Justicia procesa a general de Ejército Werther Araya por mal uso de pasajes y viáticos

La Justicia, que sometió a proceso al general de división retirado del Ejército, Werther Araya, en el marco de la investigación por el mal uso de pasajes de viáticos, quedó detenido hoy en un batallón de la policía militar situado en Santiago.

Según fuentes judiciales, la determinación fue tomada por la ministra en visita (jueza especial), Romy Rutherford, que inculpó a Araya en calidad de autor de nueve delitos de fraude al Fisco por 54 millones de pesos (unos 80 mil dólares) cometidos entre el 2010 y el 2015.

En esta misma línea, la jueza ordenó el embargo de todos sus bienes.

El general Araya es investigado por una serie de comisiones de servicio cuando fue designado como agregado militar en el Reino Unido y viajó a Holanda, Croacia y Portugal además de Estados Unidos.

El oficial en retiro, ya había declarado en tres oportunidades en calidad de inculpado y también fue careado con el exjefe de pasajes y fletes del Ejército, el coronel retirado Fredis Jara, según destacó el portal El Mercurio.

El Ejército chileno se ha visto salpicado en los últimos años por varios casos de fraude en los que incluso ya se han dictado condenas por estos ilícitos.

Según un informe publicado en agosto del 2016, un grupo de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Tras un juicio interno efectuado por la institución, se estableció que el fraude se realizó con dinero de la Ley Reservada del Cobre y se ordenó el retiro de seis miembros de la organización.

Asimismo, otros siete oficiales fueron amonestados, mientras que dos coroneles no fueron sancionados, ya que se retiraron antes del fin del juicio.

Durante esa misma fecha, la versión impresa semanal de The Clinic destapó el llamado “Milicogate”, al revelar que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno.

El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre.

Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.

El pasado 31 de agosto, la jueza Rutherford, dictó las dos primeras condenas por un fraude de los fondos de esa mencionada ley en el Ejército chileno, que hasta ahora supera los 11 millones de dólares.