“Los Castorcitos”: El jardín infantil del MOP bajo acusaciones de abuso sexual

El pasado 31 de mayo, una apoderada llegó preocupada al jardín infantil “Los Castorcitos” por lo que le había contado su hijo. El lugar, que depende del Servicio de Bienestar de la Subsecretaría de Obras Públicas, y opera también como Sala Cuna y Club Escolar, sirve como un beneficio para funcionarios de la institución, quienes llevan a sus hijos para que los cuiden y eduquen, realizando un pago menor por ser trabajadores del organismo. 

La madre estaba angustiada pues la noche anterior, mientras bañaba a su hijo de cuatro años, él le contó que el profesor de Educación Física habría tocado sus genitales.

La madre miró en retrospectiva los cambios de conducta que su hijo había experimentado durante los últimos meses. Según aseguró una fuente cercana a la madre, el niño comenzó repentinamente con pataletas, reacciones agresivas y una inusual fijación con los genitales.  Constantemente llegaban comunicaciones a la casa por el mal comportamiento del niño y, según la versión que construyeron a partir del relato de sus compañeros de curso, todo tenía que ver con que una profesora del jardín lo retaba y tironeaba. Incluso, cuando no podía lidiar con esto, lo echaba fuera de la sala, donde, según asegura la familia, habrían ocurrido los hechos.

Después de la confesión del menor en la ducha, la mamá del menor se comunicó inmediatamente con la directora del jardín, Carolina Reyes, para contarle. En esta conversación quedaron de juntarse al día siguiente en el establecimiento.

Así lo hicieron a primera hora del viernes 31 de mayo. Apenas escuchó la denuncia, la directora se ofreció para llevarla a la Policía de Investigaciones (PDI). Ahí, la derivaron a Carabineros, específicamente a la 35º Comisaría de Delitos Sexuales.

Ya en el cuartel, le tomaron la declaración a la mamá del niño, pero cuando era el turno de la directora ella ya no estaba. Se había ido. No fue a declarar el mismo día, pero sí acudió después a Carabineros y puso a disposición de ellos los registros de las cámaras de seguridad.

En audios a los que tuvo acceso The Clinic, la directora aseguró que el relato de la apoderada fue que el profesor cuando se iba a despedir del niño le tocó los genitales por encima del pantalón. Si bien esto fue lo primero que dijo el pequeño, después le contó a su familia que no sólo lo habían sobado, sino que también tocó sus genitales de manera directa. “El tío me hacía así (gesto de masturbación)”, decía el niño según relata una cercana a la familia.

El reconocido abogado y profesor de Derecho Penal, Juan Pablo Hermosilla, explicó que “el tocar los genitales de un niño por arriba del pantalón, por arriba de la ropa interior del niño o por debajo son delitos exactamente iguales”. 

En la misma grabación a la que accedió The Clinic, se asegura que Reyes volvió inmediatamente al Ministerio de Obras Públicas para comunicar lo recién ocurrido a Mireya Tourrel, Jefa del Servicio de Bienestar, y a Riola Polanco, Jefa de la División de Desarrollo y Gestión de Personas. También, en esos días se lo comentó a los funcionarios del jardín y al profesor acusado, quien dejó sus funciones en el establecimiento el 3 de junio, luego de que la apoderada del menor acudiera al Servicio de Bienestar para exigir que lo sacaran del establecimiento. De todas formas, siguió haciendo clases de “Gimnasia de Pausa” a los funcionarios del MOP, entre ellos a los padres que tenían a sus hijos en “Los Castorcitos”.

El incumplimiento de las normativas

Lo más problemático de la situación es la orden explícita “de no comunicar” lo sucedido a los apoderados del jardín. Según unas actas de reuniones a las que pudo acceder The Clinic, esto sucedió a inicios de junio, cuando Carolina Reyes les contó a los funcionarios del jardín acerca de la primera denuncia. Sin embargo, quien determinó la medida y dio ese mandato fue Riola Polanco.

“Aquí el tiempo es súper importante, es clave, es fundamental (…) pasa un mes y puede que ya no hayan lesiones, puede que la memoria haya hecho estragos y ya no recuerden bien las cosas”

Créditos: Psicóloga experta en delitos sexuales Ximena Jofré

La razón por la que se tomó esta decisión, según el Ministerio, fue por una supuesta solicitud que había hecho la mamá del menor, pidiendo la discreción de la situación y la no exposición del pequeño, haciendo caso omiso a la Ley de Menores (Nº 16.618), el Código Procesal Penal y el Estatuto Administrativo (Ley Nº 18.834), que establecen la obligación para los funcionarios públicos, directores de establecimientos educacionales (públicos o privados) y profesores, de denunciar estos hechos dentro de las 24 horas siguientes a las que tuvieron conocimiento de esos antecedentes. 

