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Nacional

25 de Octubre de 2017

Las primeras escolares que crearon un protocolo de acoso sexual en Chile

En diciembre de 2016, cinco estudiantes del Manuel de Salas, desplegaron un cartel en el colegio denunciando acoso sexual reiterado por parte de un profesor. El caso dividió a la comunidad: algunos apoyaron, otros acusaron exageración. Mientras al docente se le abrió un sumario, los estudiantes se encontraron con un desolador panorama: ni el colegio, ni la comuna, ni el ministerio de Educación cuentan con un protocolo sobre el acoso sexual para secundarios. Esta falta de iniciativa los motivó a crear el primer documento de este tipo redactado por escolares. “El acoso corresponde a un tema cultural del colegio y del país, y está totalmente naturalizado. Somos una generación que despertó a las problemáticas de género”, asegura una de las alumnas denunciantes.

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Un cartel cuelga del segundo piso del colegio Manuel de Salas, justo frente al patio central, el 6 de diciembre del año pasado. Acaba de sonar el timbre que anuncia la hora de almuerzo y cinco alumnas de primero medio se esconden tras la baranda. Dos inspectores se acercan a ellas por el pasillo, alertados por la revuelta que está causado el mensaje escrito en la pancarta.

“¿No te acuerdas cuando me levantaste la polera y me miraste los senos?”; “¿Cuando me abrazaste más de la cuenta?”, se leía en letras enormes.

La decisión de acusar públicamente a su profesor jefe, la tomaron apenas dos horas antes de decidir colgar el cartel. La mamá de una de las chicas involucradas en la “funa”, había sido citada a conversar ese mismo día por el docente sobre el mal comportamiento de su hija. Cuando el docente le mostró las anotaciones, ella tomó el libro de clases y lo cerró de golpe. “Yo vengo a hablar de otra cosa”, le dijo, pidiéndole explicaciones por las historias de acoso sexual que su hija le contó.

El profesor, asegura la apoderada, desvió la mirada. Negó todo y argumentó que lo habían mal interpretado, que él era cercano y cariñoso con sus estudiantes. Fue la primera vez que escuchó la denuncia en su contra. Tras la reunión, la madre llamó a su hija y le contó lo que había pasado. Un grupo de alumnas escuchó la versión en altavoz. Estaban indignadas. Decidieron ingresar a la sala a buscar papel craft y plumones para hacer un cartel.

“Es grave lo que escribieron”, le advirtieron los inspectores.

Las niñas, enfurecidas, alegaron que todo era verdad, que llevaban meses soportando acosos, que cómo podían defenderlo a él y no se preocupaban por lo que ellas pasaron. Los inspectores arrancaron el cartel y se fueron. Las alumnas comenzaron a llorar, paradas en el pasillo, sin saber qué hacer. “Nos sentimos impotentes”, recuerdan.

EL LABORATORIO

En el patio central del Manuel de Salas no se logra distinguir con claridad cuál es el uniforme del colegio. La polera roja del establecimiento es acompañada por prendas de diferentes colores. Una niña con expansión en su oreja derecha camina junto a otra con dredlocks; un grupo sentado a la orilla de la cancha conversa mientras otro toca la guitarra; una alumna de trenzas teñidas rojas, estira su brazo a través de la reja para comprar una galleta. La diversidad es parte del ADN en el colegio desde su origen.

Ubicado a una cuadra hacia el oriente de plaza Ñuñoa, el colegio Manuel de Salas se creó en 1932 con el fin de ser el lugar para la “experimentación de nuevas organizaciones, métodos y programas de enseñanza secundaria”. Primero fue administrado por el ministerio de Educación, pero en 1942 fue traspasado a la Universidad de Chile. Fue el primer colegio mixto, el primero en tener centros de alumnos y de padres, el primero en tener electivos, el primero en realizar operación Deyse.

Tras un periodo en manos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación durante la dictadura, el año 2002 el establecimiento volvió a manos de la Universidad de Chile. El colegio hoy funciona como un organismo privado con una mensualidad de 250 mil pesos. Eso sí, todavía en el consejo asesor del colegio existen dos representantes de la casa de Bello. Esos votos son prácticamente el único legado que perdura de la universidad.

La relación entre ambas entidades, sin embargo, trasciende lo estrictamente administrativo. Mientras las alumnas del 1°D del Manuel de Salas comenzaban a notar actitudes extrañas de su profesor jefe, la Universidad de Chile pasaba por un momento histórico: la expulsión de un emblemático profesor acusado de abuso de poder y de acoso. Un hecho inédito, porque el acoso sexual en Chile sólo está regulado en las relaciones laborales entre pares.

