Tiragate: Las denuncias que acechan al director general de la PDI

Tiragate: Las denuncias que acechan al director general de la PDI

La PDI es, en palabras del exministro del Interior Jorge Burgos, la “joya de la corona” de las fuerzas policiales y armadas, pues no ha dado motivos para sospechar de irregularidades en su gestión. Sin embargo, un grupo de policías y ex policías han presentado denuncias judiciales que ponen en duda esa apreciación: compras cuestionables de pasajes y autos, viáticos injustificados y una hoja de vida desaparecida.

El ministro del Interior Jorge Burgos llevaba dos meses en el cargo cuando le correspondió decidir la sucesión del director general de la Policía de Investigaciones, PDI, en reemplazo de Marcos Vásquez. En la terna que preparó el propio Vásquez, iba en primer lugar el nombre de Héctor Espinosa Valenzuela, como el recomendado a sucederlo y así se lo hizo saber a las autoridades de entonces, ministro y subsecretario, Mahmud Aleuy. Como es tradicional, las autoridades de Interior acogieron esa recomendación y la elevaron a la Presidenta Michelle Bachelet, quien sin reparos lo confirmó en el cargo, a partir del 19 de junio de 2015. La medida, sin embargo, causó extrañeza entre algunos de sus camaradas, especialmente quienes lo conocían desde sus tiempos en la Región del Biobío, de donde es oriundo, porque “muchos de nosotros sabíamos que él tuvo varios días de arresto por un incidente con otro colega a fines de 1980”, relata un exjefe policial a The Clinic. Días de arresto en la hoja de vida, sabe cualquiera que esté en la institución, significa que será casi imposible ascender y, aún más, dependiendo de la gravedad, puede ser motivo de despido. La amonestación, afirma el excomisario Germán Vásquez -quien ha denunciado al actual director general, entre otras cosas, por ocultar su “hoja de vida”- se le habría impuesto a Espinosa por una relación extramarital que tuvo con la esposa de un colega, Eduardo León Hoffmann, quien lo habría denunciado a sus superiores. León, ya retirado de la institución, consultado por The Clinic, reconoce que el incidente existió, pero que “no tuvo ninguna importancia, ya está olvidado” y prefirió no referirse a él. Burgos, en tanto, admite que, hasta donde recuerda, la situación llegó a su conocimiento mientras se decidía la nominación, pero “no nos pareció razón para cuestionar su nombramiento. En la policía, en los años 80, se castigaban estos problemas personales de los policías, pero a los ojos de hoy, un arresto por esas razones parece excesivo y aún, discriminatorio”. La Jefatura de Asuntos Públicos de la PDI, ante consultas de The Clinic, desmintió que Espinosa haya tenido días de arresto en su hoja de vida por un incidente en Concepción. “No es efectivo”, expuso, escuetamente. Héctor Espinosa ingresó a Investigaciones en 1979. Sus primeros años de carrera los hizo en Santiago, pero en 1987 fue destinado a Lebu y luego se incorporó a la unidad de Inteligencia de Concepción (1991-1999). Fue jefe de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana (2001-2002), de la Brigada Investigadora de Robos en Concepción (2002-2003) y de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos en la misma ciudad. Posteriormente, fue nombrado jefe de la Región Policial de Tarapacá (2010-2012) y asumió como encargado nacional de Inteligencia, cargo que tenía al momento de ser nombrado director general de la PDI. Vásquez, quien lidera a un grupo de funcionarios que alegan haber sido despedidos de manera injustificada de la PDI, sostiene, no obstante, que se está ocultando la hoja de vida del director y que, aunque la ha solicitado reiteradamente por transparencia, le ha sido denegada con argumentos como que “se constató que el mencionado sistema solo mantiene los períodos de hasta 10 años a la fecha, es decir desde el año 2008 a la actualidad”, y que por lo tanto, no es posible entregar los antecedentes de Espinosa previos a esa fecha -según la respuesta oficial de la PDI que el expolicía entregó a The Clinic. “Más allá de las razones del castigo, lo que indigna es que para los demás, cuatro días de arresto pueden significar la expulsión y para él, no”, dice Vásquez. “La respuesta que me dan por la hoja de vida es falsa, porque la hoja de