En cambio, la familia de la presunta víctima, aclaró que no es cierto lo señalado por el Ministerio pues lo único que pidieron fue la reserva del nombre del niño y no del caso. En este sentido, esperaban que las autoridades del jardín informaran a la comunidad de inmediato, cosa que no pasó.

Según el “Protocolo de Promoción del Buen Trato y Detección e Intervención en situaciones de maltrato infantil”, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, cuando una situación de abuso sexual involucra a un funcionario del establecimiento se divide entre hechos y/o denuncias fundadas y hecho que se sospecha. Para ser fundado, implica que debe tener un “antecedente y/o evidencia material o documental” que hagan plausible el hecho. 

En cambio, si es una sospecha de abuso sexual por parte de un funcionario del establecimiento, que es el caso del jardín, se debe entregar la denuncia personalmente a la directora. Esta misma deberá dejar constancia de la fecha en que se realizó la denuncia en la libreta “del o los menores” y el mismo día en que toma conocimiento debe informar por escrito a la Jefa Nacional del Servicio de Bienestar. Según afirman los apoderados, Reyes no dejó constancia de la denuncia en la libreta del menor.

En este documento no se explicita que se le deba informar la situación a toda la comunidad escolar. Sin embargo, en un texto en que el Ministerio de Educación (Mineduc) guía a los establecimientos a realizar protocolos en casos de abuso (“Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de Actuación”), se recomienda:

“Es importante insistir en que, al no denunciar o detener una situación abusiva, quienes saben de ella se convierten en cómplices de un delito. La comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza al constatar que el establecimiento no encubre este tipo de situaciones. En este sentido, resulta vital mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del o los niños y niñas afectadas, sino con la comunidad educativa en general, con el fin de evitar un ambiente de secretismo y recelo”.

La psicóloga experta en delitos sexuales infanto juveniles, Ximena Jofré, afirma que “aquí el tiempo es súper importante, es clave, es fundamental (…) pasa un mes y puede que ya no hayan lesiones, puede que la memoria haya hecho estragos y ya no recuerden bien las cosas, entre medio pueden haber factores emocionales que pueden hacer que el recuerdo del niño se contamine. Entonces, es muy malo que se demoren en ese sentido”.

Para la psicóloga María Teresa Scott, que ha investigado y publicado acerca de las características de la memoria infantil y cambios en el comportamiento de los niños, “la evidencia muestra que la probabilidad de que los niños de esa edad -tres o cuatro años- mientan es bastante baja, eso no significa que lo que digan necesariamente haya ocurrido como lo están narrando, lo más frecuente es que se trate de falsas memorias”. La psicóloga también detalla que la sugestibilidad infantil es alta, “por lo que las falsas memorias que se crean a través de la sugestión, no son mentira, porque no es una invención deliberada, sino que se contamina el recuerdo por algunos factores de influencia, como el estereotipo y la insistencia, entre otros”.

Los otros casos

La familia que había denunciado el caso ante la policía dejó de enviar al menor al jardín y durante junio pidió información a las autoridades sobre cómo se estaba gestionando la situación. Al no ver respuestas concretas, tomaron la decisión de llevar al niño a una psicóloga clínica que trabaja con este tipo de hechos, quien emitió un certificado a mediados de mes. Ahí se señala que el pequeño presentaba síntomas agresivos y ansiosos por un posible abuso sexual en el jardín infantil del MOP, lo que podía provocar una irritabilidad que era incapaz de controlar solo, debido a su corta edad.

El pequeño continuó yendo a terapia y la familia envió una carta a inicios de julio a la Subsecretaría de Obras Públicas, adjuntando el certificado que emitió la psicóloga que venía trabajando con el niño. A esas alturas, se dieron cuenta que ningún otro apoderado había sido informado de la situación. Frente a esto, determinaron divulgar el caso a la comunidad de “Los Castorcitos”. Según cuentan algunos apoderados, fue una noticia impactante, más aún al considerar que la denuncia de la mamá se había realizado un mes atrás y se decidió, deliberadamente, no comunicarla.

Cada curso de “Los Castorcitos” tiene un apoderado que funciona como delegado y está  encargado de comunicarse con las autoridades y bajar la información. Uno de ellos escribió preocupado a Carolina Reyes el 3 de julio, exigiendo las explicaciones correspondientes. Hasta ahí, el MOP aún no había derivado el caso a Fiscalía.

La denuncia formal como institución se realizó un mes y cuatro días después de que las autoridades del jardín supieron de los presuntos hechos. El jueves 4 de julio, la fiscal del Ministerio de Obras Públicas, Francisca Morandé Errázuriz, se enteró por Whatsapp de lo sucedido y puso en conocimiento a la Fiscalía Centro Norte mediante una carta que se envió al día siguiente, en la que adjuntó un sobre cerrado con antecedentes.