En rigor, los académicos y funcionarios de las universidades estatales -como también los del Manuel de Salas, que depende de la Chile- se rigen por el Estatuto Administrativo. Los de colegios municipales y subvencionados lo hacen con el Estatuto Docente y el Estatuto Administrativo Municipal. En ninguno de ellos se especifica el acoso sexual entre profesores y alumnos, sólo se menciona como falta grave el acoso entre funcionarios.

En el caso de la Universidad de Chile, los abogados que llevaron el sumario contra el profesor Fernando Ramírez, interpretaron que las sanciones de la legislación debían ser aplicadas para todo aquel funcionario involucrado en algún acoso sexual, no sólo para los que agredían a sus pares. De esa forma pudieron sancionar al académico con la destitución.

Tras el caso, la educación sobre acoso y abuso sexual a la comunidad universitaria se volvió urgente, y pronto constituirían una mesa de trabajo entre todos los estamentos, convocada por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, para crear un protocolo sobre el acoso sexual.

A diferencia de lo que sucedía en la universidad, las estudiantes del Manuel de Salas no sabían cómo actuar frente a este tipo de vulneraciones. Las medidas implementadas en la universidad nunca se extendieron al colegio. Sin un protocolo sobre acoso sexual en el establecimiento, las alumnas se sintieron completamente abandonadas.

Si bien admiten que durante los últimos meses de 2016 se acercaron a dos docentes del colegio para relatarles lo que habían vivido, éstos le habrían bajado el perfil a la situación. La rabia comenzó a acumularse en silencio. También la búsqueda de estrategias para combatir la indiferencia.


La Comisión, integrada por estudiantes, reunida para crear el Protocolo de Acoso Sexual.

ABANDONADOS

Cuando los apoderados del 1°D se enteraron de lo ocurrido, se reunieron esa misma tarde para hablar de las acusaciones. Algunos escucharon los relatos por primera vez: “Esto es muy grave. Le podemos cagar la vida al profesor”, argumentaron unos. La mayoría, sin embargo, optó por denunciar.

-Las mamás que sabíamos lo que pasaba actuamos con la mentalidad con la que fuimos formadas: ante un acoso hay que esconderse, arrancar. Si un tipo te manoseaba en la micro cuando niña, nos bajábamos calladitas. Ahora no. Las niñas nos enseñaron que este tipo de situaciones se deben encarar. En esa reunión, varias entraron a contar lo que habían vivido. Impactados, les pedimos disculpas por no actuar antes-, recuerda Natalia Chanfreau, apoderada del curso.

El 7 de diciembre de 2016, los apoderados redactaron una carta dirigida al jefe de ciclo- encargado de 7° a 4° medio-, solicitando una investigación al docente. De inmediato, fue separado de la jefatura del curso y a los días se abrió un sumario en su contra. Fue la única medida que los apoderados celebraron, durante los siete meses que duraría la investigación.

Sylvia Bravo, actual subdirectora del colegio, fue la encargada de actuar como fiscal durante el sumario. El 3 de enero de 2017, a las 8:42 horas, comenzó la primera entrevista a una apoderada del 1°D. “En una visita a El Tabo, el profesor se le acerca a una niña y le dice que está desabrigada, levantándole la polera y mirándole hacia adentro. Eso la hizo sentir violentada”, fue parte del relato que se lee en el documento, al que The Clinic tuvo acceso.

Durante esa misma mañana, el Consejo Universitario de la Universidad de Chile se encontraba reunido, afinando los últimos detalles para aprobar el protocolo de abuso sexual, en el que habían trabajado por meses. Al salir de la reunión, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, declaró: “Somos la única universidad que ha abordado el problema. En vez de jugar al avestruz esta institución es capaz de enfrentar los problemas y de redactar protocolos”. El documento se había aprobado por unanimidad.

El trance histórico, sin embargo, no alcanzó para el Manuel de Salas. El colegio con el que se han relacionado durante 75 años no fue invitado a ninguna etapa del proceso: ni a las discusiones de protocolo, ni a las capacitaciones al personal que investiga sumarios, ni a la educación de acoso sexual. El mayor laboratorio educativo, creado al alero de la universidad más antigua del país, ni siquiera fue informado de la resolución.

En marzo, mientras la dirección del establecimiento no daba información clara del estado del sumario, argumentando que lo habían enviado a la Universidad de Chile, las alumnas y alumnos miraban desde lejos sin entender por qué nadie se pronunciaba sobre la ausencia de un protocolo sobre acosos en el colegio. Tanta incertidumbre los llevó a una convicción: si nadie los apoyaba, debían actuar solos.

