“Hay policías despedidos injustamente por situaciones de salud y policías que cometieron delitos y se mantienen en la PDI”.

La semana pasada The Clinic dio a conocer la respuesta que el Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, dirigió a un grupo de diputados por la mantención de funcionarios que habrían cometido delitos y siguen ejerciendo sus funciones en la institución.

En el documento, Espinosa explicó que cometer infracciones ilegales no es necesariamente causal de expulsión de la institución, “más si se considera” que los hechos delictivos “ocurrieron en uso de su tiempo libre”.

En concreto, fueron los diputados Hugo Gutiérrez, Camila Vallejo y Víctor Torres quienes a inicios de octubre elevaron dos oficios al director de la PDI. Uno para “transparentar los criterios” por la no expulsión de 24 funcionarios que habrían cometido delitos entre 2010 y 2017. Y el otro para pedir explicaciones por la expulsión de ocho funcionarios que fueron removidos por faltas menores o licencias médicas. (Lee aquí la nota completa)

Director de la PDI reconoce que policías que cometieron delito siguen en la institución

El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, afirma en oficio dirigido a parlamentarios que cometer infracciones legales no es necesariamente causal de expulsión de la institución, “más si se considera” que los hechos delictivos “en que se vieron involucrados los servidores ocurrieron en uso de su tiempo libre”.

The Clinic conversó con la abogada Julia Urquieta, quien está asesorando a los policías dados de baja, y criticó el “doble estándar” de la PDI, y afirmó que se podría llegar a citar al ministro Andrés Chadwick por el caso.

– Abogada, para partir, ¿qué opina sobre la respuesta entregada por el director de la PDI sobre los policías que cometieron delito pero se mantienen en la institución?

Nosotros no compartimos para nada la opinión que ha entregado el director general de la PDI. Creemos que no representa el sentir de la ciudadanía y los altos estándares que la gente le está exigiendo a las policías.

Además lo que vemos aquí es un doble estándar. Por un lado están los funcionarios que fueron despedidos, a nuestro juicio, injustamente por faltas administrativas y situaciones que constituían problemas de salud -algo que ni siquiera amerita una falta-, y, por otro, policías que cometieron delitos y que se mantienen en la PDI.

– The Clinic solicitó las respuestas a ambos oficios a la PDI y desde la institución señalaron que el segundo documento –el que hablaba sobre policías desvinculados por problemas médicos- sólo podía ser solicitado a través de la Ley de Transparencia. ¿Ustedes ya tuvieron acceso a ese documento?

Nosotros no hemos podido tener acceso a ese oficio todavía. Estamos tratando de indagar qué pasó con él, ya que debería haberse entregado junto con el otro. Además el oficio que nosotros hicimos fue con preguntas directas por casos particulares. Sin embargo, la PDI entrega una respuesta general sobre los funcionarios que cometieron delitos, y no se refiere en ningún caso individual. Nosotros estimamos que cada una de las situaciones son hechos graves.

– Disculpe, ¿el segundo oficio que refiere a los policías que fueron desvinculados no llegó al mismo tiempo que el otro?

Nos llegó al mismo tiempo que el otro, por eso estamos indagando qué pasó.

– ¿Pasó algo en el camino? ¿Se perdió?

No sabemos qué pasó, porque [el documento] aparecía como enviado y todavía no hemos podido tener acceso a él.

– ¿Aparecía como “enviado…”?

O sea, llegó a la Cámara, pero no hemos podido acceder a él todavía.

– ¿No se los han querido pasar?

Según la Cámara no ha llegado. Entonces es extraño. Espero tener respuesta hoy día de qué fue lo que pasó con el oficio, si se demoró, se hubo un error al ingresarlo. Hay múltiples causas. Deberían darme hoy una respuesta.

– Respecto de los policías que fueron dados de baja: ¿en qué se ampararían ustedes para decir que son injustas o irregulares y por qué estas faltas no revisten suficiente justificación para expulsarlos o darlos de baja?

Por un lado, el director dice que los funcionarios que han cometido delitos pueden permanecer en la institución. Entonces no tiene ninguna explicación que una persona que ha tenido más de una licencia o ha faltado producto del estrés laboral en la PDI -donde a la gente la hacen trabajar casi en una forma infrahumana- los hayan dado de baja.

