En septiembre de 2018, Carlos Celis presentó una querella criminal contra seis Oficiales Jefes de la PDI, entre ellos, el director general de la institución, Héctor Espinosa.

El documento, actualmente tramitado por la Fiscalía Centro Norte, sostiene que los acusados incurrieron en los delitos de prevaricación administrativa, falsedad, abuso de poder, perjurio y omisión de denuncias. Todo, según Celis, a causa de la denuncia interna que emprendió en 2015 por la sustracción de chalecos y cascos antibalas desde su propia unidad.

Tras la presentación de la querella, Celis pasó a formar parte del grupo de expolicías que han acusado irregularidades en la institución, las cuales fueron dadas a conocer en el reportaje Tiragate: Las denuncias que acechan al director general de la PDI. Asegura que por causa de las gestiones que ha hecho para dar a conocer estos hechos, ha sido objeto de “amedrentamientos” y “hostigamientos” por parte de desconocidos, a algunos de quienes identifica, por su comportamiento, como funcionarios de inteligencia policial.

Tiragate: Las denuncias que acechan al director general de la PDI

La PDI es, en palabras del exministro del Interior Jorge Burgos, la “joya de la corona” de las fuerzas policiales y armadas, pues no ha dado motivos para sospechar de irregularidades en su gestión.

“Al día siguiente de haber entregado a The Clinic información respecto de actos de corrupción del alto mando de la PDI y del director general, Héctor Espinosa, fui víctima del robo de una carpeta con antecedentes que mantenía en el asiento trasero de mi vehículo y que pretendía entregar con posterioridad”, afirma.

Según el relato del expolicía, la sustracción de los archivos ocurrió durante la tarde del 7 de mayo en la comuna de Recoleta, donde visitaba a un amigo, horas después de haberse reunido con periodistas de este medio.

“Al regresar a mi vehículo, me di cuenta de que tenía sus vidrios traseros rotos, y me percaté de inmediato de que mi carpeta no se encontraba. En un principio pensé que se trataba de un robo normal, pero luego me di cuenta que había cosas de valor que no fueron tocadas, como mi celular, una caja de herramientas y mi chequera. Sin embargo, rompieron el vidrio trasero derecho y la lunera, y sacaron directamente el archivador con los antecedentes”, agrega.

Celis interpuso una denuncia en la Prefectura Norte de la Subcomisaría de Recoleta de Carabineros dando cuenta de estos hechos.

Sin embargo, asegura que estas no han sido las únicas acciones de “hostigamiento” y “persecución” que ha percibido en su contra. Detalla, por ejemplo, que el mismo día del robo a su vehículo, “pero durante la hora de almuerzo, dos personas desconocidas ingresaron al local donde estaba comiendo y trataron de fotografiarme. Luego me siguieron al vehículo y lo intentaron de nuevo”.

“Sé que eran personal de la PDI, específicamente de Inteligencia, porque los reconozco por su forma de desplazamiento, porque mantienen audífonos que esconden con gorros y sostienen cámaras en sus manos”, sostiene.

Cabe consignar que Celis fue parte del grupo de denunciantes que el pasado jueves se reunió con Teresa Marinovic y que, posteriormente a dicho encuentro, dijeron haber detectado la presencia de un vehículo policial que los estaba siguiendo, fotografiando y grabando. Al respecto, la PDI, a través de un comunicado reconoció que el vehículo fotografiado por los exfuncionarios eran de la institución, pero aseguró que el encuentro fue una mera casualidad, pues los agentes investigaban a una banda de delincuentes que “se hacen pasar” por policías.

Por sucesos similares a estos, el Ministerio Público otorgó a Celis una medida de protección el 28 de noviembre de 2018, consistente en “rondas periódicas del Cuadrante de la Comisaría de Carabineros correspondiente a su domicilio”, luego de denunciar persecuciones en contra suyo y de su familia.

LA DENUNCIA
Patrocinada por el abogado Marcos Herrera Chirino, la querella presentada en septiembre de 2015 detalla que Celis, entonces comisario de la Brigada de Investigación de la PDI de Quinta Normal, encontró su casillero personal descerrajado y sin las especies de cargo fiscal que guardaba en su interior, como su casco y chaleco antibalas.

Sin embargo, Celis asegura que “cuando di cuenta de esta situación a mi jefe de unidad, no lo tomó como un robo, sino como una broma del personal. Ante mi insistencia, el chaleco y el casco aparecieron dos días después, en otro lugar de la unidad”.

