El mecanismo de control biométrico que adquirió la Universidad de Chile tras recomendación de la ANI

El segundo semestre del 2016, se aplicó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile una serie de medidas para fortalecer la seguridad de uno de sus edificios, lo que incluyó la adquisición de cámaras con tecnología biométrica. Información entregada por la casa de estudios reveló que esta decisión se tomó tras una reunión con el Ministerio del Interior y la intervención de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Según la orden de compra, las adquisiciones hechas por la Casa de Bello fueron “cinco dispositivos biométricos Iris ID ICAM 7101”. En la página web de la empresa desarrolladora se indica que estos artefactos permiten la lectura automática, completa, rápida y doble del iris; información que es reconocida por la ley como “datos sensibles”.

El decano Francisco Martínez, al ser consultado por The Clinic, desmintió que estos equipos fueron adquiridos. Sin embargo, el Director de Infraestructura y Administración del campus, Raúl Segovia, confirmó que fueron comprados pero aclaró que han estado guardados y que no han sido instalados. Estos dispositivos le significaron un gasto de más de 40 millones de pesos a la universidad.

Desde la dirección de Infraestructura y Administración ratificaron que la ANI intervino en las decisiones que llevaron al fortalecimiento de las medidas de seguridad, proceso que además de la compra de los dispositivos biométricos incluyó la instalación de torniquetes para controlar el ingreso al edificio Beauchef 851 y el aumento en el número de cámaras de seguridad.

Los argumentos para tomar estas decisiones fueron los constantes robos y el hallazgo de un artefacto incendiario en abril de 2016 que fue desactivado por el GOPE de Carabineros. La acción se la adjudicó el grupo Individualistas Tendiendo a los Salvaje (ITS), quienes se autodenominan como “eco-extremistas”, y que se han atribuido otros hechos similares como el envío de un paquete bomba que explotó en la casa del expresidente de Codelco, Óscar Landerretche; otro artefacto enviado al director del Metro, Louis de Grange, y la carta bomba que explotó en el paradero de Vicuña Mackenna con Francisco Bilbao en enero de este año.

Con la puesta en marcha de las nuevas medidas de seguridad en la Universidad de Chile, se generaron una serie de protestas por parte de los estudiantes, aludiendo a que no se debería controlar el ingreso a una universidad pública. “¡Fue un rechazo transversal! Intentamos agitar lo más posible para revertirlo, pero la U no retrocedió, resguardando su mensaje de que habíamos tenido un aviso de bomba”, indicó Nicole Martínez, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y estudiante de la FCFM.

La líder estudiantil también manifestó su preocupación por la protección de los datos que generan estos sistemas de seguridad, los que son manejados por la casa de estudios, especialmente tras la filtración de documentos de Carabineros que revelaron el espionaje por parte de la institución a dirigentes políticos y sociales pertenecientes a la comunidad universitaria. “Nunca cuando ingresas a la U das consentimiento para que puedan acceder a información tan relevante como tu huella, por ejemplo, y ahora con lo del iris ya sería el colmo”, expresó.

Amenazas en la escuela de ingeniería

El viernes 8 de abril de 2016, un poco antes de las 20 horas, estudiantes, funcionarios y académicos de la FCFM evacuaron totalmente las dependencias de la universidad. Una funcionaria del aseo encontró una bolsa de basura en un pasillo del primer piso de uno de los edificios de Beauchef Poniente, la que contenía un extintor con un reloj sobre el aparato de extinción de incendios, relató Camilo Gaete, jefe de los guardias de Beauchef 851.

Personal del GOPE determinó que efectivamente se trataba de un artefacto explosivo de carácter incendiario, el que fue desactivado. El aparato contenía el nombre de cuatro académicos y una estudiante de la facultad. Patricio Aceituno, decano en ese entonces, interpuso una querella por el delito de colocación y activación de artefacto explosivo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, invocando la Ley Antiterrorista.

