Columna: Las privadas y la reforma educacional

Columna: Las privadas y la reforma educacional

Como dirigentes estudiantiles tenemos la convicción de que las peleas hay que darlas hasta el final y que peleamos por ganar. Que en este segundo tiempo legislativo de la reforma es fundamental tiene sentido en la medida que se abra el diálogo y que los actores de la educación viabilicemos de manera articulada la posibilidad de establecer cambios estructurales.

Segunda marcha por la educación *Por Alejandra Avendaño, vicepresidenta Federación de Estudiantes de la Universidad Santo Tomás; y Carolina Figueroa Cerda, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales. A diferencia de otros años, este 2016 las movilizaciones estudiantiles regresaron con fuerza a lo largo y ancho del país y con la particularidad que han tenido como protagonistas a los y las estudiantes de las universidades privadas. Esa situación hacía pensar que la reforma a la educación superior tendría la preocupación por las problemáticas que aquejan a dicho sector. Sin embargo, desde la organización de las privadas vemos con preocupación que ello no sucedió. El proyecto de ley de reforma a la Educación Superior ha sido criticado por los distintos actores del mundo educacional: rectores, estudiantes, parlamentarios, trabajadores de la educación, intelectuales, entre otros. Todos habiendo entregado sus propuestas al gobierno, pero que el Gobierno decidió ignorarlas y presentar un proyecto de ley ambiguo y con un claro sesgo hacia la consolidación del mercadoen educación, como lo demuestra el hecho de que aún se permitan relaciones entre universidades y las sociedades comerciales ligadas a sus socios, de acuerdo con un artículo de CIPER. ¿Qué significa que se consolide el mercado en la educación superior? La Universidad Santo Tomás es un buen ejemplo para explicarlo. Cuando las instituciones educacionales se rigen por principios de mercado su principal razón de ser no es contribuir al desarrollo nacional, sino aumentar sus utilidades. Este es un aspecto en el que requerimos definiciones claras: la existencia de empresas educacionales entra en directa contradicción con la necesidad de desarrollar proyectos educativos de excelencia y que aporten al desarrollo de la sociedad. La UST no solo es sospechosa de lucrar, sino que también estafó en Talca a estudiantes que cursaron la carrera de “Investigador Criminalístico”. Más aún, por razones estrictamente económicas, la UST decidió cerrar la sede Grajales en Santiago y trasladó a gran parte de los estudiantes a la sede Ejército. El resultado ha sido una evidente pauperización de la vida universitaria, marcada actualmente por un hacinamiento tal que 7.400 estudiantes realizan sus actividades académicas en 89 salas, es decir un promedio de 83 estudiantes por sala, mientras su capacidad es para 40 estudiantes por sala o en el mejor de los casos para 60. Estos son sólo algunos ejemplos de las consecuencias que trae actualmente un sistema educacional regido por el mercado, y que por tanto fomenta la existencia de empresas educacionales. Ahora bien, ¿qué aspectos del proyecto de reforma del Gobierno nos permiten afirmar que consolida el mercado en educación? En honor al espacio, abordaremos dos elementos. En primer lugar el proyecto no contempla una reconstrucción y expansión de la educación pública, aspecto que debiese ser central. Establece que las únicas instituciones públicas son las estatales, ignorando el rol de por ejemplo las universidades laicas del CRUCh, con lo cual se estrecha la concepción de “lo público”, y no compromete una expansión de la matrícula de esas universidades. Esto tiene consecuencias de segregación preocupantes. La injusticia que caracteriza al sistema educacional actual produce que solo un pequeño grupo de estudiantes tengan derecho a acceder a la educación pública, mientras la gran mayoría debemos vivir los abusos cotidianos de las empresas educacionales que no aseguran un nivel adecuado de calidad y mucho menos de contribución al país mediante investigación y extensión. Al representar la educación pública solo un 15% del total de la matrícula de la educación superior, se convierte automáticamente en un espacio reservado exclusivamente para aquella elite que tenga la oportunidad de estudiar en colegios de elite y por tanto obtener un puntaje alto en la PSU, expandir la educación pública es democratizarla y que no se nos obligue a ingresar a instituciones que ven nuestra capacidad de endeudamiento antes que la preocupación por la formación. En segundo lugar, el proyecto no incorpora un marco regulatorio adecuado al cual deba restringirse el funcionamiento de las instituciones. Un marco regulatorio deseable tendría como objetivo fundamental asegurar que el principio que organice al sistema educacional no sea la competencia y la maximización de utilidades. Nuestro país requiere que se elimine el derecho a estafa que actualmente tienen los empresarios de la educación, que existan títulos que tengan algún valor al momento de buscar trabajo y, en definitiva, que cuente con universidades que deban comprometerse con el desarrollo país. Un marco regulatorio de esas características permitiría establecer esas y otras condiciones de existencia que toda institución deba cumplir. Al mismo tiempo, debería contemplar los pasos a seguir en caso que no sea respetado y se cierren instituciones, ofreciendo a los estudiantes afectados al menos la posibilidad de ingresar automáticamente a la educación pública. En definitiva, el proyecto de reforma a la educación superior, al no reconstruir y expandir la educación pública ni establecer un marco regulatorio suficiente, consolida las lógicas de mercado en educación. Se reduce la noción de educación pública solamente a lo estatal, se proponen normas regulatorias débiles, y se asegura financiamiento público, vía beca de “gratuidad” y Crédito con Aval del Estado, para las empresas educacionales (entre 2006 y 2015 la UST recibió 282 mil millones de parte del fisco solo por concepto de CAE). Esto último, por cierto, no es sorpresivo cuando se tiene en cuenta que en el gobierno y la coalición que lo sustenta existen insignes personeros de los empresarios de la educación. Como dirigentes estudiantiles tenemos la convicción de que las peleas hay que darlas hasta el final y que peleamos por ganar. Que en este segundo tiempo legislativo de la reforma es fundamental tiene sentido en la medida que se abra el diálogo y que los actores de la educación viabilicemos de manera articulada la posibilidad de establecer cambios estructurales. Nuestra radicalidad debe ser la masividad, amplitud y unidad de las comunidades educativas que apuesten por hacer de la educación un derecho. Con el objetivo de construir un sistema de educación superior mayoritariamente público y que cuente con un marco regulatorio para las instituciones privadas que sigan existiendo.   *Por Alejandra Avendaño, vicepresidenta Federación de Estudiantes de la Universidad Santo Tomás; y Carolina Figueroa Cerda, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales.
Comentarios
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