Cuando a Freddy Llanquín Herrera (41) se lo llevaron detenido -a las 21.15 del 23 de julio de 2015-, los agentes de la Brigada de Homicidios de la PDI lo dejaron subir al segundo piso de su casa, en Los Andes, para que pudiera despedirse de su hijo. “Le dije que me iba a trabajar al norte. Él tenía siete años en ese momento. Pasaron los meses y al final él asumió que yo lo había dejado botado. Le preguntaba a mi señora dos o tres veces al día si ella también lo iba a dejar botado”, relata.

Llanquín pasó 916 días en prisión preventiva acusado del homicidio de Patricio Rojas, ocurrido en Huechuraba el 20 de mayo de 2015. Dos años y medio privado de libertad antes de que el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago lo absolviera completamente de los cargos, por un crimen que no cometió.

Según estadísticas de la Defensoría Penal Pública, entre enero y diciembre de 2018, 661 personas han estado en prisión preventiva o internación provisoria por más de seis meses antes de ser absueltas o sobreseídas. Es decir, antes de que se resuelva que no existen pruebas suficientes para inculparlas o de que sean derechamente declaradas inocentes.

En el mismo período, 1.390 personas inocentes pasaron por la cárcel entre 16 días y menos de seis meses. Esto fue lo que le ocurrió a Manuel Cortés Herrera (31), medio hermano de Freddy Llanquín, quien en 2015 estuvo cuatro meses y 25 días en la cárcel Santiago 1, imputado también como autor de homicidio en el mismo caso, pese a que en el momento del asesinato se encontraba tocando en un recital con su banda en La Pintana. También fue sobreseído definitivamente por inocencia.

A Cortés se le tomó su declaración recién el 4 de diciembre de 2015, más de cuatro meses después de su formalización, tiempo que pasó en prisión, presionando para dar su versión de los hechos y para que el Ministerio Público escuchara a los numerosos testigos que podían avalarla. “Desde la primera audiencia les dijimos que había videos, que tenía amigos que habían sacado fotos, y no se hizo nada. No se tomó en cuenta”, alega. Antes de ser detenido, Cortés se desempeñaba como educador social en un centro del Sename en Lo Espejo.

“Es la violencia máxima. Yo creo que si hay algo a lo que los humanos le tenemos miedo es a perder la libertad, a perder tu vida. En ese momento, mi hijo estaba aprendiendo a caminar, y al final me coartaron la posibilidad de verlo dar esos pasos. Me lo quitaron”, lamenta.

Ambos hermanos hoy tratan de seguir con sus vidas a pesar de los graves problemas que les han causado estos “errores” de los organismos estatales que -ellos creían- debían protegerlos.

DAÑO SICOLÓGICO

Carolina Villagra, psicóloga de la Universidad de Chile, máster y doctora en Criminología, investiga sobre la experiencia pospenitenciaria desde hace 14 años. “Toda persona que pasa por una cárcel vive una experiencia de deterioro importante. Esta privación de libertad en un ambiente hostil, toma toda la personalidad de un individuo y la traduce en normas que funcionan dentro de la cárcel, pero no fuera de esta. Negociación con violencia, negociación sexual, dejar tu identidad fuera de las paredes de la cárcel para entrar a un lugar donde adquieres una nueva. Es una experiencia deteriorante en todos los planos de la vivencia humana”, comenta.

La investigadora también explica que la atención de salud mental en los centros penitenciarios es “precaria, escasa y limitada. No muy distinta a la que tenemos los chilenos y chilenas fuera de cárcel”, agrega. “Solo que con la privación de libertad esto se amplifica a niveles que pueden ser catastróficos. La gente presenta síntomas similares a los de haber estado en un campo de concentración, por ejemplo. Los síndromes de estrés postraumáticos son muy frecuentes. Para la salud mental, es un impacto muy profundo”.

Quienes debieron pasar por esto no son solo los condenados, sino también los más de 3.156 acusados y acusadas que fueron liberados de sus cargos en 2018, y que estuvieron en una cárcel o centro de detención mientras se investigaba su causa. Medida cautelar que, según Carolina Villagra, se aplica en forma exagerada y sin criterio. “En Chile, la tasa de encarcelamiento es de las más altas de Latinoamérica. A nivel mundial, la tasa de prisión preventiva es de tres personas cada 100.000 habitantes y en Chile, tenemos ocho de cada 100.000 habitantes, casi el triple”, dice. “Aquí utilizamos esta medida indiscriminadamente y sobre todo contra poblaciones particularmente vulnerables: minorías étnicas, clases socioeconómicas más pobres. En el caso de las mujeres, la prisión preventiva también ha aumentado enormemente en los últimos años”.