vida de los funcionarios se lleva en papel, no solo en computador, y no desaparece ni cuando uno se va de la institución. Lo que nosotros sabemos es que tuvo 14 días de arresto y con eso, lo debieron haber dado de baja. Tenemos colegas a los que por menos, los echan”, dice. The Clinic también solicitó la hoja de vida por Transparencia el 26 de abril, pero a la fecha de esta publicación, no se ha recibido respuesta. Vásquez fue desvinculado de la institución en 2016. En entrevista con The Clinic, sostuvo que su superior usaba las horas de trabajo para hacer un curso de piloto y que como él tenía que asumir el trabajo de los dos, sufrió problemas de salud por “estrés crónico severo”. Debido a lo prolongado de su licencia, fue desvinculado. Tras una demanda laboral, se ordenó su reincorporación, pero cuando volvió, sostiene, “me practicaron un peritaje sicológico, que dio como resultado que no estaba apto para el cargo. Volví a los tribunales y aunque nuevos peritajes, ordenados por la propia justicia demostraron que el diagnóstico estaba equivocado, de todos modos se mantuvo mi despido”. Después de eso, dice, se ha encontrado con numerosos casos similares, que considera injustos y arbitrario. “Y han proliferado bajo la gestión de Espinosa. La única forma de estar bien en la institución, es metiéndose a la masonería”. EL HYUNDAI Y COMPRAS DIRECTAS Vásquez y otros funcionarios han presentado denuncias sobre irregularidades en la institución que se tramitan ante la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Parte de estos cuestionamientos fueron abordados hace dos años por la Contraloría General de la República (CGR), cuando realizó una auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios de la PDI. El informe final, caratulado con el número 148/2017, planteó una serie de objeciones respecto a la forma -compra directa- en que la entidad realizó procesos de grandes compras y, particularmente, a la adquisición de un vehículo para el uso de Espinosa. Las compras directas, sin licitación, recuerda Burgos, “sí causaron cierta preocupación, por lo que recuerdo, al analizar los antecedentes (de Espinosa), pues algo había salido en Ciper. Sin embargo, las justificaciones que nos dieron nos parecieron razonables”. Según consigna el informe final de la CGR, uno de los motivos por los que el organismo auditó a la policía está relacionado con el presupuesto que manejó la Jefatura de Logística de la PDI en 2016, en el área de “Adquisición de activos no financieros”, que alcanzó los $4.634.709.373, representando el 78% del total de los fondos disponibles en toda la institución por este concepto. Tal como lo detalla la CGR, parte de ese dinero fue gastado en la adquisición de 20 camionetas Nissan, modelo NP300, y en un automóvil marca Hyundai, modelo Génesis, comprado exclusivamente para el uso de Espinosa. Para ello, la PDI invitó a sus proveedores a participar vía convenio marco, mediante resoluciones emitidas el 18 de agosto de 2015, en el caso de las camionetas, y el 8 de enero de 2016, en el caso del Hyundai. El problema, expone el informe, es que “dichas comunicaciones contenían términos de referencia que aludían a especificaciones técnicas que solo pudieron cumplir aquellos adjudicatorios que dentro de sus productos” contenían los solicitados, lo que excluyó a gran parte de los postulantes. Esto, según la propia CGR, atentó contra la “imparcialidad” que deben tener este tipo de proposiciones, toda vez que “las especificaciones técnicas señaladas en los términos de referencia estaban dirigidas a determinados proveedores”. Finalmente, la PDI contrajo un doble acuerdo con el oferente Grisolia y Compañía Limitada, ya que la misma empresa proveyó las 20 camionetas Nissan y el vehículo Hyundai destinado al uso de Espinosa, pagando por la primera operación un total de $485.679460 –más de $24 millones el precio unitario-, y $61.407.475 por la segunda. En sus descargos, la PDI señaló que el proceso cumplió con lo establecido por el decreto N°250 del Ministerio de Hacienda, que en uno de sus artículos, expone que “la intención de compra deberá indicar, en lo que interesa, los requerimientos específicos del bien o servicio que se desea adquirir”. Sin embargo, la CGR refutó el argumento, y mantuvo la observación