DESPERTAR

Tras las vacaciones de verano Alconda Opaso, 17 años, una de las pocas estudiantes de otros cursos al tanto del sumario, miembro del colectivo feminista Violeta Parra, integrado por algunas alumnas denunciantes, comenzó a profundizar en el tema. Leyó el reglamente interno del colegio para revisar qué decía sobre acoso sexual. Ahí se enteró que no tenían protocolo y sólo se estipulaba el acoso como una falta grave.

Pero lo más sorprendente fue cuando buscó en organismos estatales ejemplos de instructivos para colegios que regularan la relación profesor-alumno. Se topó con un panorama desolador: el ministerio de Educación no tiene un protocolo para los establecimientos educacionales del país. Según respondió la institución a The Clinic, se encuentran en un proceso de creación de “orientaciones” para la elaboración de este tipo de instrumentos, que terminarán recién este semestre.

En la Corporación de Educación de Ñuñoa, comuna a la que pertenece el Manuel de Salas -aunque no depende administrativamente de ellos-, tampoco tienen un documento. El único protocolo de acoso sexual está en el reglamento interno de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y, según el propio municipio, “se le entrega a todos los funcionarios”.

Ante la ausencia de protocolos, el colectivo Violeta Parra se organizó para desarrollar uno, similar al realizado en la Universidad de Chile, pero que abordara la complejidad de las relaciones entre adultos y menores en los colegios. Alconda tomó un plumón y una hoja de oficio y diseñó un afiche convocando a los estudiantes a participar en un conversatorio sin sospechar que se convertirían en los primeros secundarios en crear su propio protocolo contra el acoso sexual. “Con el tiempo me di cuenta que más que crear un instrumento, en ese momento necesitábamos conversar, porque en el colegio era algo que no se hablaba”, asegura.

A la primera convocatoria, efectuada el 4 de mayo, llegaron 30 personas. Ahí constituyeron la Comisión Protocolo, con el fin de redactar juntos un documento que fuera validado por el colegio. La primera tarea, sin embargo, fue sensibilizar y educar al estudiantado sobre el acoso sexual, considerando que la denuncia había sido invisibilizada por Dirección. De hecho, el profesor acusado continuaba trabajando en el establecimiento, pero había sido derivado a un área administrativa. Los problemas con él, sin embargo, no habían terminado: más de una alumna del curso afectado denunció que el docente las chocó en algún recreo, intimidándolas. “Era como revivir constantemente lo que habíamos pasado”, recuerda una menor.

El mismo mes que se constituyó la comisión, los apoderados comenzaron a inquietarse. El sumario llevaba cinco meses y el colegio sólo respondía que estaba siendo revisado por la Universidad de Chile. Natalia Chanfreau y Marcia Palma, apoderadas, le pidieron al director, Federico Tapia, que les diera el número del documento para preguntar en qué estado se encontraba la investigación. Ellas aseguran que recibieron respuestas absurdas, como números errados o procedimientos que no correspondían.

Lo que las apoderadas no sabían en ese momento, era que la investigación llevaba meses cerrada, pero que el sumario había sido devuelto al colegio por errores en algunas formalidades desde la Contraloría de la universidad, encargada de supervisar el proceso. Tal como comprobó The Clinic, en febrero de ese año Sylvia Bravo, académica del Manuel de Salas a cargo de la investigación, ya había propuesto una primera sanción al docente: un mes de suspensión y una multa del 20% de su sueldo. Castigo menor en comparación a lo que la misma Universidad de Chile realizó con el profesor Fernando Ramírez.

Los apoderados no soportaron más tanta desinformación por parte del colegio, pero por sobre todo que el docente denunciado siguiera relacionándose con los alumnos. Gracias a sus presiones, el 2 de junio la Dirección apartó de sus funciones al profesor, solicitándole no volver más mientras durara la indagatoria. Se tardaron cinco meses en tomar esa medida.


Jornada de reflexión organizada por la Comisión Protocolo junto a los profesores del Manuel de Salas.

DESNATURALIZAR

A fines de mayo, las alumnas decidieron emprender un camino más riesgoso: sala por sala fueron recolectando testimonios de estudiantes que habían sufrido algún episodio de acoso. Recopilaron 28 relatos y los publicaron en una página en Facebook que llamaron “Pasó en mi sala”. Obtuvieron más de mil seguidores. Uno de los testimonios decía: “Estábamos en el pasillo y el profesor se nos acercó a una distancia inapropiada punteándonos”.

“El acoso corresponde a un tema cultural del colegio y del país, y está totalmente naturalizado. Somos una generación que despertó a las problemáticas de género”, asegura una de las alumnas creadoras del fanpage.

