Columna del profesor Rodrigo Álvarez Quevedo: De nuevo Cadem

Imagen de portada: Roberto Izikson de Cadem

La encuesta Cadem ha recibido varias críticas que hacen dudar de su imparcialidad y credibilidad. Errores, sesgos, y algunos mea culpa. El 2016 se criticó la manera en que abordaron el conflicto entre Andrónico Luksic y Gaspar Rivas; mismo año en que se protegió la imagen de José Piñera (ambos casos pueden verse aquí). El 2017 se les criticó por sus predicciones en la elección presidencial, habiendo diversos desaciertos metodológicos. El 2018, su director, Roberto Izikson, reconoció cometer un “error” al comparar las reformas previsionales de Bachelet y Piñera con preguntas distintas. Por nombrar solo algunos ejemplos.

Durante el 2018 la empresa de encuestas se adjudicó 956 millones de pesos por parte del Gobierno del Presidente. A su vez, Izikson, director de Plaza Pública Cadem, asesoró al primer Gobierno de Piñera y fue consultor permanente del gabinete del Ministerio del Interior en materias de investigación de políticas públicas. Los lazos entre el cientista político son más peligrosos que criticados, pues se trata de una encuesta que en buena medida marca la pauta semanal.

Ahora, nuevamente, hay una polémica que ha pasado casi desapercibida.

En el Estudio N° 308, de fecha 4 de diciembre de 2019, curiosamente no aparece nada sobre orden público, seguridad pública o “mano dura”. Menciones que sí aparecieron la semana pasada, cuándo se discutiría la ley antisaqueos y antibarricadas.

El 29 de noviembre, 6 días antes que esta ley se aprobara en la Cámara con discusión inmediata, Cadem tenía una llamativa pregunta sobre Percepciones sobre el control del orden público: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones?”

Pero, ¿qué quiere decir estar de acuerdo o en desacuerdo con que se tenga mano dura? ¿Es que se detenga a los sujetos que cometen delitos? ¿Qué se les aplique la ley? ¿Qué queden en prisión preventiva? ¿Qué se aumenten las penas para ciertos delitos? ¿Qué se creen nuevos delitos? ¿Qué se les golpee? ¿Qué se les dispare? ¿Qué se les torture? ¿Es una crítica a Carabineros? ¿Al Ministerio Público? ¿Al Poder Judicial? ¿Al Gobierno?

La pregunta es tan vaga y ambigua que puede ser usada para cualquier cosa. El dato en realidad no sirve de mucho (tenemos un X porcentaje que está de acuerdo con algo incomprensible), pero es útil para legitimar un discurso de represión que precisamente viene siendo la tónica del Gobierno.

En fin, de nuevo: Cadem.

Rodrigo Álvarez Quevedo es profesor de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello