CARTA| Los desafíos de la democratización de acceso al cannabis medicinal en Chile

Sra. Directora,

Hace unos días atrás se informaba masivamente en los diferentes medios de comunicación existentes en el país el comienzo del proceso venta abierta a todo público del “primer” (esto porque es el único registrado con categoría de fármaco) fármaco en base a cannabis sativa registrado en el Instituto de Salud Pública (ISP), por su nombre comercial SATIVEX, medicamento compuesto por tetrahidrocannabiol (THC) y cannabidiol (CBD), en las mismas proporciones cuyo formato viene como pulverizador bucal y que es propiedad de GW Pharma junto a Ipsen, dos grandes megaempresas farmacéuticas. La indicación bajo el cual fue registrado es para el manejo de la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple.

Hasta acá todo bien, e inclusive pareciera coherente con las señales políticas actuales sobre el tema, siendo ejemplo de ellos el masivo apoyo (solo 1 voto en contra) al proyecto de Ley CULTIVO SEGURO que busca garantizar el acceso a esta sustancia a los pacientes usuarios. Pero, la sorpresa más llamativa de esta noticia no tiene que ver con sus propiedades medicinales o el “avance” en el uso del cannabis medicinal en tratamientos paliativos, sino que lo es su valor comercial, el que alcanza nada más ni nada menos que los $550.000 los 30 ml.

Este filtro económico, de valor inasequible para más del 80% de la población chilena, sin duda alguna da muestras del exceso nivel de mercantilización que el derecho a la salud posee en Chile, siendo preponderante el principio de la generación de riqueza a como dé lugar por sobre dar cobertura garantizada a los pacientes a sus medicamentos, siendo más importante el capital por sobre la calidad de vida. Esta premisa se ve más fortalecida al ver las distintas obstrucciones que la institucionalidad pública ha puesto a las “alternativas” de accedo a este tipo de medicamento.

Ejemplo de aquello es el excesivo carácter persecutorio punitivo  hacia usuarios del auto cultivo medicinal de cannabis, autorizado en la ley 20.000, como vía acceso a sustancias elaboradas por los propios pacientes, igual de efectivas en el tratamiento paliativo del dolor y otras enfermedades, o bien, la excesiva burocracia impuesta por ejemplo al fitofármaco CANNABIOL, sustancia oleosa compuesta por THC y CBD en relación 2:1, de origen 100% chileno y que surge gracias a la articulación entre organizaciones sociales afines como Fundación Daya y Fundación Mamá Cultiva con Laboratorios Knop, para generar un producto de bajo costo y de gran calidad que haga frente a las necesidades propias de quienes requieran de este tipo de medicamentos, y que por lo demás garantice acceso. Este fitofármaco nacional, primero en Chile y Latinoamérica en su tipo, se encuentra en proceso de registro, proceso lento y oneroso, debido a que en nuestro país no contamos con una regulación particular e integral para el cannabis medicinal. En los países que sí cuentan con ella, como Alemania, Israel, Canadá, Australia, Italia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Croacia, República Checa, Inglaterra, Suiza, Colombia, Puerto Rico, entre otros, solo se exige certificación de Buenas Prácticas de Manufactura para los productos medicinales de cannabis, entre los que se incluyen extractos, aceites, tinturas, cremas y, por supuesto, flores secas de cannabis. Estas políticas permiten un acceso amplio al cannabis medicinal, y en muchos casos su cobertura por el sistema público de salud.

A pesar de estas altas exigencias en Chile para lograr tener al alcance de los pacientes a un producto nacional de bajo costo, el trabajo inclaudicable de diversas organizaciones y municipalidades comprometidas con la democratización del acceso al cannabis medicinal ha tenido buenos resultados, logrando, después de un largo y engorroso proceso, abrir un camino de acceso provisorio a Cannabiol en un trabajo conjunto con el Instituto de Salud Pública.

Estos tipos de antecedentes, a quienes somos parte de quienes buscamos soluciones a estos inconvenientes nos obligan a poner atención a este tema en particular, ya que nuestro marco regulatorio del uso medicinal del cannabis es deficiente y obsoleto, generando barreras de acceso a las personas más perjudicadas que siguen siendo los más vulnerables en el estructurado del sistema de salud: los pacientes.

Es un deber inmediato el discutir junto a todos los actores  bajo qué interés se regulará el uso de sustancias como el cannabis medicinal en el sistema de salud, dando espacio al debate ético sobre que se priorizará a la hora de regular y/o legislar, si la calidad de vida del paciente o las ganancias particulares de quienes concentran, como en casi todos los rubros, la riqueza.

Ignacio Miranda O.

Coordinador Comisión Nueva Política de Drogas – Revolución Democrática.