A 10 años del 27F: Minera SCM Tambillos aún no cumple con fallo ambiental histórico

En un pequeño valle de Talca hacia la costa, una comunidad de cinco casas se ubicaba en las cercanías de una mina abandonada llamada Las Palmas, vinculada al Grupo Errázuriz. Nadie sospechaba que el cerro junto a la mina fuera un tranque relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos, pero esto quedó al descubierto cuando, durante el terremoto de 2010, el tranque colapsó y sepultó una de las casas, matando a los 4 integrantes de la familia Gálvez-Chamorro contaminando una gran extensión de terrenos de la provincia.

Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que SERNAGEOMIN había considerado el Tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro tranques con mayor riesgo de colapso del país, informó por medio de un comunicado la Fundación Ralaves.

Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, cuenta que “donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera ‘Peligro’ o ‘Tóxico’, y eso estaba todo envenenado. En efecto, SERNAGEOMIN había estado 7 meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso. Han 10 años y hoy ni siquiera puedo entrar a mi propia casa”, explica el Director de Fundación Relaves.

Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primer fallo ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias destinado a remediar el daño causado. Esta sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.

Sin embargo, la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves, quien asegura que “si bien la empresa condenada ha presentado antecedentes en los servicios públicos competentes, con el fin de cumplir la sentencia, lo cierto es que -según dan cuenta numerosos antecedentes contenidos en el expediente del juicio- la empresa no ha cumplido, en tiempo y forma, ninguna de las medidas de reparación ambiental a que fue condenada”.

“¿Hasta cuándo las empresas en Chile operan con completa impunidad? ¿Quién se hace cargo de una industria que pasa por sobre los derechos de las personas? ¿De qué sirve que existan sentencias ambientales si ni el Gobierno ni ningún organismo obliga a cumplirlas? Pareciera ser que es fue fallo que no tiene ninguna validez ni importancia”, finalizan desde Fundación Relaves a una década del desastre que generó su nacimiento como organización.