Hay gente que se ha enfermado, o que alguna vez tuvo depresión y que por eso los sancionaron con Lista 4, es decir, los hayan dado de baja. Ellos también tienen derecho a permanecer en la institución. No hay ninguna justificación para que los hayan dado de baja como lo hicieron.

Al menos deberían darles una posibilidad de reconsiderar sus situaciones porque si son capaces de tener a personas que han cometido delitos tan graves como manejar en estado de ebriedad, a una persona que ha estado enferma con mayor razón. La mayoría de los que fueron dados de baja y están trabajando con nosotros, están en eso, ninguno de ellos ha cometido ningún delito.

– ¿Todos los que están en esa lista fueron dados de bajo fue por enfermedad?

No, hay algunos que es por faltas menores como no haber entregado a tiempo un informe. No tiene ningún sentido. Tenemos la impresión de que la evaluación es tremendamente subjetiva, donde el jefe de turno, si le cae bien o le cae mal un funcionario, o si ha cumplido o no con las instrucciones que él le ha dado, hace las evaluaciones. No hay criterios objetivos. Eso es lo que estos ex policías reclaman: que aquí no hubo evaluaciones objetivas de sus situaciones.

– ¿Por qué en Carabineros sí se da de baja a quienes incurren en delitos o faltas graves, y en la PDI no?

Esa es la gran incógnita y la pelea que estamos dando. Creemos que la respuesta del director es insostenible. O sea justifica que se mantengan. Mientras en Carabineros los estándares son mucho más altos. Hemos conocido por los medios de comunicaciones que cuando se dan situaciones en las que cometen delitos graves, se les da de baja inmediata, y es lo que entendemos que en este otro caso debería ocurrir en la PDI. Los estándares para las dos policías deberían ser las mismas.

Hay algo en la PDI que tiene que ver con los criterios de evaluación que están aplicando para unos y para otros. Lo que estamos pidiendo es que ellos lo aclaren. Que digan por qué este doble estándar que están aplicando.

– ¿Toda la responsabilidad le cabe directamente al director, en el caso que sea efectivamente una falta la mantención de estos funcionarios que cometieron delitos?

No es que constituya una falta para el director, hay un criterio general para todos los funcionarios públicos -y específicamente la policía- que es la obligación de denunciar o poner a disposición de los tribunales las personas que cometan delitos.

Entonces, mantenerlos dentro de la institución no constituye una falta para el director, el tema es cómo eso se explica a la opinión pública. Hay un factor más que de sancion, de criterio por parte de la policía y el Director, de cuál es el estándar de exigencia que le hace a su persona que justificaría que estos funcionarios se mantuvieran en la institución, que es lo que él defiende.

Porque en la respuesta que da él defiende que estos funcionarios permanezcan en la institución. Entonces quiere que los estándares que él está manejando no son los suficientemente exigentes para sus funcionarios, lo cual lo pone en entredicho ante la opinión pública, porque indudablemente está justificando situaciones que nadie entiende.

– El director dice que si los policías no son sancionados por la ley, ellos no están obligados a expulsarlos de la organización.

Lo que dice la norma, lo que dicen los estatutos, es que el funcionario público está obligado a denunciar los delitos de los cuales tiene conocimientos y a ponerlo a disposición de los tribunales. No le dice la norma que está además obligado a darlo de baja. Eso permite que este tipo de situaciones se den. Pero ahí es donde se aplica el criterio institucional o del director en este caso, que considera que la falta puede ser tan grave, que amerita para darlo de baja de forma inmediata, que es facultad de los directores en este caso.

– De las respuesta que llegaron una no es satisfactoria y la otra anda extraviada… ¿Cuáles son las acciones que van a tomar ahora con los parlamentarios?

Es lo que estamos viendo. No puede ser que haya un doble estándar en las policías y, por tanto, haremos uso de todos los mecanismos legales para que esta situación sea conocida. Sobre todo en un momento cuando el problema de la corrupción preocupa a la ciudadanía al extremo.

– ¿A qué recursos podrían recurrir, una comisión de investigación?

Es una posibilidad que obviamente existe.

– ¿Todavía no lo han decidido?

No, estamos esperando el otro oficio todavía para ver qué nos van a responder.

– Tras el escándalo del caso Catrillanca y Carabineros, se interpeló a Chadwick. Como la PDI también depende del ministerio del Interior. ¿Podrían citar a Chadwick a la comisión de Seguridad?

Sí, es una posibilidad que existe.