Por estos días, el presidente del PC, diputado Guillermo Teillier, declaró como imputado ante el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, en la causa por la venta de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Araucaria SpA, vinculada con la colectivida, a Inversiones Progreso SpA, esto en octubre de 2016. Se cita:

“La decisión de vender fue obligada porque la nueva Ley de Partidos Políticos establece que los partidos no pueden tener empresas y tuvimos un tiempo corto para hacerlo. Para nosotros la decisión implicaba varias cosas, debía tratarse de una empresa que nos diera confianza, que no nos fuera a engañar, porque ya antes nos habían perjudicado en cosas de este tipo”.

Antes ya -recoge El Mercurio- el partido había defendido la venta argumentando que la nueva Ley de Partidos Políticos así los obligaba. Según se explicó, dos tercios del total de inmuebles debían tener fines propios de la actividad.

No obstante, el hecho en cuestión es que la venta se concretó por el valor del avalúo, siempre menor que el comercial, y que la empresa compradora, Inversiones Progreso SpA, había sido creada un mes antes por el militante Ricardo Castro y su socio, Pablo González.

“Sé que se ha cuestionado el valor de la venta, pero las condiciones de venta para nosotros eran complejas, no solo por una cuestión de tiempo, sino que además por temas políticos, porque se trata de una empresa que pertenece a un partido político”, dijo Teillier.

El Mercurio recuerda que según la empresa Valued Tasaciones la transacción pudo alcanzar más de $8.900 millones, en circunstancias de que se hizo por $3.086 millones.

“Esta empresa nos daba la confianza porque había al menos un profesional con experiencia en negocios y el otro socio -me refiero a Ricardo Castro- era miembro de nuestro partido”, justificó Teillier.

“También decidimos establecer una cláusula que impidiera la venta futura de las acciones de la empresa, sin el consentimiento del partido, pero no así de enajenar los inmuebles propiamente tales”, agregó.

Pablo González, comprador y uno de los dueños de Progreso, afirmó por su parte, desestimando la tesis del bajo precio, que el partido encargó una auditoría a una empresa externa “que llega a una valorización bastante similar a la que aparece en el precio de la venta”.

También ante la Fiscalía, Ricardo Castro, quien constituyó Progreso un mes antes de que se materializara la operación, declaró que “el Partido Comunista no podía vendérsela a cualquiera y solo grandes inmobiliarias podrían comprar al contado. Era una razón política, por algo debía haber una persona que asegurara el beneficio económico esperado por el partido”.  “Mi motivación fue emocional, por ayudar al partido, pero también hacer un negocio”, afirmó.

Cabe recordar que en su momento, el PRI presentó una querella por supuestos contratos simulados, estafas, falsificación de documentos públicos y uso malicioso de instrumento público falso.