Tras notificar esta situación al suboficial de guardia, Celis acudió al jefe de unidad, William Morales Cancino, a través de una denuncia fechada el 30 de septiembre de 2015, quien instruyó un sumario administrativo para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

No obstante, “durante la tramitación de ese sumario, me percaté de que la intención no era investigar la sustracción, sino que sancionarme administrativamente por haber reclamado. Producto de eso fui al Departamento Quinto de la PDI, ubicado en el cuartel general, para denunciar lo que estaba pasando conmigo y aportar otros antecedentes sobre la conducta de Morales, como su permisividad con oficiales de la PDI que llegaban en estado de ebriedad a cumplir los servicios de patrullaje, o que las órdenes de investigar se mantenían atrasadas en la unidad por un período cercano a los 180 días, o que nos mantenía trabajando 12, 16 hasta 24 horas sin poder irnos al domicilio”.

Finalmente, según lo expuesto por Celis, Morales fue sancionado y luego expulsado, principalmente, por dejar que algunos oficiales trabajaran en estado de ebriedad y por la sobrecarga laboral.

“Pero, antes de irse, cerró el sumario administrativo que me había hecho por el tema del chaleco, y me sancionó con seis días de arresto, la máxima sanción aplicable a un funcionario. Apelé a mis superiores señalando que ese castigo no era legal, ya que la ley señala claramente que cuando se denuncia a un superior, esa persona no puede aplicar ninguna sanción administrativa, pero se me ejecutó la sanción de todas formas. Luego acudí al prefecto, al jefe regional metropolitano, al subdirector operativo y al director general, teniendo respuestas negativas en todos los casos”, detalla.

Luego de estos hechos, Celis presentó la mentada querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de los oficiales de la PDI Héctor Espinosa Valenzuela, Mauricio Mardones Pizarro, Marcos Venegas Castillo, Darío Ortega Moreno, Williams Morales Cancino y Patricia Acuña Davison.

Entre otros aspectos, la defensa de Celis señala que el sumario que terminó con sanciones en su contra incluyó testimonios incriminatorios falsos, “que indicaban que yo dejé los artículos botados dentro de la unidad, que nunca se me habían sustraído, mientras otras declaraciones decían que yo insulté a los funcionarios en aquella ocasión, aun cuando hubo civiles que presenciaron el hecho y testificaron a mi favor diciendo que en ningún momento ocurrió eso”.

A la fecha, Celis dice no saber si “me encuentro activo o definitivamente me expulsaron, ya que mi último sueldo como funcionario de la PDI lo recibí en enero de este año, pero nadie me ha notificado oficialmente que dejé de permanecer al a institución. Estoy en el aire”.

REGALOS DE NARCOS
Antes de que sucediera esto, Celis alcanzó a estar cerca de cuatro años en la unidad de Quinta Normal de la PDI, período durante el cual dice haber presenciado y denunciado una serie de hechos “a lo menos reprochables” que ocurrían “con habitualidad” al interior del cuartel.

Por ejemplo, en cuanto a la sustracción de su chaleco y casco antibalas, Celis señala que no se trató de un hecho aislado, ya que “existía una pérdida o fuga de indumentaria policial desde la misma unidad, que luego el jefe daba de baja con actas u otros actos administrativos para justificar su pérdida”.

“Lo más probable es que esas especies fueran a dar a narcotraficantes”, agrega.

La relación entre la unidad de Quinta Normal de la PDI y los narcotraficantes, según Celis, también se reflejaba “en que después de muchos patrullajes los funcionarios llegaban con regalos, cajas o cosas que les mandaban desde las poblaciones al jefe de unidad, algo absolutamente prohibido. Estos regalos, en la mayoría de las veces, eran enviados por una persona que tenía antecedentes de narcotraficante en la comuna de Cerro Navia, y eran cajas de vino, pisco, y diversos artículos, pero generalmente alcohol”.

Por último, sostiene que “también era común que en los cuarteles se quedaran con parte de las cosas incautadas. Por ejemplo, si se incautaba un camión con zapatos que habían sido robados, en la unidad se repartían las cajas y se entregaba solamente una parte a Fiscalía”.

PASAJES Y “TELEX”
Antes de recalar en la unidad de Quinta Normal, Carlos Celis se desempeñó entre 2010 y 2013 en el aeropuerto de Santiago, llegando a ocupar el cargo de oficial contralor migratorio.

