Columna: ¿Cómo avanzar hacia una policía democrática?

Desde hace décadas, Carabineros de Chile enfrenta una profunda crisis que se expresa en tres dimensiones diferentes: la primera es de desempeño, referida a la falta de capacidad profesional para controlar el orden público, prevenir e investigar la comisión de delitos; la segunda es de control, referida a su excesiva autonomía respecto del poder civil y la a ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas; y, la tercera de legitimidad, referida a la pérdida de credibilidad y confianza en amplios sectores de la población.

Estas tres dimensiones interactúan conjuntamente, generando una crisis que se acentúa durante las últimas semanas y hoy se encuentra en un punto de inflexión. Los abusos cometidos por Carabineros a la hora de reprimir la protesta social están sobradamente documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch y muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Junto con ello, su labor policial ha sido tremendamente deficiente: todavía no sabemos quienes fueron responsables de los ataques a la red de Metro ocurridos hace más de un mes, y existe una creciente sensación en cuanto a que los participantes en incendios y saqueos rara vez son detenidos.   

En este contexto, nuestros directores de Espacio Público, Lucía Dammert y Mauricio Duce, propusieron un conjunto de ideas dirigidas a reformar radicalmente nuestra fuerza policial. Dentro de la dimensión de desempeño, es importante mejorar significativamente la formación de nuestros policías y la capacidad institucional para producir prueba pericial. En concreto, proponemos crear un Sistema Nacional Forense, que centralice los recursos de las distintas policías en un nueva institución vinculada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, las becas y otros programas de formación de capital humano avanzado como CONICYT debieran recoger la necesidad de contar con mejores profesionales en materia policial.

A su vez, los recursos policiales deben focalizarse en identificar a los grupos que participan en los actos graves de violencia, a través de grupo de tarea especializado en materia de incendios y saqueos. Ello incluye una unidad policial de respuesta rápida frente a situaciones de urgencia, que permita reaccionar frente a la realización inminente de actos de violencia, así como equipos expertos en análisis de material digital y monitoreo de redes sociales, aprovechando la capacidad instalada en el sector privado en la materia para actuar de manera urgente.

Enseguida, y dentro de la dimensión de control, es fundamental fortalecer la estructura técnica en el Ministerio del Interior y establecer un sistema de evaluación externa en materia de prevención del delito. Estas evaluaciones deben incluir recomendaciones específicas de mejora y sus resultados deben ser de acceso público. También es importante institucionalizar sus vínculo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, de tal manera que estos organismos realicen una supervisión efectiva de los procedimientos policiales y puedan trabajar en conjunto para implementar los cambios que correspondan. Asimismo, deben estrecharse los vínculos del trabajo policial territorial con los alcaldes y alcaldesas, a través de herramientas administrativas que mejoren los niveles de coordinación. Por otra parte, los gastos reservados de Carabineros deben reducirse al mínimo, alcanzando un monto que se justifique en orden de las necesidades en materia inteligencia y sujeto a un mecanismo especial de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República.

En tercer lugar, en cuanto a la dimensión de legitimidad, es necesario adoptar medidas inmediatas que terminen con las situaciones de abuso. Se debe llevar un registro completo de todas las situaciones de abuso, así como fortalecer el registro audiovisual de las actuaciones policiales y generar un sistema de registro que asegure su fidelidad. Aquellas comisarías con mayores denuncias, deben intervenirse incorporando a los organismos del Estado especializados en la defensa de los Derechos Humanos y a la sociedad civil. También es urgente implementar una política clara de mostrar preocupación por las víctimas, manteniéndolas informadas de las medidas de no repetición adoptadas y ofreciendo ayuda concreta. 

En el mismo sentido, es necesario aumentar significativamente el nivel de publicidad con que actualmente funciona Carabineros. También debe existir un sistema de control de cumplimiento de las respuestas a las solicitudes de información al amparo de la Ley de Transparecia. También proponemos crear una Oficina Independiente de Control de Conducta Policial, integrada por miembros externos a la institución y con participación de la sociedad civil, para conocer internamente de las denuncias en contra de funcionarios policiales. La sociedad civil debe estar igualmente presente en las instancias de supervisión, tanto dentro del Gobierno, como en las comisiones que funciones dentro del Congreso.

Finalmente, en el mediano plazo debemos revisar el carácter militarizado de Carabineros, la existencia de escalafones diferenciados para oficiales y los niveles de centralización en su procesos de toma de decisiones. Estas definiciones son fundamentales para construir una policía democrática y no podemos seguirlas postergando. Para restablecer el orden público, es necesario una policía efectiva, sometida al control civil y con una legitimidad fortalecida ante la ciudadanía.