El fenómeno del Manuel de Salas también se ha repetido en otros colegios. En mayo de este año, las alumnas del Liceo 7 de Providencia denunciaron más de 80 casos de acoso sexual a través de la página de Facebook “ni me callo, ni me aguanto”. Cifra que contrasta con las denuncias de acoso que maneja la Superintendencia de Educación, institución encargada en recibirlas: en 2016, sólo recibieron 11 en todos los colegios municipales, subvencionados y particulares de Chile. En lo que va de 2017 llevan 5 casos.

En agosto, un grupo de alumnos de liceos emblemáticos de diferentes regiones de Chile, se unieron en una red para crear un cuaderno informativo de educación no sexista, denunciando a la vez falta de educación sexual por parte de las instituciones estatales. Según la Corporación Miles, dedicada a estudiar los derechos sexuales, de 11.442 colegios municipales y subvencionados, sólo 467 recibió programas de educación sexual en 2015.

Las publicaciones hechas por los estudiantes del Manuel de Salas en la página “Pasó en mi Sala”, revolucionaron el colegio. Pero fue mayor el impacto cuando a principios de junio empapelaron el establecimiento con los primeros diez relatos. El acoso sexual se convirtió en tema recurrente en las conversaciones de la comunidad.

Días después de ese hecho hubo una asamblea general, con todos los estudiantes de 7° a 4° medio. En esa reunión, por primera vez, se habló sobre el docente denunciado y el sumario, sobre lo que las alumnas habían vivido y la desinformación y tardanza por parte de la Dirección. Varios se enteraron por primera vez de lo que pasaba. “Tengamos cuidado, le podemos cagar la vida al profesor”, reclamaron algunos.

A fines de junio, la Comisión Protocolo comenzó sus actividades. Habían planificado tres días de educación sobre acoso y abuso sexual para todo el colegio, estudiantes, profesores y apoderados. La Dirección autorizó el trabajo. Con 20 moderadores capacitados, se dividieron los cursos para ir sala por sala realizando dinámicas. El primer día reflexionaron sobre el acoso. El segundo, sobre las diferencias entre violencia y delito sexual. Y en el tercero, preguntaron cómo imaginaban un protocolo.

El 28 de agosto, luego de cinco meses trabajando, diez estudiantes de la comisión se sentaron a escribir el protocolo. Habían estudiado el documento aprobado por la Universidad de Chile en enero, revisado instructivos para realizar protocolos, leído manuales de educación sexual, hablado con abogados y compartieron experiencias con estudiantes de la Universidad de Chile.

A principios de septiembre terminaron el texto de casi 30 páginas que se demoraron dos semanas en escribir. “La idea fue regularizar el acoso en todos los estamentos”, cuenta Alconda.

El protocolo fue diseñado para facilitarle trabajo a los afectados, dividiéndose según el tipo de relación: estudiante- estudiante, estudiante-profesor, profesor-apoderado, y así con todos. Hoy, sólo falta agregar las sanciones. “Quisimos ser muy responsables. Sabemos de la dificultad de un protocolo para colegios, porque el trato a los menores de edad cambia varias cosas”, agrega Alconda Opaso. Por eso acudieron a un abogado de la Universidad de Chile.

En los próximos días la Comisión Protocolo recibirá la respuesta y a finales de octubre estarán votando el documento entre todos los estamentos. La Dirección del colegio se comprometió a respetar la decisión y a incorporar el instrumento a su reglamento.

***

Luego de siete meses de investigación, el 11 de julio pasado, finalizó el sumario en contra del profesor denunciado. Basándose en el mismo Estatuto Administrativo con el que la Universidad de Chile expulsó al profesor Fernando Ramírez, el docente del Manuel de Salas fue sancionado con una suspensión de tres meses y una multa del 50% del sueldo, según consigna el documento al que tuvo acceso The Clinic , “por actitudes y comportamientos inadecuados a la labor docente y de profesor jefe”.

Un día después, el colegio denunció al docente ante la fiscalía. El profesor, contactado para este reportaje, no quiso entregar su versión de los hechos argumentando que el caso estaba en la justicia. Varios estudiantes han sido llamados a declarar durante las últimas semanas.

El director del colegio, Federico Tapia, asegura que decidió presentar el caso ante el Ministerio Público porque el Estatuto Administrativo no contempla el acoso sexual entre profesores y estudiantes. El profesor, agregó, “no volverá más”.

-Asumo los retardos en los procesos del sumario. No fue por desidia, sino porque quise asesorarme bien. Esto fue una oportunidad de aprendizaje. Hay modelos que se han naturalizado por años y llega una nueva generación que dice no, eso no es natural- dijo el director.

Hace un par de semanas la Dirección creó la Oficina de Igualdad de Género y a octubre lo denominó el mes del Género y la Diversidad Sexual. Las alumnas ganaron una batalla que los adultos fueron incapaces de afrontar.

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