La hora de Horvath

El pasado lunes 11 de julio, exactamente un día despues de la transmisión del programa Informe Especial donde se revelaron supuestos pagos de la agrupación de pesqueras del sur austral chileno, Fipes, al hoy diputado por Aysén y exvocero del Movimiento Social de esa zona, Iván Fuentes, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación de oficio para indagar eventuales hechos constitutivos de delitos.

Según informó el propio Ministerio Público, Abbott incluyó en dicho oficio a los senadores de esa misma región, el DC Patricio Walker y el independiente (ex RN) Antonio Horvath, quienes también fueron nombrados en el reportaje de TVN; el primero como gestor del financiamiento enviado por Fipes a Iván Fuentes, y el segundo por la inclusión de una ejecutiva de esa firma como su asesora mientras se discutía la también llamada “Ley Longueira” en la comisión de Pesca.

Sobre esto último, el senador Horvath, quien se desempeñó como presidente de la Comisión de Pesca y luego como presidente de la Comisión Mixta que despachó dicha ley, señaló en ese mismo programa y posteriormente a otros medios que la inclusión como asesora de la gerente general de Fipes, Valeria Carvajal, fue “para que todos pudiesen participar en la comisión, pudieran entrar a la sala y levantar la mano si es que reconocían una condición como asesores nuestros”.

Sin embargo, la aparición de Carvajal en la comisión no fue en una sola sesión sino que en varias oportunidades y no siempre como asesora del senador Horvath. Según consta en las actas de la comisión del Senado, Carvajal asistió en total ocho veces a la comisión durante la tramitación de la Ley de Pesca, y al menos otras tres veces ese mismo año durante la tramitación de otros proyectos vistos por esa misma comisión.

En todas las ocasiones anteriores, tal como consta en las actas de sesiones, Carvajal es incluida en el listado como ejecutiva de Fipes. Es más, tres meses antes de su inclusión como asesora de Horvath, la misma Valeria Carvajal expuso en dicha comisión como representante de la Federación Gremial de Industrias Pesqueras de la Macro Zona X, XI y XII Regiones, junto a representantes de Sonapesca (Sociedad Nacional de Pesca) y Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros A.G.)

Consultado por CNN Chile al respecto, Horvath señaló que no era un error haber inscrito a una representante de las grandes pesqueras como su asesora, dijo que era una “situación extraordinaria”, que no estaba normada y que existió un acuerdo de la comisión “y yo como presidente de la comisión pido que se haga la entrada de estas distintas personas y sobre todo de organizaciones. Y es la manera de poder equilibrar una ley que tiene intereses contrapuestos”.

“Ella no es mi asesora, para que ellos pudieran entrar a la comisión y levantar la mano, debían figurar como nuestros asesores. Voté en libertad, yo me opuse a la ley Longueira y la logré cambiar dentro de mis posibilidades en el Senado”, dijo el senador en Informe Especial.

Tal como había mencionado Horvath, para la participación de personas u organizaciones ajenas al Congreso no existe una norma y su presencia puede ser parte de una acuerdo con los demás miembros de cada comisión. Sin embargo, desde la administración del Senado prefirieron no referirse a si era prudente inscribirla como asesora si en otras oportunidades ya había participado como invitada y representando a su propia organización.

El rol de Ciudadano Inteligente

Desde marzo de 2015, la Fundación Ciudadano Inteligente ha presentado querellas contra todos los políticos investigados en los casos de financiamiento ilegal de la política. La única excepción fue el excandidato presidencial Laurence Golborne, quien supuestamente cometió estos ilícitos cuando ya no era funcionario público.

Para todas esas acciones legales la fundación ha sido representada por el estudio Estudio Horvath, Daza, Farachi & Orthusteguy abogados, quienes han solicitado pericias y han litigado en los casos Penta, Soquimich y Corpesca. Logrando una importante participación en el debate legal y visibilidad en los medios de comunicación.

El problema es que para este nuevo caso, que ya está en manos de la fiscalía regional de Aysén, el estudio podría tener una serie de conflictos de interés. El primero y más notorio es que entre sus socios integrantes está una hija del senador Horvath, Valentina; y su yerno, el abogado Mauricio Daza.

Este último, quien incluso se ha enfrentado públicamente con la Fiscalía Nacional en las audiencias de los casos Penta y SQM, tiene además un vínculo contractual como asesor externo del senador por Aysén en reiteradas oportunidades durante los últimos años.

