La negativa chilena a firmar el Pacto Migratorio a fines del 2018 abrió un debate sobre el rol de las instituciones internacionales y sobre los beneficios que éstas reportan para Chile. Revisitar la participación chilena en instancias internacionales, pareciera ser una de las posturas que políticos y autoridades han adoptado como lección frente a las recientes experiencias que el país ha tenido ante la Corte Internacional de Justicia con Perú y con Bolivia. Así, a comienzos del 2019, un gobierno más asertivo está dispuesto a desafiar, respecto de Venezuela, la norma de no-intervención en los asuntos internos de otros estados. Norma tradicional del derecho internacional, esencial para estados independientes con menor poder militar, y en el contexto panamericano, norma creada por las naciones latinoamericanas, tras una larga batalla diplomática en contra de los EEUU.

Participantes en este debate han finalmente tocado un tema raramente tratado en nuestra región. Tradicionalmente, internacionalistas latinoamericanos, chilenos incluidos, habían visto en el derecho e instituciones internacionales una herramienta para la defensa de la soberanía y para la garantía del buen gobierno, respectivamente en la prohibición de la guerra y en el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo. Hoy, por el contrario, en nombre de la soberanía, el gobierno de Piñera rechaza la potencial extensión de derechos humanos en el Pacto Migratorio, y en nombre de la soberanía legítima, aquella que respeta los derechos humanos, el gobierno apoya la intervención, por el momento diplomática, en Venezuela.

Tradicionalmente, la oposición entre derechos y límites a la soberanía era mediada a través de un compromiso político con la cooperación internacional. “Cooperar o Perecer” decía Hernán Santa Cruz durante la Guerra Fría. Artífice chileno, junto a otros, de iniciativas como la CEPAL y la inclusión de derechos sociales en el proyecto de derechos humanos, Santa Cruz advertía sobre los peligros causados por la soberanía ilimitada. Las crisis humanitarias y ambientales que resultan del accionar de estados que persiguen exclusivamente el interés nacional individual, pueden ser sólo superados por una comunidad internacional conformada por estados que reconocen fines y vínculos de interdependencia comunes, y por ello obligaciones legales de cooperación internacional.

Hoy Piñera no está solo en su disconformidad con aquellos como Santa Cruz, puesto que, tanto en la derecha como en la izquierda, surgen voces críticas al orden internacional liberal. La izquierda planteando, por ejemplo, que la suscripción al TPP, al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y específicamente que la solución arbitral de controversias entre estado e inversores extranjeros, compromete la soberanía nacional. La derecha, expresando que el Pacto Migratorio limita la soberanía, esto es, la adopción autónoma de las políticas migratorias que el país estime conveniente.

Escepticismos de derechas e izquierdas solían ser rápidamente desechados como expresiones de nacionalismos o populismos extremos. Pero ya no vivimos en los tiempos de Santa Cruz. Hoy se ha vuelto patente que la cooperación internacional no sólo resuelve problemas de coordinación entre estados, sino también impone costos distribuidos desigualmente, respecto, por ejemplo, de grupos de trabajadores, que, como perdedores de una globalización facilitada por el comercio internacional, han terminado como migrantes. En relación a la crisis de refugiados, la desigual distribución de la obligación de no expulsar refugiados pone en jaque la legitimidad del régimen internacional. Y lo mismo podemos decir de la desigual distribución de daños y esfuerzos para abordar el cambio climático, entre muchos otros ejemplos. En este nuevo contexto, obligaciones internacionales comienzan a ser percibidas como injustas limitaciones a la soberanía. En este sentido, el nuevo escepticismo es bienvenido. Sin embargo, invocar la soberanía como justificación para no participar en regímenes internacionales como el Pacto Migratorio, para limitar la adopción de obligaciones legales internacionales como en el TPP, o como defensa de una intervención prodemocrática en contra de Maduro, mientras Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, sea considerado como el legítimo detentador de la soberanía popular –estas invocaciones son más complejas de lo que parecen. Así, aspectos técnicos y formales sobre el Pacto Migratorio (si el pacto es vinculante o no vinculante, si la abstención daña o no la imagen de Chile); así, la búsqueda de eslóganes respecto de Venezuela (dictadura, o no-dictadura) tocan sólo la superficie del problema.

