En enero de este año, 241 becarios de doctorado y que reciben financiamiento del Estado, a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), recibieron la notificación de que había sido rechazada su solicitud de extensión de plazo (seis meses) para terminar sus investigaciones.

Tesis doctorales sobre derechos humanos, sobre el virus hanta, el alzheimer, y muchos otros tópicos importantes para el desarrollo del país, quedaron sin financiamiento en su etapa final. El Programa de Formación de Capital Humano Avanzado (Pfcha), departamento encargado de administrar el presupuesto para las becas, informó a los afectados que pidieron explicaciones, que esto se debía a una falta de presupuesto imposible de prever.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por The Clinic, afirman que fue el Pfcha el que falló en calcular el aumento de presupuesto necesario para estas investigaciones, pues no incorporó en sus cálculos el crecimiento de las solicitudes de los doctorantes cada año. Es decir, no sacó bien las cuentas y ahora el error lo están pagando los becarios.

Para los estudiantes de posgrado los reclamos y testimonios de lo sucedido este año suenan a deja vú.

El 27 de diciembre de 2017 los becarios de doctorado recibieron un mail en que se les informaba, a tan solo 3 días de terminar el año, que la modalidad para obtener sus beneficios complementarios cambiaría en 2018 y que a partir de entonces tendrían que “concursar” por algo que antes tenían asegurado.

“Casi todos los becarios postulan a los beneficios complementarios. Desde Conicyt dicen que esto siempre estuvo sujeto a disponibilidad presupuestaria, pero ese es el argumento que dan, porque no son capaces de planificar. Nosotros planificamos nuestro doctorado contando con esta plata. Estos beneficios antes no formaban parte de ningún concurso. Desde 2014 se habían aprobado todas las solicitudes admisibles”, cuenta Douglas Smith, uno de los estudiantes de posgrado que conformaron la Red de Becarios Afectados por Conicyt, justamente por este cambio de reglas que consideraban injusto y muy mal informado a los investigadores.

Efectivamente, cuando estos doctorantes se adjudicaron la beca en 2014, fueron informados de que que podrían solicitar cuatro beneficios, en caso de que su investigación lo requiriera: para gastos operacionales, que cubre todo lo relacionado con la compra de materiales, insumos, libros y asistir a congresos a visibilizar la investigación. Para pasantías en el extranjero. Para una cotutela doctoral. Y, por último, para la extensión de la beca por un plazo de 6 meses, esto para asegurar una mayor tasa de estudios finalizados e investigaciones completas y publicadas.

Según Smith, los becarios consiguieron, después de muchas conversaciones con el organismo y otras entidades públicas, dilatar la implementación de esta nueva modalidad hasta el 2019 y que se aceptaran todas las solicitudes de beneficios complementarios del 2018. Esto fue posible gracias a un traspaso de fondos desde Becas Chile al Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, del orden de los 2.000 millones de pesos, según afirma Daniel Portales, director de ese departamento.

Para Smith, investigador extranjero de la PUCV, los primeros resultados de enero de la modalidad de ventanilla cerrada “son escalofriantes”. Casi el 50% de los becarios que pedían una extensión por 6 meses quedaron sin beneficios. Son 241 personas a las que les rechazaron sus solicitudes de fondos y cuyas investigaciones están en riesgo de no poder terminarse.

 

LOS PROBLEMAS DEL CONCURSO

Farides Saavedra es estudiante de Doctorado en Microbiología en la Universidad de Concepción. Su investigación se centra en observar cómo responden los pacientes al hantavirus, estudios con los cuales espera poder aportar a la creación de una vacuna que inmunice a los pacientes a esta enfermedad. Sin embargo, hoy evalúa la posibilidad de tener que tomar otro trabajo para poder costear esta investigación, pues le negaron la beca de extensión este año.

“Esta es una problemática que afecta a todo el país y es un proyecto que no puede quedar parado, pero aquí no están dispuestos a financiarlo. Esto significa un retraso. Yo no quiero que quede parado porque es importante, pero puede demorarse más de lo esperado si necesito buscar recursos trabajando en otra cosa”, explica la investigadora.

