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La jornada de ayer jueves fue sumamente complicada para el desaforado senador Jaime Orpis. La justicia decretó su prisión preventiva, teniendo que cumplir dicha medida cautelar en el anexi cárcel Capitán Yáber mientras dura la investigación del denominado caso Corpesca y el financiamiento irregular de campañas.

Hoy viernes en entrevista con La Tercera, la fiscal que ha llevado el caso, Ximena Chong, realizó un balance de lo que ha sido la investigación contra Orpis y lo que viene de aquí en adelante.

“Más que marcar un precedente, creo que la resolución de la corte es muy contundente. Hace relación a un caso concreto y se hace cargo de manera bastante clara y fundada respecto del concepto de peligro para seguridad de la sociedad y también del concepto de la gravedad de los delitos de corrupción, en donde efectivamente el fallo dice que estos delitos son graves y esa gravedad no debe medirse tan solo desde el punto de vista de la pena articulada, sino que debe medirse también en razón de las características del delito de corrupción en particular de la persona que, en este caso, es un funcionario público”, comienza diciendo la persecutora.

En cuanto a los problemas de salud que ha tenido el gremialista, Chong sostuvo que “nosotros entendemos que el Estado de Chile es responsable de la salud de todas las personas, cualquiera sea su condición o características cuando éstas están privadas de la libertad y, por lo tanto, él tiene derecho a recibir las atenciones de salud que corresponda donde permanezca recluido”.

Sin embargo, recalcó que aquella “no es una razón suficiente para haberlo marginado de la medida cautelar sino que simplemente tendrá que tener las atenciones correspondientes proporcionadas y facilitadas por Gendarmería”.

En otros pasajes de la conversación, la fiscal reconoció que “el cohecho efectivamente tiene penas bastante bajas, en este caso el cohecho agravado -artículo 248 bis- dice que la pena parte de los 541 días hasta los 3 años. De ahí hay que aplicar la regla de reiteración que puede llevarnos a una pena de hasta 5 años y un día. El delito de fraude parte en 5 años y un día y de nuevo habría que hacer el ejercicio de alzar la pena en uno o dos grados por efecto de reiteración. Y el delito tributario tiene el mismo marco penal que el delito de cohecho, por tanto, hay que hacer el mismo ejercicio”.

Añadió que “en esa lógica lo que nosotros hemos planteado es que efectivamente existe un riesgo real de que la pena que se le imponga en el escenario del juicio oral al senador, es una pena efectiva y, por lo tanto, va a tener que cumplir esa pena privado de libertad”.

En cuanto al futuro, Chong fue clara al señalar que descartan un juicio abreviado desde la Fiscalía. “Nosotros hemos trabajado pensando en que efectivamente es un caso que vamos a llevar a juicio oral”, precisó. Argumentó su postura en que la defensa de Orpis “no reconoce participación en ninguno de los delitos, ni siquiera los reconoce como configurados. Este ha sido su planteamiento, el que ha sido rechazado en el desafuero en el tribunal de garantía y ahora por la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un caso que va a juicio oral y efectivamente el defensor Carlos Cortés señaló un hecho que no es efectivo, que habría algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público”.
“Es absolutamente falso” que el Ministerio Público le ofreciera un procedimieto abreviado, advirtió.

Pensando en el caso de manera general, adelantó que “estamos preparando las solicitudes de formalización respecto de varias personas, todas ellos ya han prestado declaraciones ante el Ministerio Público en calidad de imputados y también han sido mencionados a propósito de la formalización y en las discusiones de las medidas cautelares”, cerró.