Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Opinión

2 de Mayo de 2018

Columna de Bárbara Castillo: Objetores, ¿caben en sus conciencias nuestras muertes?

El gobierno en lugar de buscar formas de facilitar el acceso de las mujeres a estas prestaciones, de acuerdo a estándares que respeten nuestra integridad, dignidad y derechos; intenta imponer más barreras a través de la ampliación de la objeción de conciencia institucional -sí, como si ya no fuera absurdo que las instituciones sean objetoras de conciencia sin tener conciencia- a centros de salud privados que reciban financiamiento público, incentivando a que más instituciones usen el resquicio.

The Clinic
The Clinic
Por

*Por Bárbara Castillo Navarro
Frente Feminista Poder Ciudadano

A fines de septiembre del año pasado se promulgaba la ley de aborto en tres causales, y con ello como país dábamos un mínimo avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que la ley sólo despenaliza el aborto en situaciones de extrema gravedad, como son riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de una violación. Hoy este mínimo avance se ve amenazado por una ola de médicos(as) objetores de conciencia y por un gobierno que intenta poner más trabas a la aplicación de la ley.

Si revisamos las cifras, podemos ver que existen hospitales en los que el 100% de las y los médicos son objetores de conciencia, entre los que se cuentan el de Osorno, Huasco, Vallenar, Puerto Aysén y San Fernando, por ejemplo; mientras que en otros el porcentaje es tan alto, que la probabilidad de encontrar de turno a un(a) médico(a) que asista a una mujer que necesita realizarse un aborto, es bajísima. Estas cifras hablan de la dificultad que existe para acceder a estas prestaciones de salud; hablan de mujeres a quienes se les niega la atención y deben realizar un durísimo peregrinaje para encontrarla, porque en ningún momento el protocolo se preocupa de su contención. Hablan de la difícil implementación de la ley, de un Estado que no protege ni resguarda nuestros derechos; de un gobierno que está preocupado por los intereses de las clínicas y de imponernos su moral; pero sobre todo hablan de la falta de respeto por la dignidad y los derechos humanos.

En las tres causales nos estamos refiriendo a situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de mujeres y niñas, principalmente cuando hablamos de violación, que es donde más se presentan objetores de conciencia. Porque si alguien argumenta que la vida de una mujer o una niña que fue violada, y producto de ese crimen está embarazada, no está en riesgo, es que su falta de empatía y respeto por la vida no les deja ver la tortura que ello significa.
Así las cosas, un país que tiene esta mínima y precaria ley, se está quedando sin médicos(as) para aplicarla.

Mientras esto ocurre, el gobierno en lugar de buscar formas de facilitar el acceso de las mujeres a estas prestaciones, de acuerdo a estándares que respeten nuestra integridad, dignidad y derechos; intenta imponer más barreras a través de la ampliación de la objeción de conciencia institucional -sí, como si ya no fuera absurdo que las instituciones sean objetoras de conciencia sin tener conciencia- a centros de salud privados que reciban financiamiento público, incentivando a que más instituciones usen el resquicio.

En este sentido la interpelación al ministro de salud Emilio Santelices resulta clave, porque es públicamente donde tiene que responder. El ministro tiene que rendir cuentas a la ciudadanía que respalda ampliamente esta ley, y transparentar qué intereses está resguardando, los de las clínicas privadas -donde es accionista- o los de las mujeres de este país. Tiene que decirle a Fernanda por qué no recibió la atención necesaria en el hospital de Quilpué, y tuvo que esperar el turno de un(a) médico(a) no objetor para que la asistiera y de manera digna pudiera abortar a su bebé que tenía inviabilidad fetal. Tiene que responderle a la familia de Estefanía, por qué tuvo que morir esperando la realización de un aborto en el hospital de Curicó, si su embarazo ponía en riesgo su vida. Tiene que responderle a quienes el Estado debería proteger, que habiendo sufrido un crimen horrible como la violación, son revictimizadas buscando un hospital que las atienda. Tiene que decirnos a todas las mujeres de este país, por qué si se aprobó una ley que despenaliza el aborto en tres causales, nos siguen criminalizando, violentando y matando.

Por eso les decimos que es una vergüenza que el gobierno incentive la objeción de conciencia institucional, mientras no asegura que cada hospital cuente con al menos un equipo que pueda atender abortos. Que es una vergüenza que usen la objeción de conciencia para obligarnos a ser madres después de ser violadas, a seguir con un embarazo con inviabilidad fetal, con un embarazo que atenta contra nuestras vidas. Es que es difícil de entender que sus conciencias no puedan con hacer un aborto, porque al parecer eso no les dejaría dormir por las noches, pero entonces explíquenos ¿cómo en sus conciencias no les pesan nuestras muertes?

Notas relacionadas