Columna: ¿Todos somos Qué Pasa?

La palabra concentración, verdadero atentado a la libertad de información, irrumpe inesperadamente en el debate. El hecho de que un par de familias controlen la propiedad de gran parte de la prensa ya no parece ser tan bien visto. Esto no debió estar en los cálculos de nadie.

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Una encuesta de la consultora Cadem publicada este domingo da cuenta que un 54% de los entrevistados considera que la querella presentada por Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa constituye un uso legítimo de su derecho a defenderse, contra un 43% que la entiende como una señal que limita la libertad de expresión. El sondeo representa un fracaso de la agresiva campaña iniciada por el Grupo Saieh y secundado por el resto de los grandes medios. En efecto, conocida la decisión presidencial la prensa reflejó una inédita unanimidad para condenar la acción judicial, presentada como un atentado a la libertad de expresión.

La ofensiva comunicacional cosechó tempranos frutos. Pero el coro uniforme de voces – varias de ellas bajo relación de subordinación y dependencia con el grupo Copesa- se rompió con la carta renuncia del periodista Fernando Paulsen, quien cuestionó los actos de censura cometidos por la propia revista al editar la información recogida de los expedientes policiales para proteger a personajes de derecha y perjudicar a Bachelet, como también los conflictos de interés de varios de los nuevos líderes de la libertad de prensa.

El clima de opinión adverso a Bachelet alentó a la revista Qué Pasa a caer en un error infantil: comparó a la mandataria chilena con Rafael Correa y Cristina Fernández -estigmatizados por la prensa latinoamericana por sus enfrentamientos con los medios- y se mofó de sus declaraciones formuladas tras la divulgación del caso Caval. Este acto es una verdadera confesión del propósito político del medio, que no es otro que minar la autoridad de Bachelet.

Los argumentos de autoridad abundan por estos días. La declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que alerta sobre un “abuso de poder” ha sido citada hasta el hartazgo como si se tratara de un ente imparcial, de una suerte autoridad moral. La SIP, organización que agrupa a los dueños de diarios y revistas de América, ha dado dura batalla en el continente a las leyes que buscan limitar la concentración y democratizar los medios. No sólo eso, en 2014 no dudó en identificar como amenaza a la libertad de expresión en Chile a … la ley de etiquetado de alimentos.

El más reciente comentario editorial de La Tercera – también de Copesa, por si las dudas- invocó los “principios básicos del funcionamiento de los medios en una sociedad abierta y pluralista”. Es interesante constatar que la apertura y el pluralismo no es tan amplio como para representar la opinión de aquel 54% que, según la encuesta citada, no le convence el discurso sobre el ataque a la libertad de expresión contra una de las revistas de un banco.
Pero más de alguien debe estar preocupado. La palabra concentración, verdadero atentado a la libertad de información, irrumpe inesperadamente en el debate. El hecho de que un par de familias controlen la propiedad de gran parte de la prensa ya no parece ser tan bien visto. Esto no debió estar en los cálculos de nadie. Mucho se repitió que la querella presidencial fue un error. Es posible. Pero el intento, en franca caída, de fabricar una causa nacional en torno a Qué Pasa puede costarle a cierta minoría una derrota que puede ser dolorosa.

* Abogado

Comentarios
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