De forma paralela a la investigación judicial, la fiscalía del MOP abrió un sumario administrativo para encontrar responsables en el manejo de la situación. Esta medida fue exigida por apoderados en la primera reunión grupal que tuvieron con Carolina Reyes y Riola Polanco para hablar del tema. Ambas están incluidas en las indagaciones. También, el Servicio de Bienestar informó que el acusado está cumpliendo “labores administrativas” desde su casa con goce de sueldo.

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Si bien la familia del primer caso es la única que está involucrada en el sumario, aparecieron otros relatos de niños que aseguraron que el profesor de Educación Física les habría tocado los genitales. La versión más frecuente era que el “tío” les hacía cosquillas en la guata y después en la vagina. Hasta el momento, hay cinco denuncias en la Fiscalía Centro Norte y cuatro posibles casos que tienen sospechas pero no han formalizado la denuncia en el Ministerio Público. Actualmente, la investigación está en manos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI.

Una de las apoderadas que denunció, aseguró que su hija era muy tímida, de las niñitas que “no rompen ni un huevo”, pero de la noche a la mañana le empezaron a llegar comunicaciones asegurando que la pequeña había golpeado y tirado el pelo a sus compañeros, entre otras cosas. Al recordar que este comportamiento coincidía con lo relatado por la primera mamá, decidió acercarse a su hija y conversar un poco respecto del jardín. Ahí fue cuando le contó que “los juegos eran feos” y que el “tío de gimnasia” le hacía cosquillas. “Me hacía cosquillas por aquí, en la guata y en la vagina (encima del pantalón)”, le dijo a su mamá.

Su hija no quería ir más al jardín y tampoco a las terapias psicológicas. En una ocasión, cuando se abrió a conversar del tema, explotó en llanto. Actualmente, la apoderada sostiene que la pequeña no participa activamente en Gimnasia, tiende a quedarse al margen de sus compañeros e incluso siente alivio cuando no va a tener esa clase.

Otro caso de los denunciados, cuenta una historia similar. La menor en un principio se entusiasmaba con la clase de gimnasia y hablaba todo el día del profesor. De hecho, la mamá se llevó una gran sorpresa cuando su hija le dijo llorando que no quería ir al jardín. Esto, sólo con ver el buzo y darse cuenta que era el día que le tocaba Educación Física. La apoderada creyó que solo sería una vez porque estaba cansada, pero siempre que tenía gimnasia gritaba y le repetía lo mismo. En este caso lo único que le dijo la pequeña a su mamá fue que tenía “secretos” con el profesor.

Sebastián Castillo, es también uno de los apoderados que denunció. Según cuenta, cuando se enteró del primer caso, decidió jugar con su hija a las muñecas que hacían Educación Física, ya que la pequeña, al igual que otros testimonios, presentó un cambio de comportamiento en fechas similares al resto. Estaba más agresiva, no quería ir al jardín y hablaba permanentemente que tenía un “secreto”. En aquel entonces, sus padres no sabían a qué se refería.

En esa instancia fue donde la menor le comentó que el profesor en dos ocasiones había tocado sus genitales por sobre el pantalón y lo representó visualmente. “Nosotros estábamos hincados y ahí se paró, abrió sus piernecitas y me hizo la mímica así explícita. Según lo que me mostró, él le pasó la mano por la vagina. Pero me dijo que era un secreto entre ella y el profesor, no le podía contar a las tías porque se iban a enojar”, afirmó Castillo.

Estos y otros apoderados son los mismos que critican la orden de “no comunicar” porque al no tener conocimiento de la situación, perdieron la oportunidad de tomar acciones desde antes, tratando de obtener información relevante por parte de sus hijos. Aseguran que por su corta edad se les olvidan los detalles de las cosas.

Las respuestas del MOP

Frente a las solicitudes de los apoderados, el Ministerio decidió traer a dos psicólogas que son parte del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica, Ana María Arón y María Teresa Llanos. El objetivo era realizar reuniones con todos los padres del jardín y ayudarlos a enfrentar la situación que hace pocos días se había conocido por la comunidad. La primera junta fue seis días después de la derivación formal de la Fiscalía del MOP al Ministerio Público.

En ese contexto, los ánimos de los apoderados estaban caldeados. Querían a Carolina Reyes fuera del cargo de directora y al profesor de Educación Física desvinculado del Ministerio definitivamente. Los padres exigieron esto desde que tomaron conocimiento de la situación, sobre todo en el caso del acusado.  

El Jefe de Gabinete Juan Pablo Longueira, quien fue el encargado desde la médula del Ministerio para afrontar la situación, respondió estas inquietudes a mediados de julio. Para eso se creó un Comité de Crisis Ministerial junto a los delegados de curso y a la nueva Jefa del Servicio de Bienestar, Carolina Soto, quien reemplazó a Tourrel el primer día del mismo mes, pues su predecesora jubilaba. Longueira mantenía reuniones con los delegados y se comunicaba con los padres afectados que decidieron denunciar a la fiscalía, al menos hasta fines de agosto, cuando dejó de trabajar en la cartera de Obras Públicas.

