Educación parvularia: Carta abierta llama a fortalecer la institucionalidad pública

Chile está en deuda con la educación de párvulos. Hasta entrada la década del año 2010, la institucionalidad del sector seguía dependiendo en buena medida del esfuerzo histórico que JUNJI (desde 1970), Fundación INTEGRA (desde 1990) y una gran variedad de instituciones particulares privadas. Cabe destacar que JUNJI, desde la década de los 90, expandió su cobertura a través de jardines infantiles de administración indirecta, vía transferencia de fondos (VTF) -la mayoría de ellos de administración municipal- los cuales históricamente han recibido menos recursos. La reforma constitucional del año 2007 y la creación de la Intendencia y Subsecretaría de educación de párvulos en el año 2013 construyen nuevas instancias reguladoras en el sector; no obstante, hoy es unánime el consenso respecto de lo mucho que falta por avanzar en la provisión de este derecho.

Por eso valoramos que nuevamente se ponga en tapete a la educación de párvulos como prioridad. No sólo la institucionalidad del sector debe adaptarse a los nuevos desafíos culturales y sociales del país, sino que debe procurar una expansión racional y coherente de la matrícula intentando, a su vez, eliminar las grandes brechas financieras y sociales existentes producto de años de abandono del Estado a sus distintas y dispares instituciones proveedoras.

El proyecto de ley del gobierno intenta corregir estos diferenciales de recursos a la educación pública por medio de la creación de un nuevo subsidio a la demanda (voucher). Este subsidio a la demanda, además, permitiría alcanzar una cobertura mayor invitando al mundo privado -plausiblemente a los colegios particular-subvencionados- a proveer educación inicial en los niveles medios, es decir, a partir de los 2 años de edad. Una vez más, como en las últimas tres décadas en el resto de la educación, se pretende expandir la cobertura de manera inorgánica sin una centralidad coordinada y colaborativa del sector público como proveedor. A pesar de las prohibiciones jurídicas al lucro en las escuelas, sobreviven hoy distintos mecanismos que hacen posible su sobrevivencia encubierta, tal como ocurre en otros niveles educativos. Así, aunque la intención de corregir asimetrías en los recursos es valorable, lo cierto es que no puede descartarse que el proyecto presentado termine en un lucro encubierto con las niñas y niños más pequeños.

Dicho esto, el problema del potencial lucro con las niñas y niños no es el único. El subsidio a la demanda planteado reproduce en la educación inicial una serie de mecanismos de medición y focalización que han demostrado, con un costo social alto, que las soluciones de mercado en educación no son recomendables.

En primer lugar, no considera la situación particular de asistencia en contextos rurales cuyos problemas de acceso en muchas ocasiones la limitan (principalmente durante los meses de invierno), siendo la asistencia la variable fundamental para la entrega de recursos.

En segundo lugar, se propone utilizar instrumentos del programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial de Chile Crece Contigo como forma de optar a la subvención complementaria para las niñas y niños con necesidades educativas especiales permanentes, es decir, para que los sostenedores obtengan más dinero a partir de determinado diagnóstico de niños y niñas. Tales instrumentos fueron creados para fines distintos a los cuales alude el proyecto, y por ello las consecuencias de vincularlos con financiamiento suplementario pueden ser negativas. En la misma línea, el proyecto establece utilizar los instrumentos (aún en desarrollo) de la Agencia de Calidad de la Educación y de la Superintendencia de Educación que establecen la calidad de este nivel educativo. Por una parte, si bien la función fiscalizadora de una superintendencia incentiva el cumplimiento de normas, hay que discutir si resulta adecuado pedir a la Agencia de Calidad de la Educación que se haga cargo de medir la calidad en el sector, considerando su especificidad y el escaso aporte que, al final del día, el sistema de aseguramiento de la calidad ha tenido en la calidad de la educación escolar. Se trata, en realidad, de trasladar al nivel inicial un sistema de rendición de cuentas, de presión a las comunidades que poco tiene que ver con la calidad o con la mejora.

