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Poder

3 de Noviembre de 2017

Senador UDI Iván Moreira es desaforado en medio de investigación del Caso Penta

En mayo pasado, la Corte de Apelaciones ya había determinado desaforar al legislador de la región de Los Lagos por las indagatorias sobre la presunta facilitación de 9 boletas falsas por 38 millones de pesos al grupo Penta por parte de miembros vinculados a su campaña. El abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, acusó una posible criminalización de la política nacional: "Hoy el delito tributario (de Moreira) pasó a ser el arma del Ministerio Público para perseguir el financiamiento ilegal de la política ante la ausencia de otros tipos penales que contemplan esta situación".

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Tras varias horas de audiencia, la Corte Suprema decidió aprobar el desafuero en contra del senador UDI, Iván Moreira, todo esto debido a la investigación que se lleva a cabo por el denominado Caso Penta y la posible emisión de boletas ideológicamente falsas.

Vale recordar que en mayo pasado, la Corte de Apelaciones ya había determinado quitar el fuero al legislador de la región de Los Lagos por las indagatorias sobre la presunta facilitación de 9 boletas falsas por 38 millones de pesos al grupo Penta por parte de miembros vinculados a su campaña.

De acuerdo a radio Bíobío, en la jornada el abogado defensor de Moreira, Gabriel Zaliasnik, acusó una posible criminalización de la política nacional.

“Hoy el delito tributario (de Moreira) pasó a ser el arma del Ministerio Público para perseguir el financiamiento ilegal de la política ante la ausencia de otros tipos penales que contemplan esta situación”, expresó.

La audiencia de este viernes resultaba clave debido al posible precedente que pueda originarse para los próximos procesos que puedan enfrentar distintos parlamentarios ligados a investigaciones por boletas o facturas por servicios que no habrían sido realizados.

Pues bien, tras la luz verde que recibió el desafuero de Moreira, ahora el senador podrá ser formalizado y eventualmente acusado.

Cabe recordar que el fuero que gozan los parlamentarios apunta a que, por norma, “ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema”.

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