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Actualidad

24 de Septiembre de 2019

Investigan a diputado Pedro Velásquez en la Cámara por denuncia de acoso sexual

Agencia Uno

Desde que se aprobó el Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual en enero de este año, el exalcalde de Coquimbo se convertirá en el primer parlamentario indagado en esta instancia.

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Después de ocho meses de que se aprobara el protocolo creado para la prevención y sanción del acoso sexual al interior de la Cámara Baja, se dio a conocer la primera investigación que se realizará a un diputado.

Según recogió La Tercera PM, la Comisión de Régimen Interno de la Cámara se enteró de la denuncia contra Pedro Velásquez el miércoles 11 de septiembre. Algunas fuentes de esa instancia que fueron consultadas por ese medio, mencionaron que ese día comenzó la indagatoria, liderada por Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio y presidenta de Convergencia Social.

Velásquez es parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y fue alcalde de Coquimbo entre 1992 y 2006. Su nombre surgió a pesar de que en la reunión no se hubieran mostrado antecedentes de ambas partes, por respeto a la confidencialidad del caso, punto importante que se estableció en el protocolo impulsado cuando Maya Fernández (PS) fue presidenta de la Corporación.

Yeomans, quien fue electa al azar -tal como dice la norma-, deberá presentar los antecedentes a la Comisión de Régimen Interno, quienes aplicarán sanciones si se comprueba el acoso sexual por parte de Velásquez, el que declaró estar “sorprendido”, pues según él: “A mí no me han notificado de nada“.

El parlamentario negó las acusaciones en su contra, y sostuvo: “Aquí estamos frente a una persona que en su imaginación tiene una capacidad de inventar increíbles”. Además, contó que todo se trataría de una “revancha”, dado que despidió a un colaborador del exfuncionario que presentó la denuncia. Éste, según el congresista del FRVS, también tendría antecedentes penales.

¿Qué arriesga Pedro Velásquez en caso de que sea culpable? La sanción más grave serían la censura y una multa entre el 10% y el 50% de la dieta parlamentaria. Si es que hay delito, la Cámara tiene que denunciarlo a Fiscalía de forma obligatoria.

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