Opinión
21 de Junio de 2018Columna de Jorge Schaulsohn: Balazos con la venia del presidente
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Todos quienes hemos aterrizado en el aeropuerto Arturo Merino Benítez somos testigos de la guerra sin cuartel entre los taxistas por capturar pasajeros. Es una verdadera “corte de los milagros” que aguarda al pasajero a la salida del terminal, con letreros, credenciales falsas, gritos, ofertas y contra ofertas. Los autos son de todos los colores. Taxis de techo amarillo que deben utilizar el taxímetro pero que lo prenden unos solo minutos para salir “legalmente” del terminal y luego lo apagan previa negociación de una tarifa, cuyo monto dependerá de la nacionalidad, ingenuidad o dominio del español de la presa. Taxis azules “oficiales”, choferes que se llevan al pasajero a varias cuadras de distancia donde tienen camuflado el vehículo. Toda esta operación siniestra está manejada por mafias, compadres, funcionarios de la DGA y policías que hacen la vista gorda o aplican todo el peso de la reglamentación según su conveniencia financiera. Un submundo en que los actores se repiten día a día y donde todos se conocen, se encubren, apoyan o denuncian. Al aguaite están conductores de las grúas que andan a “la gira” esperando que un carabinero identifique una víctima, por lo general de Uber y le requise el automóvil enviándolo al corral.
Este es el mar de fondo en que hace algunos días un policía disparó dos tiros a la altura de la cabeza de un joven chofer de Uber de 21 años que se aprestaba a salir del terminal con pasajeros. La policía y los “colegas” sabían perfectamente de quien se trataba. Ya había sido controlado y al señalar que los pasajeros eran unos “parientes” éstos se bajaron rápidamente del auto. Ese es el discurso que los Uber manejan para evitar ser reprimidos. Un truco como el de llevar al pasajero, si anda solo en el asiento delantero para que no se note que es un taxeo. El chofer se negó a bajar del auto y cerró las ventanas. Con su celular empezó a grabar todo el episodio insistiendo en que el accionar de la policía era ilegal. El carabinero se colocó delante del auto y sacó su pistola. El chofer, incrédulo, le dijo que no podía dispararle y avanzó un par de metros su vehículo a mínima velocidad (no más de 5 kilómetros por hora). Su conducta fue totalmente ilegal pues tenía la obligación de obedecer al carabinero y cumplir sus instrucciones. Pero en ningún momento puso en riesgo la vida del policía. No era un delincuente y el cabo lo sabía, sino un simple chofer de taxi tomando pasajeros donde no debía.
El hecho desató miles de comentarios. Periodistas, opinólogos, ministros, diputados, senadores, ciudadanos fallaron el pleito abrumadoramente a favor de la policía en forma inmediata, sin conocer los pormenores. La cosa se polarizó en torno a posturas políticas. Los comentaristas sentenciaron que “ya era hora de que se respete a carabineros”, transformaron el incidente en un episodio del “combate a la delincuencia”. La historia fue evolucionando en las redes sociales: el taxista paso a ser “el delincuente”, el cuasi imperceptible movimiento del auto un intento de fuga con intención de atropellar al carabinero quien habría actuado en defensa propia.
La guinda de la torta la puso el Presidente de la Republica que aplaudió desde el Norte donde se encontraba, que un taxista que no estaba armado, sin antecedentes penales de ninguna naturaleza, hubiese sido baleado dos veces dentro de su taxi en el aeropuerto mientras recogía (ilegalmente) pasajeros por negarse a bajar de su auto.
¿Qué habría pasado si el policía se hace a un lado y deja ir al Uber tomándole la patente y avisando a sus colegas para que lo detengan “aguas abajo”? Absolutamente nada grave pues habría terminado detenido y formalizado por las faltas cometidas. Su identificación estaba garantizada pues Uber tiene un registro detallado de todos sus choferes, con la hora y el lugar en que se encuentran. ¿Qué habría pasado si el taxista hubiese fallecido a raíz de los dos disparos? Fue el Ministerio Público el que le enmendó la plana al Presidente al formalizar al carabinero por “homicidio frustrado”, que es lo que realmente fue. ¿Queremos vivir en un país donde el Jefe del Estado avala el uso abusivo de la fuerza, como lo hace Duterte en Filipinas? Basta leer la Circular 001756 de 13 de marzo de 2013 sobre “Uso de la fuerza” emitida por Carabineros de Chile para darse cuenta de que en este caso jamás se debió haber usado el arma de servicio la que solo cabe en caso de “agresión activa letal con armas blancas o de fuego” (Nivel 5).
Pero lo más preocupante es la predisposición de la gente a aceptar y avalar la violación de los derechos y garantías civiles que tanto nos ha costado reconquistar; el silencio absoluto de los partidos políticos y de aquellos que con bombos y platillos citan a la policía a la Comisión de DDHH de la Cámara a rendir cuentas cuando un carabinero arroja una silla en defensa propia a estudiantes que se resisten con bombas molotov al desalojo de una toma ilegal, solo porque son sus camaradas o correligionarios.