(Imagen: sesión del 26/11/2018)

Cerca de las 10:30 horas de esta mañana, la diputada Gael Yeomans, presidenta de la Comisión Investigadora en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, anunció la suspensión de la tercera sesión de la instancia, debido a que no se alcanzó el quórum requerido.

Esto, luego de que sólo se presentara Yeomans y el parlamentario Ramón Barros a la hora estipulada, mientras Karol Cariola, Tucapel Jiménez, Raúl Soto, Andrés Celis y Karin Luck llegaron retrasados. El resto de los integrantes, en tanto, no llegaron a la cita: Nino Baltolu, Juan Castro, Marcos Ilabaca, Cosme Mellado, Guillermo Ramírez y Frank Sauerbaum.

Denuncian que AFP Provida y compañías de seguros boicotean de forma ilegal solicitudes de pensión de invalidez

El escrito ingresado ante la Fiscalía Nacional Económica por la fundación Valídame se sustenta en el testimonio de una empleada de Provida, quien revela, con su testimonio y correos electrónicos de sus superiores, que existe un procedimiento denominado “control de siniestralidad”, cuyo propósito es obstaculizar las solicitudes de pensión por “invalidez”, para mantener el índice de pago de estos beneficios artificialmente bajo.

Para esta jornada se preveía la presentación del Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y la del presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, quienes durante la sesión pasada, celebrada el lunes 26 de noviembre, sostuvieron posturas contrarias respecto al conocimiento que habría tenido la Superintendencia de Pensiones (SP) sobre los hechos denunciados.

Por un lado, Macías aseguró que la SP no recibió denuncias formales al respecto, mientras Pizarro entregó antecedentes que indican que la institución sí fue alertada por el eventual boicot que ejercerían algunas AFP en la entrega de pensiones de invalidez.

A raíz de esto, Yeomans criticó que “la información no es transparente, si no tenemos los casos que realmente se han recibido por parte de la superintendencia, no podemos trabajar”.

“Nos parece sumamente grave, porque en esta sesión nos dio la impresión de que el superintendente intentó decir que los casos no eran tan graves, que la situación no era tan compleja, sin embargo, nos damos cuenta que la autoridad respectiva no nos dice todo lo que pasó, según los antecedentes presentados por la Fundación Valídame”, añadió la diputada en aquella ocasión.

Cabe recordar que esta Comisión Investigadora se creó luego de que la organización presidida por Pizarro denunciara a AFP Provida en agosto pasado por desarrollar un procedimiento denominado “control de la siniestralidad”, cuyo propósito sería obstaculizar las solicitudes de pensión por invalidez para mantener el índice de pago de estos beneficios artificialmente bajo.

Tal como se consignó en un reportaje publicado por The Clinic, el documento que presentó Valídame ante la Fiscalía Nacional Económica, estipuló que dicha organización “ha recibido antecedentes del manejo interno de la AFP más grande de Chile, correspondientes al período 2008-2009, es decir, pre y post Reforma Previsional de 2008; que sustentan que al menos AFP PROVIDA S.A ha instruido mediante prácticas permanentes, el control de Siniestralidad de sus afiliados (…) Tal es así que, según antecedentes adjuntos, llevan estadísticas a nivel nacional de los solicitantes de calificaciones de invalidez, por sucursal, con tabla comparativa por meses y años anteriores, imponiéndoles topes del número de solicitudes que se podrían cursar, donde los únicos beneficiados eran supuestamente otras empresas, es decir, las compañías de seguros”.

El desconocido fallo contra la Superintendencia de Pensiones por favorecer a Compañías de Seguro

En 2016, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto por Eduardo Carrasco Aránguiz, quien alegó la omisión arbitraria e ilegal de antecedentes médicos por parte de la Comisión Médica Central al momento de calificar su invalidez.