Para el caso de la directora, Longueira aseguró, según un acta de las reuniones realizadas con los delegados de los cursos, que uno de los argumentos para no despedirla fue la expresa recomendación de la psicóloga Ana María Arón de que Reyes se mantuviese en su puesto de trabajo. Consultada por este hecho, la psicóloga prefirió no referirse al tema, ya que actualmente está trabajando en el MOP.

En cuanto a la solicitud de los padres para que el profesor de Educación Física fuera desvinculado del Ministerio, la respuesta de las autoridades fue que hasta no tener una condena por parte de la justicia no podían despedirlo. Además, dijeron que su contrato terminaba en noviembre. 

El primer contrato del profesor se hizo desde octubre de 2018 a enero de este año, pues llegó a hacer un reemplazo. Luego de eso, se realizó otro convenio hasta noviembre. Sin embargo, este último no fue aprobado por la Contraloría hasta finales de agosto. 

El abogado Juan Pablo Hermosilla aseguró que el contrato podría haber sido anulado por parte del ministerio. Sin embargo, explicó que “una cosa es que las personas tengan derecho a denunciarlo y otra que lleguen y lo despidan sin que haya antecedentes claros que él haya realizado un delito. Ahí lo que uno generalmente recomienda es que esperen los resultados del Ministerio Público”. 

Otra de las medidas que adoptaron las autoridades fue acudir a la Fundación para la Confianza para que, en conjunto con los apoderados y los funcionarios del jardín, revisaran y mejoraran los protocolos existentes, además de implementar medidas preventivas para evitar a futuro situaciones de este tipo.

Entre julio y octubre, la comunidad de apoderados envió varias cartas y correos al ministro Alfredo Moreno y al exsubsecretario Lucas Palacios, para reunirse y hablar de las peticiones que tenían. Moreno asumió el cargo a mediados de junio, cuando el Ministerio ya sabía del caso.

Después de harta insistencia, el ministro se reunió el pasado 9 de octubre con algunos de los padres que denunciaron los presuntos abusos, donde pudieron conversar de las cosas que están solicitando, entre ellas, ayuda psicológica. 

Consultado por este tema, el Ministerio, vía mail, aseguró que “la investigación judicial que busca esclarecer las presuntas responsabilidades delictuales por los hechos denunciados está en manos del Ministerio Público y sigue su curso legal con la completa disposición del MOP a colaborar en lo que se requiera. El profesor denunciado por abuso sexual, en tanto, fue apartado de sus funciones desde el mismo día que se realizó la denuncia y se mantiene en esa condición”.

También mencionaron la instrucción del sumario interno, “que busca esclarecer cualquier tipo de responsabilidad administrativa. Esta diligencia cuenta con prioridad y respaldo por parte de la Fiscalía MOP para que el fiscal instructor pueda tomar las medidas que estime necesarias y convenientes. A esto se suma que la Superintendencia de Educación ha intervenido de acuerdo a sus propios protocolos investigativos y estamos en la etapa de espera de la respuesta”.

La denuncia formal como institución se realizó un mes y cuatro días después de que las autoridades del jardín supieron de los presuntos hechos

Por último, se refirieron al trabajo que han realizado con la comunidad de apoderados: “En forma paralela, un equipo de psicólogos altamente calificados en materia de abuso sexual infantil y adolescente está trabajando con el grupo de profesionales y técnicos a cargo de los niños; como Ministerio creamos una mesa permanente de trabajo con apoderados representantes de cada nivel académico del jardín; se han realizado reuniones abiertas con los apoderados con el fin de generar un proceso de acompañamiento y tanto ellos como los funcionarios del jardín infantil trabajarán con la Fundación para la Confianza, liderada por José Andrés Murillo, con el fin de revisar y mejorar los protocolos existentes e implementar medidas preventivas tendientes a evitar cualquier tipo de situaciones de riesgo a futuro”.

Mientras esperan el avance de la investigación de la Fiscalía, los apoderados reconocen que emocionalmente han sido tiempos difíciles junto a sus hijos, a quienes han tratado de contener y apoyar tanto en el hogar como con tratamientos psicológicos.

*The Clinic intentó obtener una versión oficial por parte del Ministerio Público, pero respondieron que no iban a referirse al caso mientras la investigación estuviese en curso sin una formalización. 

Si ha visto o está sufriendo vulneración a sus derechos, siendo menor de edad, debe llamar al 147, Fono Niños de Carabineros. El número está disponible las 24 horas y los 365 días del año, y se puede acceder tanto desde teléfonos de red fija como móviles.