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Opinión

18 de Abril de 2019

Columna de Lorena Estivales: La Florida, cuando quien ejerce un cargo público no valora lo público

Si el alcalde valorara genuinamente lo público entendería que su rol es garantizar derechos. ¿Cuántos colegios municipales han sido cerrados durante su gestión? ¿Cuánto ha mejorado la calidad de la educación en la comuna durante su mandato? ¿Cuántas personas han aliviado realmente sus bolsillos gracias a la gestión de la farmacia comunitaria de La Florida?

Lorena Estivales
Lorena Estivales
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Créditos de la foto: Fernando Ramírez.

Durante estos días, hemos sido testigos de hechos que no nos pueden dejar indiferentes.

Como vecina y representante de La Florida en mi función de Consejera Regional, creo imprescindible reflexionar con seriedad sobre las implicancias que tienen estas irregularidades acontecidas bajo la gestión de Rodolfo Carter.
El Tribunal Calificador de Elecciones ha aplicado una sanción de suspensión por un mes al Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por la “existencia de una situación irregular de manejo administrativo, con una serie de acciones u omisiones que deben ser consideradas infracciones, que lo hacen acreedor a la aplicación de las medidas señaladas en el artículo 120 de la ley 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales” (Extracto literal Sentencia TRICEL, N° 5, pág. 2).er,

Esta sentencia se dicta por una acusación de notable abandono de deberes interpuesta por 4 concejales de oposición. Sin embargo, hay otro proceso administrativo y judicial en curso, en el que han trabajado la Contraloría General de La República, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, investigando los destinos de más de 20 mil millones de pesos, dineros destinados a gastos de Educación y Salud comunales.

En primer lugar, lo que se observa en la gestión de Carter es que hay vecinos de primera y de segunda categoría. Hay personas y dirigentes sociales que reciben subvenciones, proyectos, paseos, fiestas financiados con recursos municipales y otros, como los funcionarios de Salud y Educación, que han vivido situaciones límites como no poder comprar bonos de atención en FONASA por tener impagadas sus cotizaciones previsionales o tener suspendido su seguro oncológico pese a que les fueron descontados los pagos de este convenio. Esto es gravísimo pues sienta las bases de una disputa entre ciudadanas y ciudadanos que habitan y comparten un mismo territorio.

Si el Alcalde valorara genuinamente lo público entendería que su rol es garantizar derechos. ¿Cuántos colegios municipales han sido cerrados durante su gestión? ¿Cuánto ha mejorado la calidad de la educación en la comuna durante su mandato? ¿Cuántas personas han aliviado realmente sus bolsillos gracias a la gestión de la farmacia comunitaria de La Florida?

Estando en terreno, he visto la deficiente atención primaria que reciben las mujeres de La Florida. Con el actual déficit financiero, no cuentan con convenios para realizarse exámenes de ecografías de control de embarazos, ni mamografias, debiendo financiarlas ellas de manera particular o simplemente postergarlas por falta de recursos. También parece una pesadilla la que viven las familias de niños y niñas con Síndrome de Déficit Atencional, cuyos fármacos para este problema no les son entregados de manera regular por problemas de gestión y financiamiento, afectándose con ello su asistencia y rendimiento escolar.

No es una injusticia lo que está viviendo el Alcalde Carter, es el mínimo llamado de atención a situaciones irregulares que generan graves daños a personas de la comuna. No corresponde que se victimice y externalice sus responsabilidades culpando al Ministerio de Salud o al Contralor General de la República por la crisis municipal que enfrenta.

Durante 20 años trabajé en municipios, tuve plena conciencia de que el municipio no es un pequeño feudo en que un alcalde puede usar los dineros de forma antojadiza. Es inaceptable que existan territorios, organizaciones y dirigentes a los cuales no se les convoque, ni se les informe de los planes y procesos de desarrollo que el municipio quiera fomentar, esto es discriminatorio. Por el contrario, a mi juicio, se requiere profundizar en procesos de participación que sean vinculantes, en que se escuchen y respeten las propuestas de bien común que las organizaciones territoriales y funcionales hagan para su comuna. Dada la enorme desconfianza que existe hacia los representantes políticos, es necesario que se garantice una mayor transparencia, por ejemplo instaurando prácticas de contraloría social. Esto es la base del respeto por lo público.

Como representante de La Florida, me siento responsable de velar por el buen uso de los recursos públicos y entiendo que ese debe ser un rasgo ético indispensable de quienes tenemos la confianza de la gente para el ejercicio de cargos de representación. Para mí, ese es el principal problema que ha mostrado en esta crisis el actualmente suspendido Alcalde de La Florida.

*Lorena Estivales, CORE de Revolución Democrática de las comunas de Peñalolén, La Granja, Macul, San Joaquín, La Florida y de la Municipalidad.

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