Entre ellas destaca una ocurrida precisamente en medio de la discusión de la Ley de Pesca registrada en diciembre de 2012 en el portal de Transparencia del Senado sobre dos materias: “indicaciones pesca y presupuesto / proyecto que modifica loc. Min Público en transparencia de gestión”. Por este motivo, el jurista recibió 1.090.000 pesos. Daza, a través del estudio, también es querellante en Corpesca.

Consultados por este punto, desde la Fundación Ciudadano Inteligente, su director ejecutivo, Pablo Collada, explicó a este medio que “si se encuentran antecedentes suficientes de que efectivamente se recibieron recursos ilegales que derivaron en acciones de cohecho, digamos que realizaron acciones valiéndose de sus cargos públicos en favor de quienes los financiaban ilegalmente o ilícitamente, bueno, pues ahí tendría que haber una querella por nuestra parte”.

“No tenemos mayores consideraciones sobre si es primo, compadre, compañero, suegro de la persona que sea. Y en estos términos nuestra relación con nuestro equipo de abogados, que es un equipo diverso, tiene esa línea. Y ese fue un acuerdo que hicimos desde el principio y que si en su momento cayéramos en la cuenta de que existe un conflicto, estas son suposiciones, primero tendríamos que tener todos los antecedentes y luego ya procederíamos de la manera en que consideramos que fuera lo más clara y transparente posible y sin ningún tipo de potencial conflicto”, señaló Collada.

El representante de la fundación dijo no tener más antecedentes sobre la asesoría a Horvath en la tramitación de esta ley, pero agregó que el fin de su organización es actuar de manera transparente y con toda la información.

“Por eso tenemos un equipo de tres abogados diferentes, cada uno con un enfoque particular. Pero yo te diría que si consideráramos que en algún momento existen antecedentes que pudieran hacer que nuestras acciones legales que por así decirlo ‘sonaran mal’, al final nosotros promovemos esto: acciones transparentes, bajo un código de transparencia y de apertura y evidentemente vamos a ser cuidadosos con todo lo que venga de aquí para adelante”, dijo Collada.

Sin embargo, los otros dos abogados de la Fundación son Pedro Orthusteghy y Carlos Hidalgo, socio y miembro del equipo del estudio liderado por Daza, respectivamente. Esto no fue impedimento para que ambos litigaran a favor de Ciudadano Inteligente, a pesar de que entre el 20 de abril y el 28 de agosto de 2015 Horvath también era investigado en la causa, debido a una querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez contra todos los miembros de la comisión de Pesca de la época en el Senado.

Consultado por este medio por ese vínculo, el abogado Mauricio Daza señaló que “la decisión sobre la presentación de querellas la adopta el directorio de la Fundación, en el cual yo no participo, bajo criterios ya establecidos y aplicados en casos previos, los cuales que se deben respetar, caiga quien caiga”.

“En el caso del cohecho, corresponde presentar querella si existen antecedentes sobre la petición o pago de aportes ilegales en beneficio de un parlamentario o funcionario público, instrucciones entregadas por quien realiza el pago ilícito para que la autoridad realice alguna actuación en su beneficio, y el cumplimiento de lo requerido”, dijo el abogado.

Además, el jurista aseguró que no va a participar en la arista FIPES “ya que creo que no corresponde dado que el Senador Horvath es mi suegro, y solo en la medida que mi intervención podría ayudar a generar un manto de dudas sobre el trabajo de la Fundación en esa causa. Además, yo soy parte de un equipo de trabajo que integran varios abogados, quienes seguirán ese caso bajo los parámetros fijados previamente. En las demás aristas continuaré participando normalmente”.

“La Fundación siempre ha estado al tanto de mi vinculo con el Senador Horvath y del hecho que yo lo asesoré en el envío de indicaciones a la Ley de Pesca, las que básicamente tenían como objetivo establecer que los recursos pesqueros son del Estado, prohibiendo la constitución de derechos de propiedad sobre ellos en favor de los privados, además de prohibir la pesca de arrastre y crear de un fondo social para el sector artesanal”, agregó Daza.

Causa trasladada a Aysén

A pesar de ello, la actuación de Walker y sobre todo Horvath en la tramitación de esta ley, sigue bajo la lupa. Tras abrir la causa contra Fuentes, Walker y Horvath, la Fiscalía Nacional decidió reasignar dicha investigación apenas 72 horas después de iniciarla, traspasando la causa desde la fiscalía regional de O’Higgins, a cargo del fiscal regional jefe Emiliano Arias, a la fiscalía regional de Aysén, con el fiscal regional jefe de esa zona a la cabeza, Pedro Salgado.