No todos permanecen presos el mismo tiempo: 1.102 personas no culpables o inocentes estuvieron en prisión preventiva entre uno y 15 días en 2018, poco si se compara con los dos años y medio de Freddy Llanquín e incluso con los casi cinco meses de su hermano Manuel. Sin embargo, la psicóloga y docente de la Universidad de Chile afirma que estar encerrado incluso por poco tiempo puede ser perjudicial. “Lo que más se encuentra en la cárcel, en condenas cortas, son cuadros ansiosos, cuadros depresivos y mucha ideación suicida. Una persona que se ve de un día para otro privada de su libertad piensa en cómo quitarse la vida. De hecho, la mayor concentración de suicidios se da en los primeros meses de la privación de libertad”.

“Y en los casos de personas que son inocentes, junto con toda la experiencia de la privación de libertad, se suma una mucho más fuerte que es la sensación de injusticia. Tú sabes que no cometiste ese delito, entonces esa tensión puede generar incluso una psicosis. Es muy alienante”, concluye.

La injusticia

Cerca de la medianoche del 20 de mayo de 2015, Juan Carlos Llanquín, hermano de Freddy y medio hermano de Manuel Cortés, iba con dos hombres en su camioneta en la que llegó a una plaza donde Patricio Rojas bebía con amigos. Todos los testigos presenciales coinciden en que Juan Carlos Llanquín habría bajado de la camioneta junto a otros dos individuos, uno de los cuales apuñaló y mató a Rojas.

En el informe de la PDI, fechado el 18 de junio de 2015, se incorpora la versión de los testigos afirmando que uno de los hombres que acompañaba a Juan Carlos Llanquín era su hermano. Mediante reconocimientos fotográficos, la policía individualizó a los acompañantes como Freddy Llanquín y Manuel Cortés.

El tribunal, al absolver a Freddy Llanquín, revela que las fotografías de los hermanos Llanquín y Cortés fueron agregadas a los sets de reconocimientos fotográficos luego de que el sistema Equifax de Dicom los identificara como hermanos de Juan Carlos. Que la PDI los buscó en el sistema para incluir sus fotos, “porque rumores de la población hablaban de la participación en el homicidio de Rojas Cheuquelaf, de Juan Carlos y sus familiares”, se lee en la sentencia judicial.

En el mismo fallo, la corte acusó que en este reconocimiento fotográfico, los testigos señalaron que el culpable era el n°7 del set F. Y que esa persona no era Freddy Llanquín. No obstante, su fotografía se incluyó en el informe.

“Los testigos que llevaba la fiscalía era evidente que no me conocían. Ellos dijeron que yo trabajaba frecuentemente con Juan Carlos, y yo no trabajaba con él desde que tenía 19 años y a la fecha de los hechos, yo tenía 37 años. Esos cabros (los testigos) tenían alrededor de 20 años. Saca la cuenta”, explica Freddy Llanquín, quien se encontraba en su casa en Los Andes en el momento del asesinato.

Ni Freddy ni Manuel pudieron declarar hasta el 4 de diciembre de 2015, en una instancia que se denomina “cautela de garantía”, en la que se acusó al Ministerio Público de abandono de deberes. Recién en ese momento pudieron entregar su versión y aportar otras evidencias, como los ocho testigos, fotografías y videos que probaban que, en el momento del crimen, Manuel Cortés se encontraba sobre el escenario del “Galpón Kultural”, en la población San Ricardo de La Pintana, tocando la batería con su grupo de Ska Punk, y que estuvo allí entre las 22 horas hasta las cuatro de la madrugada siguiente.

Gracias a esta evidencia, a Cortés se le cambió la medida cautelar y el 19 de diciembre dejó Santiago 1, para continuar esperando el resultado del juicio con arresto domiciliario total. “Claro, yo salí en esta especie de libertad, pero Freddy seguía preso, entonces no es como que estuviera disfrutándolo. Más encima, te encierran en la casa y te quitan la posibilidad de salir a trabajar, de que te sientas funcional. Yo tenía a mi hijo y tenía que generar lucas. Te hacen depender del resto y de la buena voluntad que puedan tener”, cuenta el educador social.

Cortés fue sobreseído definitivamente por inocencia por la Corte de Apelaciones de Santiago el 30 de julio de 2018. Más de tres años después de haber sido imputado.

Cuando Manuel Cortés salió de prisión preventiva, Llanquín albergó esperanzas, cuenta. Pero el sueño le duró apenas dos días, hasta la audiencia de revisión de su medida cautelar, en la que le negaron la posibilidad de salir. En ese momento, dice, supo tenía que armarse de valor y luchar. “Me puse a trabajar: cocí cuero, vendí cigarros, hice aseo, porque igual estando en ese lugar era padre y marido, y tenía que aportar con dinero a mi familia. Tú no sabes lo que cuesta un abogado”, relata el carpintero.