Individualistas Tendiendo a los Salvaje, quienes se adjudicaron la colocación del artefacto incendiario, surgió en México en 2011 y defienden ideas como la misantropía y el nihilismo. Tienen un blog llamado Maldición Eco-Extremista en el que publican manifiestos, artículos, traducciones y comunicados culpando al progreso científico y tecnológico de ser los responsables de la devastación de los ecosistemas y del desarrollo de una civilización alejada de la naturaleza.

El grupo ITS también asume responsabilidades en una serie de atentados en universidades de México y Argentina. En Chile se dividen entre los “Sureños Incivilizados”, la “Bandada Inquisidora Vengativa” y la “Horda Mística del Bosque”; estos últimos específicamente se adjudicaron el artefacto de Beauchef.

En una entrevista con nuestro equipo, integrantes de la “Horda Mística del Bosque” se refirieron a la razones del atentado en Beauchef: “Los individuos progresistas que se dedican al perfeccionamiento de la civilización siempre estarán entre los posibles objetivos del accionar eco-extremista”.

El abogado especialista en legislación antiterrorista y miembro de la Unidad Jurídica y Judicial del INDH, Julio Cortés, afirmó que el eco-extremismo a pesar de que hoy es una movimiento aparte del anarquismo, tuvo sus primeras conceptualizaciones en Estados Unidos al alero de teóricos de las corrientes primitivistas y anti tecnología, como John Zerzan, editor de la publicación “Green Anarchy”.

Además Cortés explicó a The Clinic que los gringos que siguieron estos movimientos “tuvieron como ‘un gran héroe’ al Unabomber, a pesar de que no era anarquista, lo que generó una ideología propia entre primitivistas, ecologistas y terroristas que pareciera ser lo que está en la base de las posiciones eco-extremistas.”

Respecto a los atentados ecoterroristas en Chile, las investigaciones de la Fiscalía Sur apuntan a Camilo Gajardo Escalona, quien fue identificado el 6 de agosto de este año y hasta el momento es la única persona que enfrenta cargos por los atentados, siendo imputado por envío, colocación o activación de seis artefactos explosivos terroristas.

Al ser consultados por Gajardo Escalona, desde el grupo eco-extremista señalaron:

“Como ya se dijo en el comunicado 86, nosotros no sabemos quién es Camilo Gajardo Escalona, pero suponemos que no es más que un chivo expiatorio que utilizan los pacos para ocultar su incompetencia, que por lo demás está a la vista de todos. Si creen que han detenido a ITS sus ilusiones no llegarán demasiado lejos”.

Gajardo Escalona, denominado como un “lobo solitario” por el Ministerio Público, fue detenido por Carabineros tras una investigación que duró casi 900 días y tuvo como pista clave el hallazgo en la basura de su casa de una página de la revista Ajajema, donde se explica cómo construir una paquete-bomba casero. Esta publicación es difundida por el blog Maldición Eco-Extremista, mismo portal donde se adjudicaron la colocación del artefacto incendiario en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Entre los seis hechos que se le imputan, el primero que habría realizado fue el envío por encomienda de un artefacto que explotó en la casa de Oscar Landerretche, quien se desempeñaba como presidente de Codelco. Según la Fiscalía, el sospechosos ejecutó otra acción que involucró a la Universidad de Chile: la colocación y detonación de una paquete que estalló frente al campus Antumapu en La Pintana. La Facultad de Ciencias Agronómicas confirmó que por este hecho se tuvo que activar el protocolo por aviso de bombas.

A finales de noviembre el “lobo solitario” fue reformalizado. En la audiencia el fiscal Claudio Orellana solicitó “la realización de un examen pericial de facultades mentales del imputado”. El segundo Juzgado de Garantía definió que el 3 de enero se determinará si en definitiva se realizará este examen.

El abogado Julio Cortés explicó que el eco-extremismo es un movimiento aparte del anarquismo y del que se tiene poca información. “Mucha gente piensa que es un bluff, un montaje o un delirio; les repele y no lo toman muy en serio. Pero yo, por el contrario, creo que hay un sentimiento en este tiempo, una sensación generalizada de escepticismo radical respecto a la posibilidad de un cambio social profundo”, analizó.

