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Era un día especial. El día en que el nuevo presidente de Chile, el primero tras el retorno de la democracia, se dirigiría al pueblo que había permitido su elección. Una ceremonia republicana en un escenario plagado de simbolismo, realizada el 12 de marzo de 1990, apenas un día después de asumir la primera magistratura. El Estadio Nacional, el mismo donde los detractores a la dictadura fueron torturados y asesinados, estaba repleto de personas que esperaban con expectación las palabras de Patricio Aylwin. Con voz rotunda, algo estentórea, intentando aglutinar en su discurso a todos los presentes, exclamó: “Este es el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo de la historia, han entregado su vida. El Chile libre, justo, democrático. La Nación de hermanos”.

La cita fue un preámbulo de lo que comenzaba a dibujarse de manera incipiente en materia de derechos humanos. “¡Nunca más! ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana! ¡Nunca más odio fratricida! ¡Nunca más violencia entre hermanos!”, vociferó.

Había en la frase un atisbo que aún no reparaba en fórmula. Una determinación sin método que quedó dando vuelta en el aire como un anhelo de esperanza. “En el Estadio Nacional se nota que Aylwin no tenía claro lo que quería hacer. Habla sobre la necesidad de la verdad, pero no hay una fórmula específica”, cuenta Jorge Correa Sutil, secretario de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

El 25 de abril, sin embargo, el tibio balbuceo en el Nacional adquiere una fisonomía concreta: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación era un hecho y fue encabezada por el destacado jurista Raúl Rettig. “Patricio Aylwin pensó, incluso, en la posibilidad de integrar personas de derecha para darle credibilidad, pero todos los militantes de partidos se negaron. Fue a la casa de Francisco Bulnes y también se entrevistó con Ricardo Rivadeneira, pero ambos, como militantes de derecha, habían tomado la decisión de no integrarse a la Comisión”, recuerda Correa Sutil.

La Comisión buscaba visibilizar y esclarecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, dentro y fuera de Chile. Hasta ese momento, los mismos jueces de la dictadura todavía estaban en la Corte Suprema, y según el mismo Aylwin, no existía voluntad de justicia para avanzar en materia de derechos humanos. Situación que planteó en el discurso de inauguración de la legislatura ordinaria en el Congreso Nacional, el 21 de mayo de 1990: “La conciencia de la nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible -conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia- y después venga la hora del perdón”, explicó.

La frase hasta el día de hoy es materia de controversia en el mundo de los derechos humanos. Para algunos fue una muestra del realismo político imperante y, para otros, una vulgar señal de impunidad.

Expectativas y realidad
La constitución de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, vista desde distintas fuentes vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, fue un paso importante debido a que por primera vez un poder del Estado, el Ejecutivo, reconocía la existencia de una política de exterminio que imperó en Chile durante el gobierno militar. La Comisión, sin embargo, reconoce la existencia de una política del terror pero no identifica a los eventuales victimarios. “Identificar a las víctimas, pero no la identidad de los victimarios es una señal nefasta para la demanda. Es algo impensable. No basta que el Estado diga lo reconozco y pido perdón”, expresa Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La medida adolece, según algunos críticos, del tema fundamental detrás del esclarecimiento de los hechos: la justicia. Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón esta es la dicotomía que representa la frase de Aylwin. “Si habla de justicia en la medida de lo posible, no está afirmando un principio ético central que es el que va a dirigir sus acciones, sino que afirma que sus acciones están condicionadas por lo que alguien defina como posible, ese es el problema medular”, explica.

Ese alguien que apunta el sociólogo no sería otro que las mismas Fuerzas Armadas, según la apreciación de Hugo Gutiérrez, abogado de Derechos Humanos y actual diputado comunista. “El dictador fue quien marcó la agenda de Derechos Humanos de Aylwin”, asegura. “Su famoso lema de justicia en la medida de lo posible no es otra cosa que una respuesta a los problemas de gobernabilidad que enfrentó. En términos prácticos significaba que iba a haber justicia y verdad sólo en la medida que lo permitieran las Fuerzas Armadas… Aylwin fue una víctima de la transición”, agrega.
Los obstáculos que otorgaba el contexto tampoco eran sorpresa para nadie. Estaba vigente una ley de amnistía, promulgada el 18 de abril de 1978, que eximía de responsabilidad a todos los autores, cómplices y encubridores durante el Estado de Sitio en Chile, entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1978.