En tercer lugar, la educación parvularia releva la importancia de las metodologías lúdicas para el desarrollo de experiencias de aprendizaje de las niñas y niños. Esta dinámica metodológica, que se encuentra en el ADN de la educación inicial en Chile, se pone en riesgo con eventuales procesos de estandarización. Ante la abrumadora experiencia que tenemos en el sistema escolar chileno respecto a las consecuencias que ha tenido el SIMCE, sentimos el deber de manifestar nuestra preocupación ante el peligro de estrechar el currículum de la educación parvularia, limitando la diversidad de proyectos y propuestas educativas innovadoras propias de este nivel educativo. En este sentido, las nuevas categorías para clasificar a las niñas y niños usadas en el proyecto de ley, así como los instrumentos mencionados para medir la calidad del sector, son una fórmula conocida y repetida que tiene como resultado probable todo lo que se busca evitar: la estandarización curricular y el aumento de las brechas sociales y culturales entre las niñas, niños y familias del país, ahora, desde la educación parvularia.

Lamentablemente, Chile ha sido un buen ejemplo del fracaso de esta forma de entender la educación. El proyecto presentado supone la introducción del subsidio a la demanda con todas sus formas de mediciones y focalizaciones anexas, adosadas a recursos suplementarios, lo que impulsará una cuantificación de la educación que no es buena como evaluación, o sea, que no nos deja conocer la realidad ni entender mejor el desarrollo de los niños, y que se impone como la consecuencia necesaria en la gestión económica de un financiamiento que va a cada niño y niña y promueve la competencia entre establecimientos, en lugar de ir directamente a los planteles en un diseño colaborativo. En ese sentido, vislumbramos la eventual competencia entre jardines infantiles y colegios particulares-subvencionados, lo que a su vez implica una temprana escolarización de niños y niñas de 2 años de edad, cuestión sin precedentes en el mundo.

En ese contexto, consideramos que mediante este proyecto de ley, terminaremos imponiendo los mismos mecanismos que sobre-burocratizan a los docentes, que hacen menos eficiente el desafío del aprendizaje y estandarizan procesos de aprendizaje que no son estandarizables; todo para construir un mercado competitivo de instituciones financiado por vouchers del erario público.

Es por eso que llamamos a que las asimetrías se corrijan, pero fortaleciendo la institucionalidad pública, modernizándola y expandiéndola. De tal modo el recurso público llegará íntegro a las niñas y niños, sobre la base de una institucionalidad pública en la que se confía y puede trabajar bajo un diseño colaborativo, y no siguiendo un patrón que es reconocido nacional e internacionalmente como dañino. En esta institucionalidad pública, las demandas de sus trabajadores y trabajadoras deben ser atendidas, dándoles el estatus que se merecen y mejorando sus condiciones laborales. Hemos de aprender de los errores: hay que avanzar en fortalecer una institucionalidad pública que reconozca la especificidad de este sector, que de tiempo para el juego y no empiece, por la necesidad de competencia y de gestión del subsidio a la demanda, a estandarizar la vida de niñas y niños pequeños como base para un potencial lucro -encubierto o explícito- garantizado con recursos públicos.

Organizaciones y dirigentes sociales:

Asociación de funcionarios de la Agencia de Calidad de la Educación

Asociación de Funcionarios de la Junaeb

Colegio de Educadores de Párvulos

Dantón Vera, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos de la Educación (FENAEDUP)

Yobana Salinas, Consejera Nacional Central Unitaria de Trabajadores, Secretaría de Educación CUT

Académicos e investigadores en educación:

Alejandra Falabella, Académica Facultad de Educación UAH

Felipe Larenas, Instituto Chileno de Derecho Educacional

Gonzalo Muñoz, Académico Facultad de Educación UDP

Iván Salinas, Investigador Fundación Nodo XXI

María José Opazo Pérez , University of Nottingham, UK

María José Lagos Serrano, University College London, Institute of Education

María Jesús Viviani

Macarena Silva, Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE)

Pablo Sandoval, Instituto Chileno de Derecho Educacional

Vïctor Orellana, Director Fundación Nodo XXI

Parlamentarios:

Camila Rojas Valderrama, diputada (Partido Comunes)

Camila Vallejo (PC)

Cristina Girardi (PPD)

Juan Santana (PS)

Gonzalo Winter (Convergencia Social)

Rodrigo González (PPD)