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21 de Mayo de 2017

Pacogate: Imputado afirma que senador Harboe habría recibido gastos reservados cuando fue subsecretario de Carabineros

El nombre de Harboe surgió en la declaración de otro de los cabecillas de la banda que por años sustrajo fondos de manera irregular en la institución uniformada y que asegura que en la época de Pizarro Konga, Harboe fue uno de los personeros que, junto al alto mando, recibió recursos provenientes de los gastos reservados. Consultado por el tema, el senador Harboe aseveró a The Clinic Online que ello “no es efectivo”.

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En 2001, el General (R) Julio Pizarro Konga asumió como director de Finanzas de Carabineros, cargo que desempeñó por cinco años. En 2002, 12 meses después del ascenso de Pizarro Konga, el entonces Presidente Ricardo Lagos nombró como subsecretario de la institución al hoy senador Felipe Harboe, quien el año 2006 fue sucedido en el cargo por la actual consejera del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco.

Tanto Blanco como Harboe han sido mencionados como receptores de gastos reservados de la institución uniformada, dinero que se entrega en efectivo y cuyo destino es, por ley, secreto, en el marco de la indagatoria por el millonario fraude en Carabineros.

En el caso de Blanco, su nombre fue entregado por el líder de la llamada Mafia de la Intendencia, Flavio Echeverría Cortez, en la estrategia judicial de colaboración efectiva. Echeverría entregó una lista del año 2007, donde figura Blanco y que aparece firmada por el coronel (r) Marcelo Zúñiga Bestard quien dijo a The Clinic Online que el papel no correspondía a un documento elaborado por él. Sin embargo, no ahondó en la información contenida en la nómina.

El nombre de Harboe, en tanto, surgió en la declaración de uno de los cabecillas de la banda que por años sustrajo fondos de manera irregular en la institución uniformada y que asegura que en la época de Pizarro Konga, Harboe fue uno de los personeros que, junto al alto mando, recibió recursos provenientes de los gastos reservados. Consultado por el tema, el senador Harboe aseveró a The Clinic Online que ello “no es efectivo”, versión que debe ser contrastada con lo que declare Pizarro Konga, quien distribuía estos fondos en aquel entonces dado su cargo y que ha aparecido en al menos dos testimonios como uno de los personeros que fue partícipe en sus orígenes del desfalco.

Según la declaración del coronel Arnoldo Riveros, el General Pizarra Konga no figuraba en los listados de dineros a a repartir porque el mayor Nelson Valenzuela le pasaba en efectivo el 80% de los recursos robados. Valenzuela, en tanto, ha dicho que Pizarro Konga tenían el contacto en Hacienda de Hugo Zuñiga Pailamilla, una de las piezas clave en el desvío de fondos.

Fuentes de la institución que han ejercido funciones en Finanzas, sin embargo, precisan que sí se destinaron fondos reservados a las autoridades que estuvieron a cargo de Carabineros, pero que no existen antecedentes para sostener que ello podría constituir un sobresueldo, que es la tesis que han esbozado los formalizados por el fraude. Más aún, en la Institución apuntan a que lo más probable es que se esté ante una estrategia distractiva de parte de los funcionarios acusados de corrupción con el objetivo de lograr la “colaboración efectiva” que les permitiría evitar la cárcel a costa de “ensuciar” a otros personeros, aún sin contar con pruebas para ello.

En esta línea, los inculpados han apuntado a que los recursos entregados por la vía de gastos reservados podrían haber tenido un destino diferente al que inspira la ley, pero los inculpados, hasta ahora, no han entregado pruebas al respecto. Echeverría, por ejemplo, sólo ha hablado de que parte de los dineros se han usado para la compra de regalos de navidad o de relojes para los generales en retiros y que esta práctica se habría extendido por años.

Por estos antecedentes, se designó a la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, ante quien ya ha declarado Echeverría –que aportó 3 pendrive durante su interrogatorio- y el coronel Jaime Paz.

En cualquier caso, la cifra de gastos reservados es ínfima respecto del total de recursos extraídos de forma ilegítima en Carabineros y que superaría los $25 mil millones. Aún se desconoce dónde fue a parar la mayoría del dinero robado, ya que entre propiedades y adquisiciones de los imputados aún no se suman los recursos que, hasta ahora, aparecen sustraídos de forma irregular. De hecho, los imputados aún no precisan cuáles eran los criterios con que los líderes de la banda se repartían el dinero en efectivo.

Lo que está claro hasta ahora, según los antecedentes revelados por el fiscal Eugenio Campos en un escrito al que tuvo acceso este medio, es la forma en que operaba la banda en la Intendencia. “La asociación podía usar a su conveniencia las distintas cuentas corrientes, traspasando fondos de unas a otras, ocultando de esta forma los dineros que habían sido retirados. Así, la asociación se conformaba tanto con funcionarios públicos como privados o civiles, los cuales utilizaban sus conocimientos y posición dentro de la Dirección de Finanzas, con el objeto de sustraer de forma sistemática e indebida, directa o indirectamente, recursos públicos que eran derivados a otros miembros o colaboradores de la asociación para finalmente llegar a los peculios personales de los líderes de la misma”, consigna.

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