Asociaciones de funcionarios de Gendarmería recurrirán a la Corte por tope de jubilaciones

Fue el 9 de junio pasado cuando la Contraloría emitió un dictamen que fibajaba las pensiones de los funcionarios de Gendarmería de Chile en un máximo de UF 60. Esto con el fin de regular los altos montos que recibían ex trabajadores de la institución por concepto de jubilación.

Con el fin de evitar que se declare ilegal la obtención de pensiones que superen ese monto y se siga calculando a partir de lo establecido por la normativa vigente (Ley 19.195), dos asociaciones de funcionarios de dicha institución anunciaron que recurrirán este miércoles ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esto ocurre en medio del revuelo que esta semana generó en el mundo político la pensión de más de $5 millones que, según radio BíoBío, recibiría la esposa del diputado Osvaldo Andrade como ex funcionaria de dicho organismo.

El abogado que representará tanto a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) como a la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Roberto Garrido, sostuvo a La Tercera que el motivo de esta ofensiva “radica en que las pensiones de Gendarmería están afectas a un estatuto distinto, donde el contralor de la República, en el dictamen del 9 de julio, no le reconoce a la entidad”.

En esa línea, agregó que “en 1993 se legisló una ley específica para la institución, en el cual asimilan sus pensiones a la del personal de Carabineros de Chile, en cuanto su régimen previsional, por lo que se les adscribe a Dipreca. Otro tema, es que ellos están afectos a un régimen impositivo que es superior a cualquier funcionario público, pues están cotizando, en promedio, un 20% más que de lo que le descuentan a Carabineros”.

El jurista explicó que los funcionarios de Gendarmería no deberían tener tope en sus jubilaciones “porque también cotizan más que cualquier empleado público o privado en la AFP. Es por ello que también optan a pensiones mayores, y eso es una cuestión que no ha estado en análisis del dictamen del contralor y es lo que vamos hacer presente a través del recurso de protección”.

Recordemos que la UDI ofició al Ministerio de Justicia por el caso de Myriam Olate, la esposa de Andrade, con el fin de conocer detalles de sus labores y remuneraciones.

“Es una canallada de la UDI. Si me quieren afectar a mí, díganmelo a mí, pero recurrir a mi familia es lo más condenable, lo más canalla que puede haber en la política”, señaló Andrade.