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Un pequeño detalle, como sucede en tantas ocasiones de la vida, obligó a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ana Emilia Ethit, a alargar hasta este miércoles la audiencia de formalización de cargos contra el senador Jaime Orpis y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica.

Resulta que después de que la jornada ya se extendiera durante más de ocho horas, y luego de que la fiscalía pidiera prisión preventiva para Orpis y arresto domiciliario para Mujica, la defensa del parlamentario advirtió que aún no se había notificado oficialmente el desafuero.

Esta situación, obligó a la magistrado a suspender momentáneamente la audiencia para acceder al “cúmplase” de la resolución dictaminada por la Corte Suprema.

A la vuelta, Ethit informó que no había podido comunicarse con la Corte, hecho con el que se veía imposibilitada de dictar cautelares.

De esta manera, y tal como de todos modos ya lo había adelantado a eso de las 16:30 horas, la jueza daba cuenta de que para mañana miércoles quedaba pendiente el pronunciamiento sobre la petición del Ministerio Público.

El relato de los hechos

Durante la audiencia, la fiscalía, a través de los persecutores Emiliano Arias y Ximena Chong, argumentó -pruebas mediante- cómo Orpis había supuestamente favorecido los interés de Corpesca tras recibir pagos por más de 230 millones de pesos de parte de la empresa.

“Mujica accedió y pagó de manera continua entre 2009 y 2013 un total de $233.147.456, lo que promedia $4.600.00 millones mensuales, para realizar determinadas acciones propias de su cargo a favor de la empresa o en deberes fuera de su cargo”, manifestó Arias.

“Orpis propone que se simulara la prestación de servicios profesionales a través de boletas ideológicamente falsas”, añadió el persecutor para referir el modus operandi con que el senador logró que concretara el pago de recursos, platas que se cursaron a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por sus asesores y los familiares de éstos.

“El senador se encontraba a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses, interviniendo y votando pese a tener un interés directo”, advirtió el fiscal jefe de O’Higgins.

Para sostener esa aseveración, Arias expuso que “el senador Orpis recibió una serie de instrucciones y documentos que fueron reproducidos por él en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de ley”.

Junto con el delito de cohecho por las situaciones antes descritas, la fiscalía le imputó a Orpis delitos tributarios, esto tras la facilitación de 77 boletas ideológicamente falsas con las que Corpesca pudo justificar “ingresos inexistentes”.

El tercer delito por el que se acusó al renunciado militante de la UDI fue fraude al fisco, a raíz del uso de asignaciones parlamentarias por un total de $153.471.845.

Además de Orpis y Mujica, los actores principales de la trama, el ente persecutor debía formalizar a la exdiputada Marta Isasi, quien se ausentó de la audiencia al argumentar problemas de salud.

A pesar de su ausencia (será formalizada el 2 de junio), la fiscal Ximena Chong relató que Isasi “recibió instrucciones de Corpesca por parte de Mujica o de otros ejecutivos y empleados de la empresa”.

Como ejemplo de esto, dijo que “la empresa Corpesca mantuvo como aparente asesor de Isasi a don Ramón Pino Correa, quien reportaba a diario a Mujica las labores desplegadas a través de la diputada y transmitía a través de ella los intereses de la empresa”, añadiendo que Isasi actuaba como “un vehículo de los intereses de Corpesca”.