Columna de José Frías: Derechos humanos y proceso de paz en Colombia

Cuando los medios de comunicación  masivos poco o nada informan lo que está sucediendo en países de la región como México, Guatemala, Honduras o Colombia, específicamente en materia de  derechos humanos es legítimo preguntarse por la ausencia de ella, en estos países, sin duda uno de sus principales factores se vincula a los intereses de la potencia del norte en ellos.

Indicamos al respecto algunos elementos, relacionados con Colombia, este hermoso país andino y caribeño, privilegiado por su naturaleza, de enorme y rica biodiversidad, mosaico infinito de tradiciones, pueblos indígenas, culturas y cosmovisiones, sin embargo es también uno de los países, donde con mayor crueldad y masividad se han violado y se violan los derechos humanos más fundamentales de forma dramática y masiva.

Así lo  indican cifras oficiales como las del Museo de la Memoria de Medellín según las cuales habría, en los últimos 50 años, casi 9 millones de víctimas del llamado conflicto colombiano ocurridas en  masacres a comunidades campesinas y urbanas, desapariciones forzosas, violencia sexual, amenazas múltiples, homicidios, reclutamientos forzosos, desplazamientos forzosos, torturas, despojo de bienes, separaciones familiares, etc., a manos del ejército o de paramilitares, que actuaron y actúan  sistemáticamente y con total impunidad en labores de “limpieza”, en beneficio de los grandes terratenientes y de los intereses de la corrupta elite política. Parte de este holocausto corresponde también a los carteles de la droga que corrompen todos los estamentos del estado, y en un porcentaje menor, en años previos al acuerdo de paz, a las guerrillas.

En este contexto las comunidades campesinas se resisten a ser  desalojadas de sus territorios y toman liderazgo en defensa de sus bienes naturales, y por la  restitución de tierras arrebatadas; ello en ausencia de medidas eficaces de protección para que los legales y legítimos dueños las disfruten ya que a pesar de la activación de alertas, el gobierno continúa sin brindar garantías de protección a los pobladores de numerosas zonas. Una de las más martirizadas   es Urabá.

Otras movilizaciones de las organizaciones del pueblo, persiguen medidas del estado que permita la sustitución de cultivos ilícitos y lucha contra la megaminería vinculada a  grandes intereses nacionales e internacionales que se juegan en sus territorios. Sus dirigentes sufren persecución y solo desde 2016, luego de los acuerdos de paz entre la ex -guerrilla de las FARC y el Estado han sido asesinados, según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de 450 líderes y lideresas sociales, -de ellos al menos  74 son ex –combatientes- a cargo de grupos paramilitares, quienes instauran su propia ley en contra de quien no coincida con el pensamiento del estado colombiano o de la poderosa ultraderecha.

Y lo que es peor, según están denunciando las organizaciones sociales colombianas, se viene dando una posible militarización de la vida social, retomando el actual gobierno la política que ya se aplicara en sus dos períodos presidenciales el Sr. Álvaro Uribe, donde se criminaliza actividades como la protesta social, la exigencia de garantías a los derechos humanos, las reivindicaciones de las personas excluidas, la participación política de la oposición, las solicitudes de democratización del derecho a la tierra, siendo ésta última la reforma  más  urgente que es preciso  resolver en Colombia debido a la actual concentración de la tierra; el 70% de ella está en manos del 0.6% la población, siendo la causa principal que generó el conflicto armado.

También es preciso  dejar constancia del estado de los derechos humanos en las urbes. En ciudades como Medellín sobreviven miles de familias en ranchas colgadas de los cerros de las ciudad,  en condiciones insalubres, en un clima de inusitada violencia. Ahí se ven obligadas a vivir miles de familias, buena parte de ellas llegadas de zonas campesinas, huyendo de la muerte, por la presión de los citados grupos paramilitares.

Con relación al Proceso de Paz  entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC-EP,    las medidas acordadas en la Habana, actualmente están en fase de implementación. No obstante según informa el  Instituto Kroc – especialistas en acompañamiento a procesos de paz, – algunas se han completado casi en un 100 por ciento como es el caso de  la dejación de armas por parte de la guerrilla, pero otros ni siquiera han despegado. Por eso, para dicho  instituto “esto no significa que el éxito esté garantizado o que el riesgo de retornar al conflicto armado haya desaparecido”. 

En este contexto, una de las graves dificultades del proceso es que la  firma de los acuerdos no ha significado  la libertad para  todas y todos los guerrilleros que están en las cárceles y que tienen derecho a la amnistía  o al indulto. Tampoco  se ha empezado a implementar medidas de desarrollo acordadas para las llamadas zonas de formación y de reintegración, ni se han  beneficiado en nada los miembros de las comunidades campesinas que los acogen.

Así se vive hoy en Colombia, una realidad que merece ser conocida, reconocida. Y junto con solidarizar con su pueblo, denunciar las responsabilidades y complicidades que se amparan en el silencio o tergiversación  de los medios de difusión del poder internacional y de gobiernos del continente, donde cabe especial papel al chileno por ser país acompañante del proceso de Paz.

En todo caso y  como dijera el P. Javier Giraldo s.j., reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia,  “nos encontramos ante una gota de esperanza en un mar de impunidad.”

 

Firma: José Frías del S.

Miembro de Comité Obispo Oscar Romero-Sicsal Chile.