La decisión fue tomada, según lo que relató la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, porque “se dio cuenta de la necesidad de operar en distintas regiones, tanto por los domicilios de las empresas como por las conductas mismas que se habían desarrollado en el marco de estos hechos”.

Esto, sin embargo, a pesar de que Arias lidera el equipo que lleva adelante la investigación del caso Corpesca, donde además cuenta con la fiscal jefa de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien lidera el caso desde julio de 2015, cuando fue nombrada por el exfiscal nacional, Sabas Chahuán.

Antes de ser reasignada a la fiscalía de Aysén, Arias alcanzó a ordenar algunas diligencias. Entre ellas, un oficio enviado al Senado solicitando toda la información relativa a la votación, informes, citaciones e intervenciones de no sólo Walker y Horvath sino que de todos los integrantes de la Comisión de Pesca de los últimos años.

En ese contexto, el senador independiente señaló que su intervención en la ley fue justamente en dirección contraria a la postura de los industriales, como la de Fipes, y que sus indicaciones a la ley -elaboradas por Daza- iban destinadas a prohibir la pesca de fondo en ecosistemas marinos vulnerables y la protección de especies marinas y algas, entre otras.

Consultados por este medio, desde la fiscalía regional no quisieron hacer comentarios porque están proceso de recolectar antecedentes.

Horvath: “Todos los que participamos deben ser investigados”

En tanto, el senador Horvath, en conversación con The Clinic Online, recalcó que los asesores formales del Congreso son pagados y se lleva registro de ellos y reiteró que durante la tramitación de esa ley llevó para participar en la comisión de Pesca a representantes de los sindicatos pesqueros, pymes, de ONG medioambientales como Oceana, Greenpeace y Terram, además de representantes de la industria, entre otros. “No hay contratos ni vínculos”, dice.

“De esas indicaciones (las que recibió por correo de Valeria Carvajal) digo lo mismo que dije a Informe Especial: recibo centenares. Ante la pregunta, y cómo no dan la posibilidad de revisar, yo dije que voté a consciencia. Y así fue, no puedo decir otra cosa. Y después averigüé y había votado exactamente en el sentido contrario”, señala.

Horvath agrega que incluso en esa oportunidad denunciaron ataques en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso y en Puerto Montt contra el ingeniero pesquero Bernardo Caro, quién también fue inscrito como asesor suyo durante la tramitación de la Ley de Pesca. Según el senador, Caro actuó como puente con la Condep (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile).

El parlamentario dice que recibió el apoyo de organizaciones medioambientales el mismo día de la emisión del programa de TVN, respaldando su actuar durante el debate de la ley, y dice que debe investigarse a todos los parlamentarios que incidieron en su tramitación, incluidos los de la Cámara de Diputados.

Sobre las indicaciones de Daza, abogado de la Fundación Ciudadana Inteligente, dice que él efectivamente le envió indicaciones como parte de su trabajo como asesor legislativo, pero éstas “son todas en una gran mayoría opuestas a la Ley Longueira, que en términos muy didácticos y resumidos fue producto de una acuerdo entre los pescadores industriales y artesanales. El acuerdo era darle permiso indefinido a perpetuidad a los industriales a cambio de subirle el porcentaje de cuotas a los artesanales”.

“Yo creo que la ley está deslegitimada con los antecedentes que tenemos después, de que hay gente que fue instruida para votar por aquí por allá. Y eso la única manera, por lo menos que yo conozco de revertirlo, es hacer la ley de nuevo, de modo que se metan todos los temas. Pero ahí el Ejecutivo tiene que jugar un rol relevante, sino nos quedamos sin institucionalidad”, dice Horvath.

Por último, el senador señaló que todos los antecedentes de su actuación están disponibles y que es partidario de que se revise en ambas cámaras del Congreso porque “en el Senado incluso nosotros le ponemos, en términos náuticos, la proa a esta ley, porque antes no tenía licitaciones, porque era una trampa, porque subieron porcentajes de cuotas de especies que vienen todas a la baja y en el fondo era un pésimo negocio”.

“Yo creo que todos los que participamos deben ser investigados. Todos, todos. Yo no tengo ningún drama ante la ley y ante tribunales somos todos iguales. Ojalá que se investigue todo a fondo para despejar una serie de mantos de dudas y la cosa quede clara”, aseguró.