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Opinión

5 de Noviembre de 2019

[Columna de Noam Titelman] “Estar viviendo a medias ya no da más”: Pensar las pensiones en el marco de un pacto social

Agencia Uno

"Quizás el mayor error de los Chicago Boys y los padres de las reformas neoliberales en Chile ha sido, también en este caso, el fetichismo de las soluciones simples y minimalistas a las dificultades de la sociedad: “una regulación mínima, un par de subsidios dirigidos y el mercado se hará carga de todo el resto”, escribe Noam Titelman

Noam Titelman
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Rafael Herrera es un jubilado de 75 años. Según relata en La Tercera, recibe $140.000 de pensión y gasta mensualmente $180.000 pagando sus deudas. Para la diferencia (y para vivir), depende de algunos trabajos que realiza, pese a sus problemas de columna, y el apoyo de su hijo. Al manifestar por qué salía a protestar en el estallido social que convulsionó Chile, lo explicaba de la siguiente manera:

Conozco a un viejito de 80 años que está en silla de ruedas y su pensión es miserable. Él dice que si tuviera una pistola mataría a alguien de pura rabia. Yo no haría eso, pero mi enojo es el mismo. Estar viviendo a medias. Ya no da más

Chile fue pionero en introducir a partir de los 1980´s una nueva forma de hacerse cargo de las pensiones de vejez. En lugar del sistema de reparto y de los sistemas de capitalización colectiva, esos nuevos sistemas, basados en la capitalización individual, prometían obtener los beneficios de los sistemas de capitalización colectiva, en términos de transferir utilidades del capital a trabajadores, pero manteniendo una estricta lógica individual y de mercado. En vez de colectivizar los esfuerzos por la vejez digna, el sistema traería “soluciones privadas a problemas públicos”.

El sistema de capitalización individual pretende que, por medio de la ley, los trabajadores se vean obligados a ahorrar un porcentaje de sus sueldos y ese ahorro les permita recibir parte de las rentas del capital en que se invirtió, cuando se jubilen. Contradiciendo el principio básico en economía de que el ahorro es un bien de lujo (a medida que aumenta el ingreso, el ahorro se vuelve una porción mayor), el sistema busca que todos los trabajadores ahorren un mismo porcentaje de su ingreso. Por último, cada trabajador recibirá, al momento de jubilarse, sus ahorros con sus respectivas utilidades. Ni un céntimo más ni menos. La justificación para un sistema de ahorro forzado como este es la presunción (implícita) de que la gente irracionalmente ahorra menos de lo que debería para su vejez. Paradojalmente, en nombre de la libertad de mercado y la supremacía del individuo, se emplea al Estado para coartar esa libertad.

Además de esta contradicción con la ética libremercadista, existen al menos tres problemáticas con el sistema que hacen crujir el pacto social sobre el que se sostiene cualquier modelo de pensiones:

1 La primera es la noción de que la solución al ahorro subóptimo puede venir de una obligación contributiva de cotizaciones para las pensiones. Si una persona tiene un ingreso bajo y, por lo tanto, considera que no tiene capacidad de ahorro, enfrentado a la obligación de entregar ingreso presente a las AFP, eludirá el pago de cotizaciones precarizando su relación laboral y su jubilación o, alternativamente, puede cotizar, pero endeudándose para sostener su gasto presente. Es más, en un país como Chile, donde el hogar promedio tiene una deuda que supera el 70% de sus ingresos y la tasa de interés de consumo promedio está en torno al 20%, se vuelve extremadamente difícil que las rentas del AFP compensen los intereses de la deuda (la rentabilidad promedio de los fondos de las AFP en los últimos 15 años está en torno al 6%). En otras palabras, si bien en el agregado el sistema de AFP puede terminar aumentado el ahorro nacional, es perfectamente factible que, para un número importante de personas, las más pobres y con menor capacidad de ahorro, el sistema de ahorro individual forzoso termine disminuyendo su riqueza. Esto también quiere decir que, para algunas personas, la inversión más conveniente para sus ahorros, que se encuentran cautivos en la AFP, sería pagar sus deudas. 