Para Saavedra, el principal problema es que “es como si hubieran cambiado las reglas al final del juego”. Ella no puede entender cómo se utilizan fondos públicos para respaldar una investigación por cuatro años y después dejarla abandonada a su suerte, cuando está a punto de concluir.

“Este año postulé a la extensión y no me la dieron, a pesar de que tuve un buen puntaje: 4,33 de un total de 5. El puntaje de corte para este beneficio fue de 4,5, el corte más alto entre las becas complementarias”, cuenta la investigadora.

De hecho, según las bases del concurso para optar a las becas de doctorado – las mismas que se utilizan para postular a los beneficios complementarios desde que se dictó la nueva modalidad -, este no es solo un “buen puntaje”, sino que queda en la categoría de “Muy Bueno”, rango que comienza desde los 4 puntos. “La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aún cuando son posibles ciertas mejoras”, establece la definición oficial.

Según las bases, los proyectos al postular son separados en 31 categorías dependiendo del área que aborden, y evaluados por pares, investigadores y expertos en dichos campos. No obstante, ahora, cuando ya se les ha asignado un puntaje que representa el mérito que tienen, pasan a una selección en la que compiten con todos los proyectos de todas las áreas por estos fondos complementarios.

“No podemos decir que una investigación en química es más importante que una investigación en ciencias sociales, porque son parámetros distintos”, explica a The Clinic José Luis Navarrete, estudiante de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, de la Universidad de Valparaíso.

“Todos los programas de doctorado duran cuatro años. Pero, por lo general, uno no termina el doctorado en ese tiempo, porque alcanza solo para concluir la investigación. Después, necesitas mínimo seis meses más para que des el examen, para que te revisen la tesis, para hacer un viaje que te faltaba hacer, o sea, en general, son mínimo cuatro años y medio, cinco años”, expone.

Fueron más de 500 solicitudes para extensión de beca las que ingresaron para el período 2019, de un total de 708 becarios que comenzaron sus estudios en 2015, según información de Conicyt. Es decir, más del 70% de los becarios solicitó este beneficio, y no por mero antojo. “Nosotros no llegamos y se nos ocurre solicitar cosas. Hay un investigador responsable, que generalmente tiene un proyecto asociado a Conicyt, y además hay una comisión de otros expertos, tanto como de la universidad como fuera de esta, que lo aprueban”, agrega Farides Saavedra.

 

LO QUE DICE LA DIRECCIÓN

Daniel Portales, director del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de Conicyt desde fines de 2015, año en el que comenzaron a estudiar los becarios que hoy no tienen financiamiento para terminar sus doctorados, explica a The Clinic que: “La razón por la que no estamos en condiciones de entregar el 100% de los beneficios complementarios es porque el presupuesto se ha mantenido constante y el número de solicitudes se ha incrementado”.

“En el año 2010 se aceptaban solicitudes bajo las 400 y en el último año adjudicamos casi dos mil. Ese ha sido el incremento que ha tenido esto”, argumenta el director, justificando la modificación de las bases.

“Los criterios de evaluación son conocidos por todos los interesados, no desde el llamado a solicitud, sino que esto forma parte de las bases desde que ellos ganaron la beca de doctorado”, sostiene.

En efecto, uno de los párrafos de las bases para acceder a la beca dice que “el otorgamiento de los beneficios complementarios procederá a la previa evaluación de Conicyt, a cargo del Comité Interno del Programa Formación de Capital Humano Avanzado, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y una vez aprobado el correspondiente acto administrativo”. Este es el principal argumento que tiene Portales para justificar el rechazo a casi el 50% de las solicitudes de extensión, al 40% de las peticiones de gastos operacionales y a casi un tercio de las pasantías, según los informes del organismo. Beneficios que se entregaban al 100% de los becarios hasta este año.

Para justificar el bajo porcentaje de extensiones asignadas, el directivo asegura que se decidió priorizar las pasantías al extranjero para que haya una “internacionalización de la investigación en nuestro país”. Para los becarios esto no tiene sentido, ya que no sirve de nada internacionalizar sus estudios si cuando quieren terminarlos no van a tener financiamiento.

