Cedida por Neftalí Carabantes

El Round Codelco – Contraloría: Un duelo de gigantes

“Chile debe aprender de su historia, el boom minero y posterior deterioro –cíclico– en el precio de los commodities nos dejó varias y duras enseñanzas, como la necesidad de cuidar la gestión y la productividad, no desatender la exploración y las inversiones, en un marco de absoluto respeto a la institucionalidad y al medio ambiente”.

El país ha sido testigo de un infrecuente y desgastante conflicto entre Codelco y la Contraloría General de la República, luego que esta última emitiera un duro informe de fiscalización sobre la minera estatal, revelando un millonario sobrecosto en planes de egresos y pusiera reparos a las contrataciones de Codelco con partes relacionadas.

En opinión de Codelco, la interpretación sostenida por la Contraloría es equivoca, excede sus facultades, y además, restringiría la capacidad de Codelco para competir en la industria minera a nivel mundial. La Contraloría, sin embargo, desestimó el reclamo, señalando que su pronunciamiento no afecta las facultades de Codelco, y que, por tratarse de una empresa del Estado, le cabe cautelar el buen uso de los recursos públicos.

El Directorio de Codelco reaccionó, vía un hecho esencial e informó a la CMF, que había presentado una demanda de nulidad de derecho público en contra del informe de auditoría emitido por la Contraloría.

Es dable preguntarse ¿Codelco está exento del control y la fiscalización de la Contraloría General de la República? La respuesta es no.

Fácil es advertir que Codelco es una empresa pública y, como tal, le son aplicables los principios de eficiencia, eficacia y probidad establecidos en la LOC de Bases. Además, la Constitución Política le encomienda a la Contraloría ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado.

Ninguna empresa del Estado, que maneje recursos fiscales, puede sentirse incomoda por el control ni se puede negar a ser fiscalizada. Lo único que ha hecho la Contraloría por intermedio de su titular, Jorge Bermúdez, es hacer su trabajo, cual es velar por la legalidad de los actos de la Administración del Estado y fiscalizar el buen uso de los fondos públicos.

El control constituye un elemento consustancial al Estado de Derecho. La administración pública y sus órganos deben estar sujetos al control público, sin excepción. De lo expuesto fluye que, Codelco ha de ser fiscalizada por un órgano que goce de independencia como lo es la Contraloría General de la República, sin perjuicio que, por expreso mandato legal y en específicas materias, Codelco, además, deba estar bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Cámara de Diputados y de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.

Codelco más que oponerse al control y judicializar la fiscalización de la cual fue objeto, debe reafirmar su compromiso con el cumplimiento de los mejores estándares nacionales e internacionales de transparencia en su desempeño como empresa, toda vez que las fiscalizaciones de la Contraloría -tal como lo estima la OCDE- son una oportunidad de mejora continua y un desafío a los exigentes estándares que la empresa debe profundizar en materia de probidad, transparencia, sustentabilidad y buen gobierno corporativo.

Es el minuto de cambiar el switch. A Codelco le debiera quitar el sueño pensar en una nueva Ley de Capitalización; cómo navegar y manejar sus costos con un precio de US$2,68/lb (2019 a la fecha) en circunstancias que el precio promedio para el 2020 se estima en US$2.90; o el desenlace de la disputa USA-China, en el marco de un probable déficit del metal rojo hacia fines de la década.

El Directorio y la administración de Codelco deben poner foco en materias de real relevancia para la compañía, como lo son evaluar el rendimiento de su colocación de bonos por US$1.300M en Nueva York, para obtener la holgura que le permita reordenar y financiar su programa de inversiones al 2050; mejorar su productividad, potenciar la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y concretar sus proyectos estructurales en sus principales divisiones: inicio de Chuquicamata Subterranea; consolidar el “Nuevo Nivel Mina” de El Teniente; avanzar en el proyecto “Traspaso Andina”; dar continuidad a “Sulfuros RT Fase 2”, así como, “Rajo Inca” que viabiliza la continuidad de la División Salvador, apostando por la reconversión, la automatización, y la meta de accidentabilidad cero en sus operaciones.

Chile debe aprender de su historia, el boom minero y posterior deterioro –cíclico– en el precio de los commodities nos dejó varias y duras enseñanzas, como la necesidad de cuidar la gestión y la productividad, no desatender la exploración y las inversiones, en un marco de absoluto respeto a la institucionalidad y al medio ambiente.

Hace bien el Ministro de Minería Baldo Prokurica cuando lamenta la decisión de Codelco de persistir en el litigio judicial, formulando un llamado a las partes a terminar el conflicto, y anunciando, esta semana, la idea de enviar un proyecto de ley que zanje de aquí en adelante las diferencias en materia de fiscalización. No obstante, por un principio de transparencia y responsabilidad, es hora que Codelco y la Contraloría con altura de miras y visión de Estado alcancen un acuerdo, puesto que es perfectamente compatible la acción efectiva de Contraloría en el control de los recursos públicos, con la gestión eficiente y a prueba de fiscalizaciones de una compañía minera, líder en el mundo y estratégica para Chile, como lo es Codelco.

Neftali Carabantes H. abogado, ex subsecretario, Secretario General U. Central

Comentarios
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