La pregunta central es sobre la naturaleza de la soberanía que se invoca a fin de limitar la cooperación establecida por el orden internacional, y a fin de poner fin a un gobierno que viola los derechos humanos. En tanto autonomía ¿es soberanía para proteger o regular al ciudadano? ¿para proteger o regular al inversor extranjero? Acá la respuesta no puede ser técnica, sino política, puesto que el orden internacional no ve en la soberanía una, sino varias dimensiones. Por una parte, la soberanía reconocida es aquella formal en manos de la autoridad que detenta el control territorial a través del monopolio de la fuerza, como lo fue el gobierno de Pinochet, o lo es hoy el de Assad o Maduro. Por otra parte, la soberanía reconocida es sustantiva, en tanto autoridad que ejerce el poder legítimo, respetando los derechos humanos fundamentales ¿como lo es Chile? Aún más, el ente soberano puede ser el estado –detentador del control territorial formal o legítimo– o pueden ser los pueblos ejerciendo su derecho de autodeterminación ¿como lo son los pueblos, Chileno o Venezolano, o Aimara, Diaguita, Rapa Nui o Mapuche?
En consecuencia, cuando decimos que Chile no debe participar o retirarse de tratados internacionales porque estos injustamente limitan la soberanía, no sólo no estamos explicando por qué el interés nacional está en contradicción y debe prevalecer por sobre los intereses de la comunidad internacional, sino además no damos contenido a la soberanía que pretendemos defender. Cuando decimos que Chile no sólo debe colaborar en una solución a la crisis política, sino además debe quitar reconocimiento a Maduro como representante soberano en tanto violador de derecho humanos, no le damos contenido a la autodeterminación, al ejercicio de la soberanía popular, que queremos defender.
¿Cuál sería la soberanía protegida por la negativa chilena al Pacto Migratorio? Acá reside el problema de la abstención chilena. Una defensa del Pacto y crítica a la abstención debe pasar por una articulación del significado de la soberanía como expresión de la colectividad política que imaginamos. Y en relación a Venezuela ¿Cuál sería la soberanía protegida en el reconocimiento de Guaidó sobre Maduro? ¿El ejercicio soberano legítimo como respeto de derechos civiles y políticos, o como promoción de derechos económicos, sociales y culturales? ¿la violación de cuál tipo de derechos, en qué grado y por quién, gatillaría una intervención prodemocrática, o humanitaria, en nombre de la soberanía? Si estar a favor o en contra del Pacto Migratorio, del TPP o de una intervención en Venezuela es imposible invocando sólo la soberanía, veamos cómo, aclarando su contenido político, en tanto autogobierno popular, podemos defender o criticar diversas posturas.

El rechazo chileno al Pacto no se condice con un Chile que, en búsqueda de la autodeterminación de sus pueblos, busca un horizonte de comunión entre pueblos originarios y generaciones de inmigrantes que le han seguido, no se condice con su participación en la formación de una comunidad regional e internacional definida no sólo por la interdependencia económica, sino por la solidaridad internacional. El Pacto no atentaría contra la soberanía de un país que clama “o el asilo contra la opresión” en su himno nacional. La soberanía de un pueblo construido por inmigrantes junto a los pueblos originarios, en una relación difícil que aún no resuelve injusticias de los primeros a los últimos, ese pueblo no cierra las puertas, éste espera que el Pacto, el documento no vinculante, eventualmente adquiera carácter de derecho duro, obligatorio. Ese país reclamaría ir más allá de la regulación internacional existente. Inmigrar no es hoy un derecho humano, ese Chile iría más allá para establecer ese derecho y para tratar los problemas subyacentes a los flujos migratorios y de refugiados –las desigualdades entre Norte y Sur, el destierro por causas políticas, raciales, de género, por el cambio climático. Si la carga de recibir a las olas migratorias no es distribuida equitativamente, es razón no para cerrar, sino para abogar por un Pacto Migratorio más ambicioso y repartir dicha carga entre más países.

