Hinzpeter por control preventivo de identidad: “Esta norma es demasiado amplia”.

La ex autoridad se mostró de acuerdo con la orientación de la Agenda Corta Antidelincuencia que impulsa la administración de Michelle Bachelet. Sin embargo, calificó el polémico control preventivo de identidad como una norma “demasiado amplia”. El ex ministro apuntó a que se requiere acotar los espacios y circunstancias en las que un ciudadano puede ser detenido, porque a su juicio “es delicado establecer la detención o la privación de libertad, aunque sea temporal, por no portar una cédula de identidad en cualquier espacio público”.

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El ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter analizó la Agenda Corta Antidelincuencia que impulsa el Gobierno. El ex secretario de Estado aseguró que si bien el polémico control preventivo de identidad está bien orientado es más amplio que lo propuesto por la administración de Sebastián Piñera en el marco de la denominada “Ley Hinzpeter”.

“El control de identidad propuesto por este gobierno es demasiado amplio”, señaló el gerente legal de Quiñenco, en entrevista con La Tercera.

Consultado por la norma que se tramita en el Congreso, Hinzpeter explicó que “la denominada agenda corta contempla dos controles de identidad. Uno, al ampliar el control que ya existía en el artículo 85 del Código Penal, y segundo control, enteramente nuevo y autónomo -contenido en el artículo 12-, que permite a los funcionarios policiales, “en cumplimiento de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública”, controlar identidad de mayores de 14 años en lugares públicos y privados de libre acceso al público, sin expresión de causa”.

“Bien orientada, pero creo que se debe acotar a ciertas circunstancias. La disposición que contenía el proyecto que se envió durante el gobierno del Presidente Piñera hacía precisamente aquello, restringiendo el control exclusivamente cuando la persona se hallare en ciertos lugares, llamemos delicados o que ofrecen cierto peligro de alteración para la convivencia social. Para que nos hagamos una idea, se hablaba de establecimientos de salud, instalaciones de abastecimiento y generación de energía eléctrica, agua potable o gas, instalaciones de telecomunicaciones y otros. Una plaza o una calle no cabe en tal definición y, por tanto, allí no estimo conveniente el control de identidad completamente arbitrario con eventual detención. Una medida así pudiera implementarse con registro de huella dactilar en línea”, agregó.

Para el ex ministro, el Estado debiese aplicar nuevas tecnologías en el proceso de control de identidad con el fin de evitar una detención que dure hasta cuatro horas por no portar el carnet de identidad.

“Me parece que, salvo que uno utilizara un procedimiento tipo huella dactilar, que permite efectivamente controlar en línea y en tiempo inmediato la identidad de una persona, es delicado establecer la detención o la privación de libertad, aunque sea temporal, por no portar una cédula de identidad en cualquier espacio público. O sea, si es que no se va a tener un sistema de control en tiempo real, automático y por huella dactilar, yo preferiría restringirla a ciertos espacios públicos, porque creo que en la vida cotidiana, sobre todo en la juventud, es perfectamente posible que extravíen la billetera o incluso se la hayan robado y no porten en ese momento una identificación, y que sean detenidos me parece que puede ser una carga muy pesada, que además produce un círculo vicioso a partir de la sensación de abuso que experimenta la persona inocente que es detenida por falta de documentación”, señaló.

En ese sentido, la ex autoridad enfatizó en que el gobierno tiene derecho a controlar la identidad de los ciudadanos, “pero también tiene el deber de hacerlo del modo que menos moleste a los ciudadanos, y en ese sentido, emplear tecnología me parece vital. Ahí hay un tema donde yo aprovecharía el tercer trámite o la comisión mixta para profundizar y precisar más ese asunto”.

En relación a las críticas que han hecho expertos en esta materia, asegurando que la iniciativa puede convertirse en una detención por sospecha, Hinzpeter indicó que “la democracia permanentemente pone derechos en tensión y corresponde al político complementar uno y otro. La sociedad, entendiendo al conjunto de ciudadanos globalmente, tiene derecho a vivir en seguridad y tranquilidad, por una parte; por la otra, cada persona tiene derecho a la libertad, privacidad y no discriminación. Entre esos dos conjuntos de derechos hay que promover una convivencia armónica.

El secretario de Estado enfatizó que esta norma no es “una cuestión a todo evento, ilegítima”. “Es un instrumento que la democracia y el estado de derecho liberal puede utilizar para establecer mejores estándares de seguridad ciudadana”, sostuvo.

El ex ministro se refirió además la ley de resguardo al orden público que él mismo presentó en 2011: La denominada “Ley Hinzpeter” y al polémico Caso Bombas.

“En materia de seguridad ciudadana, hubo en general desde el comienzo del gobierno un intento por plantear que se trataba de un gobierno de tipo represivo o que coartaba las libertades individuales. Ello derivó en un rechazo poco reflexivo a la que se denominó “ley Hinzpeter” y que comenzó tan pronto esa ley se envió al Congreso. También pasó lo mismo en el caso bombas. Ese caso es un ejemplo evidente de cómo el entorno político no generó un espacio de reflexión apropiado para que un tema estrictamente judicial se resolviera en esa sede y no en el debate político comunicacional. Se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, se hizo un verdadero espectáculo de lo que era una investigación judicial que, incluso, para ejemplo de aquel ambiente a que aludo, dicha causa se había iniciado por querella del ministro del Interior de la Presidenta Bachelet en su primer mandato. Se cayó en eslóganes, el único montaje fue la tesis del montaje, etc”, señaló.

En otro tema, Hinzpeter calificó como un acierto del Gobierno la decisión de ponerle urgencia al proyecto que modifica la Ley Antiterrorista. “Este asunto se ha tratado también de manera muy ideologizada. Toda democracia necesita una ley contra el terrorismo. Cualquier gobierno que ex ante declara que no la aplicará, está faltando a su deber de invocar aquel estatuto cuando concurran las circunstancias concretas. Bajo el gobierno del Presidente Piñera mejoramos aspectos bien esenciales de esa ley, por ejemplo eliminando la presunción de dolo terrorista. El derecho penal moderno no admite una presunción como la que había. Y todavía puede seguir siendo mejorada, siempre las leyes pueden ser mejoradas. Pero invocamos la ley vigente cuando nos parecía que correspondía hacerlo y estimo que actúa acertadamente el gobierno actual cuando hace lo mismo”, expresó.

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