Pese a que para aquella fecha el director general de la PDI era Marcos Vásquez, lo presenciado por Celis durante su estadía en este lugar es clave para comprender parte de las acusaciones formuladas en contra del actual mandamás de la policía, Héctor Espinosa, y de su alto mando: el abultado precio de los pasajes para comisiones de servicio, “excesivos” cobros de viáticos y, especialmente, el cambio de pasajes, previa coordinación con aerolíneas.

Al respecto, Celis señala: “Enviado por mi jefe de unidad u otro superior, en variadas ocasiones me tocó concurrir hasta las compañías aéreas y efectuar los cambio de pasajes. Básicamente, esto ocurría cuando el director general de entonces viajaba con pasajes de primera clase, los cambiaba por económicos y aún así las compañías lo embarcaban en primera. El jefe de unidad me decía: ‘Está todo listo, no te preocupes, conversa con tal persona y él te va a entregar unos tickets’. Yo iba al mesón de LAN (Latam), generalmente. Desconozco quién se quedaba con la diferencia, pero esta gestión me tocó hacerla muchas veces para pasajes del director general y de su alto mando, incluyendo a Héctor Espinosa, que se desempeñaba como jefe de Inteligencia. En su caso, lo hice para viajes a Estados Unidos y Europa”.

Pese a que Espinosa negó haber hecho en esto en las diversas entrevistas que ha concedido durante la última semana, Celis expone que “lamentablemente, soy testigo de que sí ocurría. Me tocó hacerlo en varias oportunidades. Era una práctica común y habitual del alto mando. Me mandaban a mí y a muchos otros compañeros”.

“El hecho de que Policía Internacional del aeropuerto sea de la PDI, significa muchos privilegios, como descuentos en restaurantes y facilidades para cambio de fechas de pasajes, con todas las aerolíneas”, expone el exfuncionario, quien afirma que la seguridad del sistema aeroportuario es deficiente: “Era habitual que la cantidad de pasajeros que bajaba o subía de un vuelo no concordaba con el número de pasajeros controlados por Policía Internacional. Me explico: si el avión llevaba 120 pasajeros, muchas veces en el control migratorio se chequeaban solo 100, y faltaban 20 que nadie sabía dónde se encontraban. La función de la aerolínea con Policía Internacional es que esa cifra cuadre, pero como muchas veces no sucedía, se solucionaba a la chilena, al compadrazgo”.

“Las aerolíneas, entonces, estaban obligadas a tener una buena relación con la Policía, y viceversa. En torno a este descalce de cuadraturas existen varias hipótesis, como un mal manejo administrativo, fallas del sistema o el ingreso de personas que viajan sin ser controladas. Alerté de este hecho a mis superiores en diversas ocasiones, ya que no se tenía certeza absoluta de cuánta gente salía del país en cada vuelo”, agrega Celis.

Pese a que este hecho no fue incluido en ninguna de las querellas, Celis revela a The Clinic la existencia de un sistema interno llamado Telex, que opera en el aeropuerto con el objetivo de “informar los viajes al extranjero que hacen los diputados, senadores, ministros, jueces, periodistas e incluso del Presidente de la República”.

De acuerdo a Celis, dicho sistema entrega esta información a diversas reparticiones de la PDI, entre ellas, a la “Dirección General y a la Jefatura Nacional de Inteligencia, a través de un documento denominado radiograma, con formato Word y firma, que se envía por correo electrónico interno”.

“Por ejemplo, si iba un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, se informaba su identidad con nombre y apellido, hacia dónde iba, con quién iba y el número de vuelo. Sus datos se anotaban al pasar por una caseta de control migratorio, el funcionario hacía una raya y le informaba al encargado de Telex, quien mandaba el mail respectivo a Inteligencia. Estas anotaciones se hacían respecto de cualquier viaje de las autoridades y personalidades, como periodistas, tanto respecto de viajes profesionales como personales. Muchas veces le pregunté a mi jefe de unidad por qué era necesario ejecutar este sistema, y la explicación era: ‘Porque es información de inteligencia’”, afirma Celis.

Finalmente, consultado por las razones que lo motivan a hacer estas denuncias, el exfuncionario asegura que “no quiero ser reintegrado, no pretendo volver a la institución, ni tampoco quiero algún tipo de beneficio económico, indemnizatorio o de salud. Simplemente quiero dar a conocer todos estos hechos que ocurren dentro de la PDI, para no heredarle a las nuevas generaciones una institución mafiosa. Así de simple”.