¿Qué haría ese Chile ante la crisis en Venezuela? El compromiso con la soberanía como autogobierno excluiría una intervención militar, humanitaria o prodemocrática, salvo que la situación sea de gravedad equivalente a un genocidio, donde ya no veríamos un soberano legítimo y no habría así soberanía que infringir en una intervención. Venezuela no está ahí, pero aún si así fuera, para garantizar la legitimidad de tal intervención, ese Chile privilegiaría la solidaridad latinoamericana, excluyendo por ello no sólo a EEUU, sino la participación de otras potencias con historias o pretensiones imperialistas en nuestra región. ¿Significa esto que otras formas de intervención diplomática, o de sanción económica en contra de Venezuela están descartadas? El Chile del “o el asilo contra la opresión”, debiera, como lo ha hecho, dar refugio a perseguidos políticos. ¿Debiera Piñera ir más allá de otorgar asilo político? Suponiendo que corrigiera el problema de apoyo a la participación estadounidense, Piñera debiera continuar la presión política bajo la idea que ataques masivos y sistemáticos a libertades civiles y políticas básicas, como detenciones arbitrarias, represión contra la disidencia, límites a la expresión, han debilitado la legitimidad de la soberanía que reclama Maduro. Potenciales avances en derechos económicos y sociales, bajo arbitrariedad y discriminación política, se verían también comprometidos como ejercicios de autoridad legítima.

Si la doctrina Piñera estima obsoleta la norma de no-intervención que protege la soberanía formal, en favor de la defensa de la soberanía substantiva, aquella que resulta del genuino ejercicio de autodeterminación de los pueblos, entonces es aquí, donde la izquierda pudiera sumarse a la derecha de Piñera. Así como la soberanía sustantiva limita el ejercicio del poder en la Venezuela de Maduro, e impone obligaciones de solidaridad a Chile y demás estados de nuestra región, a fin de presionar y contribuir a una salida política, en la forma de un compromiso que garantice la transición hacia un gobierno que respete y proteja derechos civiles, políticos, económicos y sociales, de modo de permitir la genuina autodeterminación del pueblo venezolano, entonces, los demás países de la región son llamados a controlar el ejercicio de la soberanía legítima por las autoridades chilenas y a intervenir cuando autoridades locales se niegan a la autodeterminación, desde las ataduras constitucionales legadas por la dictadura a los lastres históricos limitando la autonomía de los pueblos originarios.

Piñera dirá, que Chile no es Venezuela, y en parte tendrá razón. El pueblo no está en la calle exigiendo el fin a la constitución de Pinochet, y así la comunidad de estados latinoamericanos no debe velar por la vida y derechos de disidentes. Pero la situación es distinta respecto del pueblo Mapuche que clama por mayores espacios de autonomía cultural, económica o administrativa, por el reconocimiento constitucional, por reparaciones ante injusticias históricas. En la demanda de autodeterminación de los pueblos originarios, a las autoridades chilenas les toca negociar y a la comunidad regional garantizar derechos civiles y políticos, impedir la represión, bajo pena de intervención.

En suma, si vemos en la soberanía autogobierno popular, Piñera acierta en la política de intervención en Venezuela, y en relación al Pacto Migratorio, falla en su oposición. La derecha que apoya la abstención chilena al Pacto y la intervención en Venezuela dirá que esta visión de la soberanía no corresponde al imaginario que predomina hoy en Chile. Dirán además que los pueblos Mapuche, Aimara, Diaguita o Rapa Nui, son etnias subordinadas a la soberanía nacional y por lo tanto parte de la autodeterminación nacional sólo en tanto estrictamente chilenos.

Deberán ellos, con apellidos de inmigrantes, formular el ideario soberano que dice no a los nuevos que llegan y no a la autonomía de los pueblos que estaban acá antes que estos llegaran ¿es porque defienden a un Chile blanco y homogéneo? Deberán ellos justificar por qué la soberanía puede ser limitada por acuerdos de libre comercio, no por acuerdos relativos a la migración y no por la autonomía que reclama el pueblo Mapuche. Deberán explicar por qué ven la soberanía como atributo formal del estado cuando se trata del Wallmapu, pero substantivo del pueblo cuando se trata del pueblo venezolano. Si esto fuese así, si dos modelos del Chile que imaginamos están en competición, uno dispuesto de actuar solidariamente en Venezuela en defensa de la soberanía popular, y así dispuesto a firmar el Pacto Migratorio y hacer real las demandas de los pueblos originarios, y otro del Chile blanco, homogéneo, desarrollado e intervencionista por anti-bolivariano y no por defensa de la autodeterminación, si fuese así, si fuese tal el abismo entre imaginarios contrapuestos, a políticos les corresponde poner las cartas sobre la mesa, y al pueblo elegir.

*Arnulf Becker Lorca, es Investigador PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su trabajo se centra en la historia intelectual internacional, y su libro, “Mestizo International Law: a Global Intellectual History, 1842–1933”, fue publicado en 2015 por Cambridge University Press-