-Aylwin sabía que no se podía en esas condiciones alcanzar la justicia porque los tribunales estaban renuentes a investigar y a sancionar. Preferían aplicar la ley de amnistía. Pero él supo desde siempre que habiendo más verdad, más justicia sería posible, y su deber moral es que hubiera más verdad con la convicción de que una sociedad que conoce esos horrores, reclamaría por más justicia- relata Jorge Correa Sutil.

Además, precisa el secretario de la Comisión, que ésta no podía hacer justicia. “Un debido proceso con capacidad para obligar a las personas a comparecer y a declarar sólo es garantizado por los tribunales. Está prohibida la constitución de comisiones especiales para juicios y no había voluntad en la justicia de avanzar en esta materia”, sostiene.

Si bien la situación política era compleja, con Pinochet como comandante en jefe del Ejército, hay quienes aseguran que la transición “no se impuso por gracia divina”. “A mí juicio se pacta para impedir que el movimiento popular tuviera protagonismo en lo que venía. Porque al pactarse esta transición, sobre pactos tácitos de impunidad, al movimiento popular se le excluyo en forma total”, argumenta la abogada de derechos humanos Carmen Hertz.

La teoría de la transición pactada, de la política de los consensos, tenía otra arista que también generó cuestionamientos: la participación en la actividad pública de los antiguos personeros del régimen militar. “Se disfrazó de demócratas a sujetos que fueron parte activa del terrorismo de Estado, como Sergio Fernández y Jovino Novoa que llegó a ser presidente del Senado. Se los trataba con más respeto que a los luchadores antifascistas”, recuerda Lorena Pizarro.

En la década de los ’90, según Hertz, se siguió aplicando la amnistía para los crímenes de lesa humanidad, se continuó ignorando a los tribunales internacionales y se mantuvo la aplicación de la prescripción. “El período de Aylwin estuvo muy por debajo de las expectativas que teníamos. Nosotros esperábamos que la justicia actuara por el impulso de los actores políticos y no por establecerla en la medida de lo posible”, sostiene Hertz.

Para Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la dictadura cívico-militar ni siquiera contaba con apoyo internacional. “Ellos pudieron haber hecho más esfuerzos, independiente de lo que se hubiese avanzado. Lo que hizo el primer gobierno en todos los ámbitos, fue legitimar lo heredado en dictadura, su modelo económico y también su impunidad. A nosotros nos pareció que faltó coraje y voluntad política”, recalca.

Los márgenes de la justicia en la medida de lo posible, para los que miran la historia desde otro ángulo, no fue una alternativa contradictoria sino realista. El secretario de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación asegura que la opción de Aylwin ayudó, en un momento en que no había ninguna posibilidad de justicia, cuando los tribunales no querían investigar y la tesis dominante era la ley de amnistía, empujar el carro en la dirección contraria. “La verdad hizo que los jueces se dieran cuenta de los horrores, hasta llegar al día de hoy, que hay condenados por la violaciones a los derechos humanos… Antes no estaba instalada la idea de que era imperativo en las transiciones hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos. El estándar era más laxo y vago”, precisa Correa Sutil.

El 8 de febrero del año ’91, Patricio Aylwin recibió los resultados de la Comisión elaborados en el Informe Rettig. Al día siguiente, asegura Correa Sutil, el entonces presidente se fue de vacaciones, dedicando todas las tardes de febrero a leerlo. “Me consta que los leyó, página a página, porque me hizo algunas correcciones editoriales muy propias de él. Luego me pidió que fuera a Cerro Castillo para contarme lo que pensaba hacer con el infome. Ahí vi a un hombre profundamente impresionado de cómo vivieron ese dolor los familiares”, cuenta.

Si bien Correa Sutil asegura que no sabe si quedó conforme con el trabajo realizado, asegura que fue una de las tareas más importantes que ha realizado en su vida. “Ayudamos a cambiar la percepción del país, convencer de que cualquiera fuera la excusa o la razón, nada justifica dar muerte a un prisionero. Eso aumentó la condena pública a la violaciones de derechos humanos y nos dejó en condiciones de asegurar que eso nunca más iba a volver a ocurrir”.
Para Carmen Hertz los fallos posteriores en materia de derechos humanos tienen otro factor detonante: la detención de Pinochet en Londres. “Le tenemos que dar las gracias a la justicia universal y los abogados de Madrid que iniciaron la investigación contra Pinochet”, asegura. Luego agrega: “Ese fue el verdadero punto de inflexión”.