Presidente de la Fundación Pinochet ocupa El Mercurio para defender la Constitución urdida en Dictadura

Hernán Guiloff Izikson, presidente de la Fundación Pinochet, escribió una carta a El Mercurio, un día después de un nuevo “11”, para salir en defensa de la Constitución urdida en dictadura.

“Tras cumplirse un nuevo aniversario del pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973, es justo reconocer los valores de dicha Constitución y su contribución al progreso de Chile en estos más de cuarenta años de vigencia”, apunta Guiloff.

Por ejemplo, afirma que con la cuestionada carta magna, se permitió “el traspaso pacífico del poder desde el Gobierno Militar a un Gobierno Civil elegido democráticamente”.

También dice que “en su articulado permanente, la Constitución de 1980 estableció una nueva institucionalidad de plenitud democrática que protege los derechos, garantías y libertades personales del modo más amplio que nuestro país haya conocido. Algunos de ellos no habían sido nunca contemplados en ordenamientos constitucionales y otros fueron reforzados en su alcance”.

Sostiene que “otra creación de esta Carta Fundamental es el Recurso de Protección, para hacer efectivos esos derechos, y el fortalecimiento del recurso de amparo, en términos muy superiores a toda la normativa anterior”.

Para Guiloff, “la Constitución sentó las bases para la modernización del país y para el establecimiento y avance de políticas sociales y económicas en directo beneficio de todos los chilenos, especialmente de los más necesitados”.

“La opción por una economía social de mercado con un Estado subsidiario fue una fórmula que la experiencia mundial ha confirmado como la más eficaz, ya que crea las condiciones para el ejercicio de la responsabilidad individual, estimulando de esta forma la creatividad, el crecimiento de la economía y la paulatina erradicación de la pobreza. En esa referencia, cada gobierno deberá colocar las prioridades de su política económica, formulando con coherencia las políticas públicas específicas”, escribe.

Respecto del orden político, afirma que “dotó al Presidente de la República de las facultades necesarias para gobernar y administrar el país, como lo habían requerido con insistencia todos los Jefes de Estado con anterioridad a 1973. Frente a este fortalecimiento del Ejecutivo, no alterado por las diversas reformas, la Constitución del 80 estableció un conjunto de equilibrios y contrapesos para evitar que la reforzada autoridad del Ejecutivo pudiere derivar en menoscabo de las libertades. Entre estos contrapesos está el Congreso, que es el principal elemento de equilibrio, pero no es el único. También existen otros: el Poder Judicial independiente, el Tribunal Constitucional no sometido ni al Gobierno ni al Congreso, la Contraloría General de la República con rango constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones con mayoría técnica, y el Banco Central autónomo”.

Para cerrar, argumenta que “el paso del tiempo permitirá que se abra camino a la serenidad y a la imparcialidad, para analizar los aciertos de la Constitución de 1980 y para valorar su efectiva contribución a la paz, la estabilidad y al desarrollo del país”.