Mientras, Juan Carlos Llanquín, declaró el 8 de febrero de 2016 que quienes lo acompañaban al momento del homicidio no eran sus hermanos, sino otros dos sujetos a los que identificó con nombre y apellido. Uno de ellos era su primo, Julio Torres Herrera, quien fue descartado como posible autor por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, luego de una supuesta investigación que se realizó.

En el mismo fallo de la absolución de Freddy Llanquín, el tribunal califica de “vergonzoso” el descarte de Torres como autor, “teniendo información sobre su posible participación en el homicidio, desde agosto de 2015, y contando con que, con fecha 23 de mayo de 2015, tres días después del homicidio, abandonó el país”.

EL ESTIGMA

Cuando ya llevaba dos años en prisión, Freddy Llanquín bajó los brazos y se resignó. “Yo hacía aseo, y de repente estaba en el comedor y veía que se metían peleando y pegando puñaladas, pateando gente casi como que jugaban una pichanga. Y tienes que vivir con eso, hacerte un temple de hierro. Cuando llegaban los nuevos y tenían visitas, los cogoteaban y les quitaban todo”, cuenta acongojado.

“Supieras el infierno que se forma de las 6 a las 9 de la noche”, relata. Cuenta que llegó a fumarse dos cajetillas de cigarros al día por la ansiedad. “Todos gritando, durmiendo de a seis a diez personas en piezas súper pequeñas, soportando peleas. Mi mujer paró de comer, solo fumaba, y yo temí por lo que pudiera pasarle. Ambos bajábamos y subíamos de peso. Todo era plata y más plata”.

Freddy Llanquín y su familia gastaron más de 25 millones de pesos durante todo este proceso. En la devolución de costas, procedimiento en el que la defensa le pide al Estado que reembolse al afectado por lo ocurrido, solo se le reconocieron ocho millones.

Humberto Sánchez, encargado jurídico del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, afirma que esto es un comportamiento sistémico. “Existe muy poco cuidado o protección a las personas que sufren esto. La ley establece la posibilidad de una indemnización o reparación, pero en la realidad lo que sucede es que esto se da en muy pocos casos. Ello se debe a una serie de dificultades que tiene el sistema de justicia civil para arribar a decisiones condenatorias contra el Estado. Es muy difícil ganarle”, dice el abogado.

Además, las posibilidades de trabajo disminuyen considerablemente debido a la condición de exreo que recae sobre los afectados, como cuentan los hermanos Llanquín y Cortés. De hecho, a Llanquín ya le han sido negadas varias oportunidades de empleo por su “situación”. El trabajo que tiene actualmente terminará a fines de mayo y no sabe qué hará con sus deudas luego de eso.

Sánchez explica a The Clinic que el Estado no solo entrega pocas o nulas indemnizaciones en estos casos, sino que además tampoco facilita apoyo ni ayuda de ningún tipo, a excepción del Proyecto Inocentes de la Defensoría. “Todos los procesos de reinserción se hacen sobre la base de la culpabilidad. Lamentablemente, cuando una persona es absuelta o sobreseída antes de esta condena, no tiene acceso a ninguno de estos planes o programas que el Estado ofrece a través de Gendarmería u otros organismos para personas en esa condición”.

Según el abogado, las cifras del Poder Judicial indican que de cada diez casos de solicitudes de prisión preventiva presentadas por la Fiscalía, nueve son aprobadas. “Hay un uso excesivo de esta medida”, sostiene. Y lo que molesta más a los hermanos Llanquín y Cortés, es que ninguna institución se hace cargo de los errores cometidos.

“Es un daño enorme, tanto físico, como económico y por supuesto que psicológico. Al final, en mi familia estamos todos quebrados por esto”, agrega Manuel Cortés, quien tuvo que dejar de trabajar con niños en el Sename, pues los problemas que le tocaba ver en este ambiente le recordaban mucho lo que tuvo que vivir, lo que lo hacía involucrarse demasiado, al punto que no le era posible mantener la distancia profesional. “No quería que niños y niñas tuvieran que pasar por lo mismo que yo”, dice.

Según las cifras de la Defensoría, diez de los 661 casos de inocentes o no culpables que pasaron más de seis meses en prisión preventiva, corresponden a menores de 18 años.

Freddy Llanquín pasó por 14 audiencias antes de ser liberado del “infierno” que asegura le tocó vivir. Hoy, cuando se sienta con su familia a ver televisión, no puede ver ninguna película con escenas de juicios y menos las noticias. “Sale un tribunal y cambiamos enseguida el canal. Nos generó un trauma a todos”, comenta. Dice que está absuelto solo en teoría, pero no en la práctica.

“Nos privaron de nuestro derecho a la presunción de inocencia. Y después de que sales y que te sientes libre de los barrotes y de las murallas, te das cuenta que tienes que lidiar con otra prisión, porque eres prisionero de un estigma. En mi caso, el estigma de ser un asesino”.