2 El segundo problema es de economía política. El sistema ha removido de la ecuación la perspectiva nacional y de defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Esto implica que los fondos pueden terminar invirtiéndose en negocios que perjudican los intereses de sus cotizantes (eludiendo impuestos, implementando prácticas antisindicales o destruyendo la sustentabilidad de nuestros recursos naturales) y la sostenibilidad del mismo sistema

Un ejemplo de este problema surge en torno a la edad de jubilación, lo que se puede explicar haciendo una analogía con el mercado de fondos mutuos. En este mercado una de las variables por las que compiten estos fondos es cuánto tiempo se debe dejar los ahorros depositados antes de poder retirarlos (sin sanciones). Ante dos fondos mutuos iguales, que solo se diferencian en este plazo, cualquier cliente racional escogería el fondo que ofreciera un plazo menor.

Las AFP se pueden conceptualizar como un fondo mutuo en que, además de tener garantizada la participación de los clientes, la edad mínima de jubilación implica un plazo garantizado de mantención de los ahorros. Si alguien planeaba jubilarse a los 67 podrá hacerlo con o sin aumentar la edad de jubilación. Si alguien planeaba jubilarse a los 65 y se sube a 67 la edad de jubilación pierde esa opción. En el sistema de capitalización individual, subir la edad de jubilación implica quitarse la posibilidad de poder retirar los ahorros antes, sin recibir nada a cambio de esta pérdida de opciones.

Es decir, todos y cada uno de los individuos afiliados a AFPs en Chile tienen incentivos para que se mantenga la edad de jubilación lo más baja posible (para tener la opción de jubilar antes, ya sea que la ocupe o no), y ninguno tiene incentivos para que se suba.

En cambio, en un sistema de capitalización colectiva o de reparto, los costos y beneficios de subir la edad de jubilación son colectivos y los incentivos individuales en este ámbito menos claramente en contra de un incremento en la edad mínima de jubilación (por ejemplo, para la población activa, subir la edad de jubilación implica que tendrán que trabajar más años, pero también significa que se reduce la población jubilada a la que tendrán que mantener). Esto podría explicar por qué, pese a los llamados de los defensores del sistema de AFPs a aumentar su sustentabilidad elevando la edad de jubilación, comparado con los demás países de la OCDE, Chile ha sido el país que menos ha subido su edad de jubilación.

3 El tercer problema es el costo oculto de un sistema de pensiones que no garantiza beneficios mínimos a sus afiliados. El origen del Estado de Bienestar y el sistema de pensiones está en su capacidad de colectivizar el costo de una vejez digna. Sin embargo, cuando las pensiones no alcanzan para eso, como es prevalente en el caso chileno, dicha colectivización es sólo parcial. Los que pueden, recurren las redes personales (normalmente familiares) para sostenerse y, ante pensiones insuficientes muchos adultos mayores dependen del apoyo familiar, por ejemplo, de sus hijos, para mantenerse. En este sentido, la capitalización individual no resuelve el problema de envejecimiento de la población pues la población activa que tiene que suplementar estas pensiones insuficientes es cada vez proporcionalmente menor. Es decir, en una importante medida, el sistema de capitalización individual camufla el problema del envejecimiento poblacional, devolviéndolo al ámbito privado y sin solucionarlo.

Tomadas en conjunto, las tres problemáticas hacen dudar de la sostenibilidad de un sistema como este. De hecho, las reformas del 2008 que incorporaron la Pensión Básica Solidaria, financiada con el presupuesto público, y las crecientes presiones para aumentar esta pensión son una primera muestra de la inviabilidad social y política del sistema. Quizás el mayor error de los Chicago Boys y los padres de las reformas neoliberales en Chile ha sido, también en este caso, el fetichismo de las soluciones simples y minimalistas a las dificultades de la sociedad: “una regulación mínima, un par de subsidios dirigidos y el mercado se hará carga de todo el resto”.

Es posible, sin embargo, imaginarse una solución compleja que incluya varias herramientas de política pública para hacerse cargo de la diversidad de necesidades, bajo el principio de que las pensiones no son un problema individual del trabajador y sus ahorros, ni de todos los trabajadores y sus ahorros conjuntos, son del país completo. Dada la complejidad de nuestro tejido social, una solución que se presente como bala de plata está condenada a fracasar.  No hay atajo a la deliberación política y largo y tedioso proceso de asegurar vialidad técnica a los consensos sociales. Lo que sí es innegable es que, como dice Rafael Herrera, este sistema de pensiones que tiene a tantos jubilados viviendo a medias ya no da más.

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