formulada, al citar otro artículo del mismo decreto, el cual ordena que las “especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar” deben ser “genéricas, sin hacer referencia a marcas específicas”. Hecha esta observación, el juicio de la fiscalizadora fue demoledor, especialmente, respecto a la compra del vehículo marca Hyundai adquirido para el uso de Espinosa: “No se encontraron documentos que den cuenta de un análisis comparativo del mercado que justifique su adquisición, considerando además la cuantía del precio (…) no se vislumbran elementos de seguridad que lo distingan de otros vehículos existentes en el comercio, como por ejemplo, el blindaje”. Es decir, no hubo cotización, ni competencia de oferentes para la adquisición. La PDI, en este caso, no formuló defensa alguna. Este mismo hecho fue cuestionado en la querella que presentó el excomisario Vásquez, en contra de todos quienes resulten responsables por eventuales ilícitos. En el documento, el policía alega que la adquisición del Hyundai Génesis superó en más de veinte millones su precio mercado, y que “existe una absoluta desproporción entre el costo del vehículo para un jefe de servicio y el del Presidente de la República”. De hecho, según información pública, el vehículo se ese modelo en 2016 costaba a precio de público unos 20 millones de pesos, no los más de 60 millones que pagó la institución. Contraloría, ante requerimientos de este medio, informó que “el 30 de octubre de 2017, la PDI informó a la Contraloría el inicio de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades administrativas”, por estos hechos. Sin embargo, señaló la entidad, “hasta la fecha la PDI no ha informado a la Contraloría respecto de los resultados de dicho sumario administrativo”. La Jefatura de Asuntos Públicos de la PDI confirmó a The Clinic que dicho sumario concluyó y que se establecieron “las responsabilidades administrativas del caso”, pero que no era posible comunicar el resultado, pues el sumario se encuentra en “estado de apelación”. Vásquez, en tanto, cuestiona el procedimiento y critica a Contraloría por haber encargado a la propia PDI investigar estas irregularidades. La Subdirección Administrativa, que hizo las compras, depende jerárquicamente del director. “¿Qué subalterno va a decir que la responsabilidad es suya?”. VIÁTICOS Y PASAJES En la querella de Vásquez también denuncia prácticas irregulares en la compra de pasajes y uso de viáticos, que ya se han conocido en otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. “En la PDI se habría empleado el mismo Modus Operandi que utilizaban altos jefes de Carabineros y del Ejército (…) por cuanto al revisar la documentación y contrastarla con las fechas de sus concurrencias, en varias de ellas, se solicitaron más de los días estrictamente necesarios para realizar sus cometidos funcionarios, especialmente las que se efectuaron en España, Marruecos, Estados Unidos, China, Bali e Indonesia, solicitando por ellos más días de viáticos de los necesarios y pasajes por precios exorbitantes”. Según estimaciones hechas por Vásquez sobre la base de información obtenida por Transparencia, Espinosa habría recibido cerca de $40 millones por el concepto de viáticos en los años que lleva en el cargo. La querella, además, detalla las 14 expediciones más “graves” o “relevantes” hechas por Espinosa entre 2015 y 2018, las que a juicio de Vásquez, reflejan de manera fidedigna el cuestionamiento a la duración y el valor de sus comisiones de servicio. Entre ellas, se encuentra el viaje realizado por Espinosa entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 a Beijing, por motivo de la reunión número 86 de la Asamblea General de la Interpol. Este evento se realizó entre el 26 y 29 de septiembre. Según los cálculos de Vásquez, el jefe policial obtuvo viáticos por seis días extra. El costo de pasajes por este viaje fue informado en: $5.644.605, y en viáticos: $2.029.762. Este hecho se repitió más de un año después, cuando Espinosa viajó el 15 de noviembre de 2018 a los Emiratos Árabes para participar en la 87a. Asamblea General de la Interpol, cita que se desarrolló desde el 18 al 21 de noviembre. Sin embargo, el general director de la PDI retornó a Chile el 24 del mismo mes, por lo que el viático