El aborto, tabú y estigma para las surcoreanas pese a la despenalización

La decisión en Corea del Sur de declarar inconstitucional el veto al aborto ha abierto la puerta a la legalización de una práctica que, pese a la sentencia, aún implica un importante y traumático estigma social para las surcoreanas.

El Tribunal Constitucional estimó el pasado 11 de abril que la ley que desde 1953 impedía abortar bajo casi cualquier supuesto (siendo las únicas excepciones el incesto, la violación, el mal hereditario o el peligro para la madre) vulnera el derecho fundamental a decidir de las ciudadanas del país asiático.

El fallo obliga al Parlamento a enmendar la ley antes de 2021 para permitir el aborto en fases tempranas del embarazo, de manera que al entrar en vigor la reforma se dejará de castigar a aquellas que aborten voluntariamente y a los médicos que las asistan con penas de hasta uno y dos años de prisión, respectivamente.

Cientos de surcoreanas y surcoreanos aguardaron el fallo ante la sede del tribunal, exhibiendo la división que genera el tema (un 58 % está a favor de la despenalización y algo más del 30 % en contra, según sondeos recientes) en un país en el que la rigidez confuciana había impedido hasta hace poco debatirlo siquiera en público.

Frente a activistas y ciudadanos de a pie reclamando el fin de la prohibición se plantaron grupos cristianos (en torno a un tercio de los surcoreanos son protestantes o católicos), pidiendo que no se legalizara lo que consideran un “asesinato”.

Finalmente, los primeros cantaron victoria al escuchar el histórico veredicto y, entre el regocijo, algunas dejaron escapar lágrimas de amargura.

“Desde 2010 muchas han luchado para cambiar esta ley saliendo a la calle y compartiendo sus experiencias sin importarles las miradas de reprobación y el estigma que supone”, contó a Efe Na Young, coordinadora de la plataforma Acción Conjunta para la Justicia Reproductiva, durante un acto posterior para celebrar la sentencia.

El año 2010 fue un momento clave en el camino hacia la despenalización, ya que ese año se formó una agrupación de doctores provida que, aprovechando el descenso de la natalidad, comenzó a denunciar la cantidad de abortos clandestinos que se practicaban en Corea del Sur cada año (unos 340.000, según estimaciones del Gobierno de 2005).

Paradojicamente, el movimiento sacó a la palestra un tema que había permanecido en las tinieblas -de hecho, la ley rara vez se ha aplicado y han sido muy pocas las mujeres y médicos condenados- y acabó posibilitando que en 2012 se denunciara por primera vez la posible inconstitucionalidad de la norma.

“De hecho, el aborto -añade Na Young- sigue siendo un tema tabú: muchas rechazan ser entrevistadas porque se sienten como personas desamparadas por la sociedad, aunque parte de eso ha empezado a cambiar con la sentencia del Constitucional”.

Los cálculos muestran que el número anual de abortos voluntarios en Corea del Sur ha disminuido (unos 50.000 en 2017), probablemente por una mejor educación sexual, la caída en el número de mujeres en edad fértil y también por un mayor acceso a medicamentos para la terminación del embarazo a través del mercado negro.

“Abortar en Corea del Sur es tan fácil como ir a una clínica ginecológica”, relata a Efe una mujer que reclama estricto anonimato y que ha estado en “contacto directo con muchas mujeres que lo han hecho y no quieren hablar de ello para no revivir una experiencia dolorosa”.

El pago, de unos 5.000 dólares (desde la campaña de los médicos de 2010 el precio se ha multiplicado por diez), “se realiza siempre en metálico”, cuenta, y es para someterse a un procedimiento de dilatación y legrado.

El proceso consiste en un raspado de las paredes del útero que en muchos países ya no se usa para interrumpir el embarazo al estar desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tal efecto.

La mujer habla de casos “típicos”, como el de una estudiante, universitaria o en edad escolar, que miente en casa diciendo que tiene un viaje o actividad y que, tras someterse al legrado, pasa la convalecencia durante el fin de semana en un motel.

“Algunas están acompañadas por parejas o amigas, pero otras lo hacen completamente solas”, detalla.

También hay muchas mujeres casadas que, al descubrir que esperan niñas, abortan ante la tradicional preferencia en el país por engendrar varones que perpetúen el apellido.

La pelota está ahora en el tejado de los políticos y algunos temen que los grupos de presión cristianos influyan en la enmienda.

“El objetivo de la nueva ley debe ser el de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de todos”, cuenta Na Young, abogando porque la reforma haga referencia también al derecho a una educación sexual de calidad o permita acceso legal a medicamentos para interrumpir el embarazo.

Se espera, en todo caso, que además de aligerar la carga económica y eliminar los riesgos para la salud física y mental que han soportado las surcoreanas, pueda servir para cambiar actitudes y enterrar la sensación de menosprecio que muchas han tenido que sufrir solas y en silencio.