“Esto no es solo presupuestario. Hay un tema de excelencia académica, de garantizarla y poner énfasis en la formación internacional”, agrega el director, que sostiene que la falta de financiamiento a estos estudiantes – que han acreditado su excelencia académica por cuatro años – se debe a que hay que priorizar las investigaciones que son mejor evaluadas. Esta, según Daniel Portales, sería la única forma de administrar el presupuesto que se les otorga.

 

LO QUE NO DICE LA DIRECCIÓN

Sin embargo, el mismo Portales es quien sostiene que el número de becas entregadas por año se mantiene en promedio en las 730 desde el año 2015. The Clinic también pudo corroborar, en las cifras entregadas por la institución a los becarios, que el aumento de solicitudes por beneficios complementarios no es explosivo o repentino, sino que ha sido sostenido en el tiempo, y que ya había un incremento sustancial en el período 2013-2014, donde se pasó de 500 a más de 1.000 solicitudes, y en el período 2014-2015, donde esas 1.000 se convirtieron en más de 1.300 peticiones.

Al 2016 eran 1.400 y para el 2017 alcanzaron las 1.700 solicitudes, para llegar a las casi 2.000 que, como afirma el director, se recepcionaron para el período del año académico 2018.

Este aumento progresivo estaba en conocimiento de la dirección y también de los 50 empleados que trabajaban en el Pfcha antes de que Portales asumiera como director del organismo en 2015, como indicaron a este medio fuentes cercanas la institución. Según la información que entregan, desde ese año han sido desvinculados 41 trabajadores y trabajadoras, la mayoría por “renuncia voluntaria”. También hay cuatro casos de “despidos injustificados”, que terminaron en tribunales y que se pueden constatar en la página del poder judicial.

Este recambio de más del 80% del personal inicial, en un organismo técnico como lo es el Pfcha, es algo que no tiene precedentes en esta unidad, de acuerdo a lo que se informa a este medio. Así también, cabe destacar la designación de las dos subdirecciones del programa sin un concurso público y por asignación directa, modalidad que Portales habría utilizado para traer gente de su confianza, afirman las fuentes.

En relación a esta información, de la masiva rotación de personal y las “renuncias voluntarias”, The Clinic tuvo acceso a una denuncia anónima hecha por un funcionario de Conicyt a Contraloría el año 2018. En esta se alega que los trabajadores “se han visto expuestos a constantes situaciones de gritos, menoscabo, trato discriminatorio y amenazas de anotaciones de demérito en la hoja de vida funcionaria”, entre otras.

En la misiva también se explicita que estas malas prácticas laborales tendrían directa incidencia en el correcto funcionamiento del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado. Además se acusa que “la actual Dirección ha presentado muchos inconvenientes respecto de la implementación de nuevos sistemas informáticos, siendo los trabajadores los que han tenido que llevar el peso, dado que de igual manera se debe dar cumplimiento a los compromisos establecidos pese a las constantes fallas, faltas de coordinación y toma de decisiones”.

La Contraloría General de la República, con fecha 24 de agosto de 2018, emitió una respuesta en la que señala que al consultar al “Director Ejecutivo de la Conicyt, este informó que los hechos indicados por la persona recurrente no fueron previamente denunciados ante el servicio (Conicyt)”, según los protocolos establecidos para realizar este tipo de denuncias.

Es decir, para ingresar la denuncia por el conducto regular – según relatan quienes prefieren permanecer en anonimato -, los funcionarios tendrían que haber denunciado por maltrato, al interior de la institución, a quien es director de uno de los programas más importantes de Conicyt, además de Director Ejecutivo Subrogante del organismo, presidente de la Junta Calificadora y que, por si fuera poco, formaba parte de la Asociación de Funcionarios (Asfunco) hasta junio de 2018.

Para el senador Alfonso De Urresti, quien asistió el lunes 18 de marzo a la Comisión Desafíos del Futuro en el ex Congreso, solo hay una respuesta posible para los problemas de los becarios: “Hay una mala planificación de la oferta de becas, y de su culminación, por parte de los ejecutivos de Conicyt”.

“Hubo claramente una visión tecnócrata, que nunca contempló que iban a haber muchos becarios que no podrían terminar su investigación. No hay planificación. Por lo mismo, esta es una situación que probablemente se va a seguir repitiendo a futuro”, explica De Urresti.