cobrado, equivalente a $2.136.627, y el valor del pasaje, que ascendió a $4.169.732, contempló seis días extras. Un exfuncionario de la PDI que trabajó en el aeropuerto de Santiago entre 2016 y 2018 asegura, a condición de anonimato, que el director general y el alto mando de la institución incurrieron en la misma práctica que sus símiles del Ejército investigados por el denominado “caso pasajes”. Esto es, comprar pasajes de alto valor para sus comisiones de servicios, luego cambiarlos por tickets más baratos y quedarse con el remanente. “El alto mando de la PDI tiene un alto grado de control y libertad en el aeropuerto. Por eso, tanto el alto mando como Espinosa, después de cambiar el pasaje por uno más barato y quedarse con el vuelto, de todos modos pedían a las aerolíneas que los subieran en primera. Yo hice, personalmente, estas gestiones en favor de mis superiores y de Espinosa, por lo menos en quince oportunidades, tanto para vuelos nacionales como internacionales”. El expolicía recuerda haber “hecho la gestión del cambio de pasaje de caro a barato en los counters de las aerolíneas en el aeropuerto y luego la petición para que subieran al director a primera clase, por lo menos en viajes a Estados Unidos y Europa”. Las ausencias por viajes y comisiones de servicio del director han ido aumentando con el tiempo. Según información pública, incorporada a la querella de Vásquez, en 2015 Espinosa (que asumió a mitad de año) estuvo ausente por 36 días en comisión de servicio; 70 días, en 2016; 80 días, en 2017; y 94 días, es decir, tres meses, en 2018. Esto, sin contar vacaciones ni feriados. “El director, además, hace clases de ética en la Escuela de Investigaciones y por ello recibe unos 300 mil pesos mensuales de sueldo. ¿Cuántas clases ha dado con esa cantidad de viajes?”, pregunta el expolicía. La institución, respondiendo a consultas de The Clinic, niega que en la PDI se usen procedimientos como los que se ha criticado en otras instituciones respecto de la compra de pasajes o pago de viáticos y sobre las clases de ética, afirma que, ante cada ausencia, Espinosa ha “recuperado” sus clases. Otros cuestionamientos, que tanto Vásquez como otros policías y expolicías que se han organizado para hacer sus denuncias (ver http://adexachile.com) hacen, tienen que ver con descuentos injustificados. Por ejemplo, el “fondo de reparación de Vehículos Policiales”, concepto por el cual se le descuenta dinero a todos los funcionarios de la PDI que tienen permiso para conducir vehículos fiscales, pese a que son institucionales y su reparación debiera costearse con fondos institucionales. De estas quejas, los policías han dado cuenta, según informaron a The Clinic, desde parlamentarios del Frente Amplio, pasando por el ministerio del Interior, y hasta a Tere Marinovic. Al salir de la casa de esta última, la noche del jueves 2 de mayo, cuentan Vásquez y otros policías que lo acompañaban, detectaron la presencia de un vehículo policial que los estaba siguiendo, fotografiando y grabando. Al respecto, la PDI emitió un comunicado en que afirma que se trató de una simple coincidencia y que ese vehículo, efectivamente policial, trabajaba en la identificación “de bandas criminales, algunos de cuyos integrantes se han hecho pasar por efectivos policiales, en distintos hechos delictivos”. Otro elemento que se critica al director es haber nombrado en forma “abrumadoramente” mayoritaria a miembros de la masonería en el alto mando de la institución. Vásquez es categórico: “Todo el mundo sabe en la PDI que para llegar al alto mando hay que ser masón”. La Jefatura de Asuntos Públicos de la PDI negó estas afirmaciones y sostuvo que “en la PDI se privilegian las competencias profesionales como único mecanismo de desarrollo profesional”. Tanto Burgos, como en el entorno de Aleuy, negaron que la masonería haya hecho lobby por el nombramiento de Espinosa. Jorge Burgos afirmó, sin conocer los cuestionamientos contenidos en este reportaje, que “en cualquier caso, el nombramiento de Espinosa ha sido un acierto. Comparado con lo que hemos sabido del resto de las instituciones, su gestión no ha dado problemas. Es la joyita de la corona de las instituciones armadas y policiales”.
Comentarios
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