡Las instituciones funcionan! Frase perversa porque, o solo funcionan para dejar impune a los poderosos de siempre o les aseguran sus privilegios o, derechamente, porque puede ser un engaño, ya que nunca han funcionado.

¡Las instituciones funcionan! sirve para exigir respeto y no cuestionar una institucionalidad pinochetista-guzmanista que surgió para asegurar la restitución de privilegios que se habían perdido durante un “gobierno upeliento” que había pensado demasiado en favorecer a los marginados históricos de esas instituciones que, ya en ese tiempo se había demostrado, no funcionaban para ellos.

Durante la dictadura cívico-militar, las FFAA de ocupación del país eran el poder omnipotente que repartía privilegios y entregaba empresas del Estado a la voracidad de los privados. La transición democrática no podía suponer un cambio, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, debían seguir respetando los “derechos adquiridos” durante la dictadura por los privados, la corrupción hacia su ingreso en escena. No pudiéndose utilizar el Terrorismo de Estado para persuadir, había que recurrir a formas más sutiles, llenar de privilegios a la clase política recién llegada.
CORPESCA se encargó de evidenciar que en la democracia chilensis ¡las instituciones funcionan! para algo más: garantizar la obtención de privilegios por el poder económico.

El llamado Caso Corpesca demostró que un gobierno, el de Sebastian Piñera Echeñique, junto a su ministro de Economía, Pablo Longueira Montes, y el subsecretario de pesca, Pablo Galilea Carrillo, junto a integrantes del Parlamento, Marta Isasi y Jaime Orpis, además de otros diputados y senadores, elaboraron una legislación para otorgar ganancias suculentas a empresarios pesqueros. Efectivamente, la Ley de Pesca le permitió a las llamadas “siete familias” adueñarse de gran parte de la biomasa marina por unas cuentas de vidrio. Hay que recordar que un “esfuerzo político” similar hicieron los mismos actores con el litio, pero fracasaron milimétricamente.

Así las cosas, las instituciones más relevantes de un Estado: Gobierno y Parlamento, estaban al servicio de “emprendedores” capitalistas que hallan en la corrupción la forma de asegurar la obtención de ganancias multimillonarias a costa de recursos naturales que le pertenecen a la nación toda. La llamada Ley Longueira es una legislación dictada para favorecer al sector industrial pesquero, en desmedro de la seguridad alimentaria de la población chilena, de los intereses de los pescadores artesanales y de los derechos ancestrales del pueblo Lafquenche.
Es obvio que Francisco Mujica, exgerente general de CORPESCA, no actuó en interés propio cuando coimeaba parlamentarios y funcionarios públicos, era el representante de una industria pesquera, y todo su actuar ilícito involucraba a su empresa mandante. Lamentablemente, hasta ahora pareciera que Mujica es un especie de “ladrón solitario”, más que un sicario a quien se le encarga la comisión de un delito. Ese otro mandante, los dueños de CORPESCA, son los hombres invisibles que no cargan con culpas, que siguen adelante usufructuando el negocio obtenido ilegalmente, total la culpa es de Mujica y éste está bien pagado para no perjudicar a la empresa.

Por todo esto, en mi rol diputado he presentado una querella criminal en contra de la persona jurídica CORPESCA, atribuyéndole delitos corporativos, además de las responsabilidades penales individuales. Hay que sancionar penalmente a CORPESCA y para ello el Ministerio Público debe investigar los hechos imputados. Mientras tanto estaremos a la espera de que ¡las instituciones funcionen! … para los ciudadanos.

*Diputado Partido Comunista