Intervención de la ANI

Tras el episodio del artefacto incendiaron desactivado por el GOPE, autoridades de la Universidad de Chile tuvieron una reunión con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para evaluar las medidas que debía tomar. La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas indicó respecto a las conclusiones de esta instancia: “La instalación de torniquetes, además de otras medidas de seguridad como la disposición de cámaras, se realizaron producto de la recomendación de la Agencia Nacional de Inteligencia”.

Raúl Segovia, director de Infraestructura y Administración de la FCFM, explicó que posterior a esta reunión la universidad compró las cámaras con tecnología biométrica. Estos aparatos finalmente no fueron instalados debido a que en Beauchef no contarían con los recursos para la creación de una base de datos que permita su correcto funcionamiento, ya que se necesitaría un registro biométrico de todos los estudiantes, académicos y trabajadores del campus. Según Segovia, las máquinas permanecen guardadas hasta hoy.

Desde el punto de vista legal, el abogado de la organización Derechos Digitales, Pablo Viollier, analizó qué significaría el uso de estas tecnologías en la Universidad de Chile e hizo énfasis en que es un lugar de trabajo. “Ha habido jurisprudencia que ha declarado ilegal la utilización de mecanismo de control biométrico respecto de trabajadores por infracción a dos principios: proporcionalidad, es decir que el nivel de intrusividad de la medida sea proporcional al bien que se quiere resguardar, y el principio de necesidad, en otras palabras, que no exista otra forma de alcanzar ese mismo objetivo”, explicó.

El abogado enfatizó que de no cumplirse con estos principios estaríamos ante una ilegalidad que implicaría la vulneración de los derechos fundamentales y la protección de datos de los trabajadores.

La compra de los dispositivos biométricos se concretó el 18 de agosto del 2016 y significó para la institución educacional un gasto de más de 40 millones de pesos: $20.759.872 costaron los dispositivos biométricos y $19.584.593 el mantenimiento y soporte de hardware requerido. Entre las funciones de los equipos, la marca desarrolladora (Iris ID) indica que pueden generar un registro de datos biométricos del iris e incluir un control de ingreso a través de tarjetas, además de mantener un registro de tiempos y asistencias.

En 2016, la Agencia Nacional de Inteligencia era dirigida por el abogado Gustavo Villalobos. Entre las tareas de la agencia civil está recopilar y procesar información para la seguridad del Estado, hacer informes para el Presidente de la República, pedir información a los demás integrantes del Sistema de Inteligencia, proponer medidas para proteger los sistemas de información crítica del Estado y neutralizar acciones de grupos terroristas, narcotraficantes internacionales o crimen organizado. Sin embargo, la agencia no tiene un rol operativo sino que técnico.

Para lograr estos objetivos el organismo puede intervenir comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales, correspondencia y mensajes de texto transmitidos por redes sociales, con autorización de un juez de la Corte de Apelaciones, es decir tiene facultades para hacer un monitoreo completo a personas que considere “sospechosas”.

Desde su creación en 2004, la ANI ha sido muy criticada por emplear informantes pagados que, por razones políticas o trayectoria, son cercanos a los grupos de interés de la institución. En 2018, luego de que asumiera Sebastián Piñera, la ANI despidió a una serie de analistas con basta trayectoria lo que, junto al montaje del Caso Huracán que conllevó la desarticulación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, debilitó aún más la agencia.

El 15 de noviembre pasado, tras duros cuestionamientos por no “anticipar” el estallido social del 18 de Octubre, el abogado Luis Antonio Masferrer dejó la dirección de la agencia. Sebastián Piñera nombró en el cargo al ex vicealmirante de la Armada, Gustavo Jordán, primer director perteneciente a las Fuerzas Armadas desde su origen.

Aumento del control del Estado

Cuando se instalaron los torniquetes en la Universidad de Chile tras la desactivación de la bomba adjudicada por los eco-extremistas, se generaron un serie de protestas que incluyeron la evasión masiva por parte de estudiantes a los mecanismos de control. Incluso el decano de la facultad en el momento que se determinó el fortalecimiento de las medidas de seguridad, Patricio Aceituno, manifestó su reticencia en un Consejo de Facultad a finales de 2016 afirmando que pese a sus reparos debía implementarlas por “responsabilidad política”.

