Gobierno rechaza de lleno posible indulto a violadores de DD.HH: “No está en carpeta ni en idea”

Durante la jornada de este martes, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, rechazó de lleno el hecho de debatir un posible indulto en los bullados casos de violación a los derechos humanos ocurridos en Chile.

Según consigna radio ADN, el ex embajador de Chile en Argentina manifestó y aclaró que “el Gobierno no tiene en carpeta, ni en idea y descarto absolutamente que nosotros estemos siquiera pensando una posibilidad de un indulto en materia de Derechos Humanos”.

En esa línea, el ex diputado afirmó que la postura de la Presidenta Michelle Bachelet así como también de su equipo “en esta materia ha sido siempre la misma, será siempre la misma: memoria, verdad, justicia y reparación en materia de violación a los Derechos Humanos”.

En paralelo a los dichos de Díaz, la Cámara de Diputados comenzó la discusión en Sala de la indicación que busca asegurar que los condenados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura cumplan la totalidad de sus penas en la cárcel, en el marco del proyecto que modifica las condiciones para acceder a la libertad condicional.

El autor de la norma, diputado Leonardo Soto (PS), señaló que “se trata de hacerse cargo de los delitos más graves que existen, cometidos en un período muy particular por agentes del estado en completa impunidad, período en el que no funcionó la democracia, no había estado de derecho ni tribunales independientes que protegieran a los ciudadanos”.

Agregó que “por tanto se le debe dar un tratamiento distinto a lo que es distinto, en este caso a los beneficios a los que pueden acceder los reos comunes y lo que corresponde para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Ellos tendrán que cumplir su condena hasta el ultimo día en prisión”.

La indicación enumera una serie de delitos por los que han sido condenados violadores de DD.HH, -como homicidio, secuestro o aplicación de tormentos-, para cuyos casos se prohíbe la libertad condicional si concurren además otras dos circunstancias: que los hechos punibles ocurrieran entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que los responsables actuasen como agentes del estado o “con la aquiescencia, consentimiento o instigación de uno”.

“De esa forma se asegura que los actuales condenados cumplan la totalidad de la pena en prisión, y para el futuro, establecimos que los delitos de lesa humanidad, que ahora están definidos por compromisos internacionales que ha suscrito Chile y aprobados por una ley dictada hace algunos años, también van a tener el mismo tratamiento”, concluyó el legislador.

Se espera que la indicación, junto con el resto del proyecto, sea votada en la sesión de Sala de este miércoles, para luego pasar al Senado en tercer trámite.