Nicole Martínez, vicepresidenta de la Fech, comentó que las medidas de seguridad fueron desproporcionadas y criticó cómo se zanjó la discusión: “La U siempre ha sido autoritaria en sus decisiones, nunca ha habido tanta democracia, pero sí al menos hay un espacio de discusión. En este caso, lo que yo recuerdo en mi espacio y que el mismo centro de estudiantes asumió, es que fue una cuestión muy impuesta”.

En paralelo a las dudas que ha generado la intervención de servicios de inteligencia en la Universidad de Chile, a principios de diciembre, en medio de la discusión del proyecto que busca modernizar el sistema de inteligencia del Estado, las comisiones de Seguridad y Defensa del Senado aprobaron indicaciones que permiten que la ANI reclute agentes encubiertos, lo que le entregaría facultades operativas dejando su función netamente técnica.

Actualmente, la agencia depende de agentes encubiertos de las FFAA y Carabineros y el principal objetivo de esta modernización es poder entregar mayor autonomía y resolutividad a la Agencia Nacional de Inteligencia, lo que despierta desconfianzas y críticas por el oscuro y sangriento rol de los servicios de seguridad durante la dictadura. El senador socialista, Juan Pablo Letelier, afirmó en el marco del debate de las reformas que “existieron organismos de represión sistemática (en la dictadura) y eso explica porqué la ANI tiene el tipo de estructura institucional que tiene”.

Julio Cortés, quien también fue abogado defensor en el Caso Bombas, se refirió a las funciones de los servicios de inteligencia y las herramientas que se les buscaría entregar: “Entre la Ley Antiterrorista, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema de Inteligencias no pueden decir que no tienen las herramientas. Ahora, todo el mundo ha señalado, incluso en proyectos de ley, que en Chile hay severos problemas de inteligencia policial, no está a la altura, a la ANI todo el mundo la critica”.

Cortés agregó: “Lo que es un problema operativo lo convierten en un problema legal y con eso endurecen la ley. Es lo mismo que hicieron con el control preventivo. Todas las cifras indican que no era necesario hacerlo, pero lo hicieron igual. ¿Por qué? Porque les permite tener legalizado el ‘Estado policial’. Con la Ley Antiterrorista es lo mismo”.

En el contexto de las movilizaciones sociales de los últimos meses otros hechos han mostrado el fortalecimiento de los mecanismos de control del Estado. Un ejemplo de esto es el anuncio del intendente Felipe Guevara, sobre la instalación de diez cámaras con reconocimiento facial en Santiago, como señaló el 21 de noviembre en una entrevista con Pauta.

Este hecho fue criticado por especialistas en el tema en un seminario sobre Inteligencia Artificial organizado por el Ministerio de la Ciencia. En esta instancia, la abogada Marianne Díaz afirmó que “tradicionalmente se ha estudiado que atenta contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, pero en lo personal considero que atenta contra los derechos a la integridad y los derechos sobre el cuerpo”.

Además, desde la comunidad de la Universidad de Chile han manifestado su preocupación respecto a las medidas de seguridad que tiene la institución ante la intromisión de organismos de inteligencia del Estado en la Casa de Bello. Los primeros días de noviembre la filtración de documentos de Carabineros, denominada Pacoleaks, reveló que la policía uniformada espió la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido en la Casa Central con intenciones de vigilar “blancos de interés” como la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y la presidenta de la FECH, Emilia Schneider, bisnieta del general René Schneider.

Ante esa situación de vulneración de la seguridad y autonomía de la universidad, el decano de la FCFM Francisco Martínez comentó que se enteró por terceros del caso y agregó: “Es un tema que me interesa averiguar, porque afecta la autonomía de la universidad. La Chile tiene autonomía y pluralismo, es una universidad pública y esos son principios básicos que no se pueden vulnerar sin que la universidad reaccione y tome acciones”.